El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza cuestionó la campaña de desinformación, mediante las redes sociales, que van en contra de las acciones gubernamentales para contener una segunda ola de COVID-19.

"Rogamos no caer en la falsa información de las redes sociales, hay que confiar en las acciones de nuestro Gobierno nacional", indicó.

Loza se refirió particularmente a una campaña de desinformación suscitada en los últimos días contra las acciones que asume el Gobierno para contener la segunda ola de la pandemia, principalmente sobre la adquisición de la vacuna Sputnik V.

"Nos preocupa el tema de la pandemia. Están distribuyéndose las pruebas a nivel nacional, están en camino para este enero las vacunas rusas y esperamos que ese tipo de cosas nos puedan ayudar a combatir y, por supuesto, invocamos a la población boliviana en su conjunto a cuidarnos y protegernos", dijo.

El Gobierno gestionó la compra de más de 5 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, cuyo primer lote llegará a Bolivia a mediados de enero. Además, recibió alrededor de 40.000 pruebas para la detección del virus que se distribuyen a hospitales del territorio nacional.

La expresidenta de facto, Jeanine Añez, afirmó de manera errónea que los casos de COVID-19 se volvieron a descontrolar y omitió hablar de los casos de corrupción en la compra de respiradores y de pruebas, el colapso de los hospitales y los muertos en las calles que se dieron en su régimen.

De acuerdo a datos estadísticos, el 16 de junio de 2020, Bolivia presentaba un panorama desolador porque el sistema de salud ya había colapsado y seis personas fallecieron en las calles o en las puertas de los hospitales.

Por ejemplo, el 13 de julio, Juan Carlos Ch. falleció en las calles de Cochabamba luego de ser rechazado en siete centros médicos, su familia intentó sepultarlo pero tres cementerios rechazaron encargarse del sepelio ante la demanda de tumbas y el exceso de cadáveres.

Desde el 10 de marzo hasta el 8 de noviembre de 2020, se confirmaron 142.475 casos de coronavirus en Bolivia en los 9 departamentos del país y hubo 8.795 decesos.

Sin embargo, muchas instituciones pusieron en entredicho el número real de muertes en Bolivia porque superaba a casi cinco veces mayor que la cifra oficial. El entonces director nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, admitió un subregistro de muertos por el COVID-19.

Los picos más altos de la pandemia registraron un alto índice de enfermos. El 18 de julio se presentaron 2.036 casos y el 19 de agosto se presentaron 2.031 casos.

Pero el régimen de Añez no solo se caracterizó por su negligencia en los casos de coronavirus, sino también por la corrupción en la compra de equipos. La Comisión Especial del Legislativo investigó los casos Respiradores I, vinculado a la denuncia de adquisición de 170 respiradores españoles con sobreprecio; Respiradores II, relacionado a la compra de 324 equipos chinos con fallas y otros casos.

Por los respiradores españoles se pagaron $us 27.683 cuando su costo por unidad era de $us 8.000. Fueron fabricados por la empresa Respira y comprados a través de la intermediaria IME Consulting Global Services S.L.

Los respiradores chinos costaron $us 35.858 cada unidad, pero el precio de fábrica fue de $us 18.500, debido a que se recurrió a una empresa intermediaria.   

Los 324 equipos tenían problemas técnicos y fueron distribuidos a los hospitales.

El anterior gobierno también se vio involucrado en un hecho escandaloso en la compra de test PCR para coronavirus. Un laboratorio uruguayo, sin intermediarios, ofreció un precio de Bs 22,8 millones por las 672.000 pruebas pero el Gobierno adjudicó la compra a una empresa china por Bs 47,3 millones.

En tanto, en la segunda ola del coronavirus se registran los siguientes datos: el 1 de enero se presentaron 861 casos y el gobierno firmó un acuerdo para la compra de 5,2 millones de vacunas rusas Sputnik V y se negocia con otras empresas de mayores dosis para inmunizar a todos los bolivianos.

Al respecto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este domingo que la expresidenta de facto Jeanine Añez no tiene ninguna moral para hablar sobre la pandemia del COVID-19, porque su gobierno se regodeó con la corrupción y no hizo nada para proteger a la población de esta enfermedad.

“Añez y sus colaboradores no hicieron absolutamente nada para luchar contra el coronavirus y eso lo podemos demostrar con documentos. Añez debería estar callada y debería pensar como coadyuvar en los procesos de investigación que se realizarán de los 24 hechos de corrupción en los que está involucrada”, señaló la autoridad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó la aplicación de medidas cautelares para que las y los candidatos a las elecciones subnacionales que acrediten su estatus de asilados o refugiados políticos en el extranjero no sean inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o por los Tribunales Departamentales, en tanto y cuanto no se emita una Sentencia Constitucional al respecto.

Esos criterios están contenidos en el Auto Constitucional 090/2020-CA/S de fecha 28 de diciembre de 2020 referido a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada Freddy Gonzáles Rodríguez, asambleísta titular del departamento de Cochabamba.

Gonzáles solicitó al TCP, la aplicación de medidas cautelares en sentido de que “toda boliviana o boliviano que acredite sus estatus de asilado o refugiado político en el extranjero y que se presente como candidata o candidato en las próximas elecciones subnacionales de 2021 en el Estado Plurinacional de Bolivia, no sean inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral, tampoco por los Tribunales Electorales Departamentales; en tanto y cuanto se emita la Sentencia Constitucional Plurinacional en el presente caso”.

Al respecto, “la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 9 del Código Procesal Constitucional, resuelve: Ha lugar la medida cautelar solicitada, disponiendo que todos los procesos de inhabilitación de candidatas o candidatos en las próximas elecciones subnacionales 2021, por la causal contenida en los art. 285.I.1 y 287.I.1 de la Constitución Política del Estado, prosigan su tramitación ante el Tribunal Supremo Electoral  y Tribunales Electorales Departamentales, únicamente hasta antes del momento de dictarse la resolución final que corresponda, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronuncie en el fondo de la presente causa”.

En las consideraciones, el TCP toma en cuenta los argumentos del demandante en sentido de que en caso de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas se podría vulnerar de manera “irreparable e irremediable los derechos de los repatriados para optar a cargos políticos; por cuestiones ajenas a su voluntad”.

El Tribunal considera que “impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho político a ser elegido, tendrá como consecuencia, un daño irremediable; precisamente y tal como se señaló, por el carácter único e irrepetible del acto electoral”.