El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que la aceptación de culpabilidad de cuatro cómplices de Arturo Murillo, ante la justicia de EEUU, muestra el nivel de corrupción durante el régimen de Jeanine Áñez y evidencia que no existe persecución política en Bolivia.
La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que la admisión de culpa de Luis Berckman, Rodrigo Méndez Mendizábal, Bryan Berckman y Philip Lichtenfeld por varios delitos de corrupción, hacen casi imposible que Murillo pueda justificar inocencia.
Dijo que ese grupo delictivo, dirigido por Murillo, exministro de Gobierno de Áñez, se declaró culpable de manera voluntaria sin ninguna negociación previa por lo que se espera la sentencia o pena que emitirá un juez estadounidense.
“Se trata de delitos de orden federal, como conspiración para el lavado de dinero, soborno a funcionarios extranjeros, blanqueo der activos, lavado de dinero, conspiración para defraudar”, indicó.
“Es contundente, ante cuatro declaraciones de culpabilidad de forma voluntaria es muy difícil sostener (para Murillo), yo entiendo por lo menos, alegando supuestamente inocencia, es muy difícil de sostener”, sostuvo.
Esas admisiones de culpabilidad ante la justicia de EEUU, demuestran que “estuvimos en manos de un gobierno delincuente, pero la justicia de EEUU lo va a decir así y que dejen de decir (en Bolivia) que hubo una persecución política. Es solo buscar justicia para el país, en este caso”, manifestó.
El procesado Luis Berckman aceptó los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista está entre los tres y diez años.
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y los diez años.
Bryan Berckman se declaró culpable por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años.
Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para defraudar, cuya pena de reclusión está prevista entre uno y cinco años.
Murillo y sus cómplices fueron acusados de los delitos lavado de dinero, soborno y de acciones contrarias a la ley en la compra de material antidisturbios, para Bolivia, a una empresa internacional.
Se estimó un daño económico para Bolivia de más de $us 2,3 millones por lo que el Gobierno boliviano inició un juicio civil ante tribunales de EEUU para recuperar el dinero.