El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) presentará este viernes un informe preliminar de las investigaciones realizadas sobre los hechos de violencia de 2019, que incluye las agresiones a periodistas.
Un frente de investigación que empezó a desarrollarse en enero de este año está relacionado a los hechos de violencia contra la prensa. El GIEI - Bolivia recolectó los testimonios de profesionales de la prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos personales y profesionales en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
En noviembre de 2019, el entonces director de radio estatal Patria Nueva, Iván Maldonado, tras ser obligado a desalojar el edificio donde operan la radio y canal estatal, denunció asedio por grupos de protesta críticos al gobierno de Evo Morales.
“Manifestantes que habían cercado nuestros estudios nos retuvieron por unas dos horas, amenazándonos con destruir los equipos y cortar las emisiones si no suspendíamos nuestro trabajo periodístico”, dijo al portal Sputnik News en aquella oportunidad, cuando se suspendieron los servicios informativos del Estado.
Informe preliminar
A casi dos años de los hechos, se tiene programado que el equipo de expertos internacionales presente este viernes 23 de julio un informe preliminar de las investigaciones realizadas desde el 23 de noviembre de 2020 hasta la fecha.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) fue creado mediante el acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Hasta la fecha, más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales han sido objeto de revisión y más de 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas individuales. Las expertas y los expertos, y el equipo técnico, mantuvieron reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, entre otros.
Libertad de expresión bajo amenaza
En el régimen de Jeanine Áñez, la libertad de expresión estuvo bajo amenaza. No solamente periodistas fueron conminados, sino la población en su conjunto.
Los hechos reflejan cómo autoridades del régimen optaban por medidas que restringían derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) como la expresión y difusión libre de opiniones y el acceso a la información.
Días después de que Áñez se proclamara Presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos.
“La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.
A partir del 22 de marzo de 2020, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.
El Decreto Supremo permitía que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que incumplían esa norma eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.
A eso se suma que el 7 de mayo de 2020, Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231 que estableció que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
En marzo de este año, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó ante la Fiscalía General del Estado una acusación propositoria por la vulneración a la libertad de expresión durante el régimen de Áñez.