La insubordinación y conspiración de algunos oficiales y guarniciones policiales comenzó el 20 de octubre de 2019 cuando los resultados electorales favorecían al Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo el exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien indicó que varios uniformados se convirtieron en actores políticos armados.
La exautoridad, entrevistada este jueves en el programa 180 de radio Patria Nueva, hizo un balance del rol que cumplió la entidad verde olivo en el golpe de Estado de 2019 y dijo que varios jefes policiales desobedecieron órdenes, las cumplieron al revés o decidieron acuartelarse.
“La insubordinación comienza el mismo día de las elecciones en horas de la noche, el 20 de octubre del año 2019, cuando los niveles de seguridad a los tribunales electorales fueron rebasados en muchos lugares, de manera sospechosa e injustificada”, señaló.
Puso como ejemplo lo que ocurrió en Cobija, cuando un pequeño grupo de civiles tomó el Tribunal Electoral Departamental e incendió papeletas. Ante ello, la Policía no actuó ni hizo nada aduciendo que los civiles llevaban armas.
Similar actitud asumió la entidad verde olivo cuando se produjeron otras tomas violentas de instituciones, agresiones a indígenas y a las autoridades como la Alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. En estos casos, la policía no hizo nada.
“La desobediencia al mando civil comenzó el día de las elecciones cuando los resultados ya estaban favoreciendo al MAS”, añadió Romero.
El exministro de Gobierno indicó que otro momento que mostró la insubordinación policial fue cuando los uniformados escoltaron, dieron seguridad y proporcionaron vehículos policiales a Luis Fernando Camacho cuando llegó a la ciudad de La Paz, pese a que se les había instruido no permitir el ingreso del entonces dirigente cívico a la Sede del Gobierno para evitar enfrentamientos y violencia.
Los policías ya no escucharon al mando civil, se pusieron bajo las órdenes de Camacho y hasta le dieron uniforme policial para que transite en La Paz.
Por si fuera poco, el vínculo Camacho-policías, se evidenció durante un cabildo de noviembre de 2019, cuando el dirigente cívico se comprometió a cumplir las demandas de los uniformados y aceptó la jubilación de los uniformados con el 100% de su total ganado.
Luego se supo que el padre de Camacho, José Luis Camacho, fue quien cerró acuerdos con militares y policías antes del golpe de Estado.
"En noviembre de 2019, los uniformados decidieron reprimir con más violencia a sectores que defendían al Gobierno. Eso ocurrió en Cochabamba, donde el coronel Raúl Grandy perdió el control de la guarnición y se tuvo que ordenar la intervención del entonces subcomandante", relató Romero.
Además de ello, pese a que no se dieron instrucciones, los policías decidieron escoltar a los cooperativistas de Potosí que se movilizaron en contra del Gobierno.
"En esas circunstancias, se instruyó la destitución del Comandante de la Policía de Potosí (Williams Villa), pero el Comando General de la Policía decidió devolverle el cargo al jefe policial aduciendo que no se quería provocar al Comité Cívico Potosinista", relató Romero.
Cuando se pidió explicaciones al Comandante General sobre esas insubordinaciones, las respuestas solo fueron “evasivas”, dijo el exministro de Gobierno.
Por si fuera poco, los uniformados no expresaron ninguna demanda a las autoridades antes del 10 de noviembre de 2019 y tampoco asistieron a una reunión convocada por el Ministerio de Gobierno para escuchar y atender sus solicitudes.
“En varios de sus organismos y liderazgos no respondían al mando civil, habían abandonado su disciplina y obediencia al mando civil tal cual establece la Constitución Política del Estado y se convirtieron en un actor político más, que fue parte decisiva de la conspiración política y el golpe de Estado”, dijo Romero.