La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Wendy Pérez, informó que el proyecto de modificación a la Ley 348 abre la posibilidad de que solo los casos de violencia doméstica sean resueltos ante un juez de Familia.

“Solamente, en casos de violencia doméstica, que tiene una pena máxima de cuatro años, planteamos abrir la vía familiar, que puede ser más rápida y menos costosa; además, puede resolver con celeridad la cantidad de problemas prácticos que enfrenta una mujer violentada, y que necesita resolverlos para salir de la situación de violencia”, informó.

Pérez explicó que así, la mujer víctima de violencia podría resolver el divorcio, la asistencia familiar, la tenencia de los hijos ante un Juzgado de Familia. Dijo que esa decisión dependerá de cada víctima, de manera libre e informada.

“Caso contrario, cuando es víctima de agresiones que conlleven días de impedimento, donde la justicia debe actuar con celeridad para sancionar al o los culpables”, aclaró Pérez.

Sostuvo que delitos como la violación o el feminicidio jamás serán llevados a la vía familiar, porque son delitos graves y públicos, que deben ser sancionados con todo el peso de la Ley.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó el jueves que se prevé, para la próxima semana, la presentación del anteproyecto de modificación a la Ley 348 porque ya se cuenta con un documento de propuesta.

La Ley 348, norma integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, rige en el país desde el 9 de marzo de 2013. El 2020, el Gobierno vio necesario llevar adelante, durante 60 días calendario, un proceso de recolección de propuestas a nivel nacional para realizar ajustes y modificaciones al contenido.

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La Fiscalía Departamental de Beni eximió de culpa a cinco exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), mediante una resolución de sobreseimiento que establece que no se cuenta con los elementos suficientes para sustentar la acusación, en alusión a delitos electorales supuestamente cometidos en los comicios generales de 2019.

Los exvocales beneficiados con la resolución fiscal son: Rodolfo Coímbra, Carmen Nelly Tineo, Paulita Arancibia, María Fernanda Moreno y Humberto Parari, quienes en noviembre del año pasado fueron imputados por el Ministerio Público por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado y beneficios en función del cargo.

“Al no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘in dubio pro reo’, siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solo es acusar sino eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como es en el presente caso de autos”, argumenta la resolución fiscal.

La determinación del Ministerio Público coincide con las asumidas por las fiscalías de La Paz y Santa Cruz. En el caso de la sede de gobierno los eximidos fueron Marianela Revollo (+), Freddy Cayo, Florencia Laruta, Juan Pablo Torrez y Antonio Condori.

En la capital oriental los eximidos de culpa fueron Sandra Kettels, Eulogio Núñez, Ramiro Vall y Gober López, además del exdirector del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Jhoseph Pinaya, y los exfuncionarios públicos de esa instancia, Saúl Vargas y Miguel Ángel Vargas.

“FRAUDE MONUMENTAL. Van 3 (La Paz, Santa Cruz) y ahora Beni, el Ministerio Público decreto el SOBRESEIMIENTO de los Vocales del Tribunal Departamental del Beni.  Esperemos que los 6 Departamentos DECIDAN con base en la objetividad e independencia. Justicia que tarda no es justicia (sic)”, escribió el ministro de Justicia, Iván Lima, en su cuenta de Twitter.

En declaraciones pasadas, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en Bolivia no hubo fraude electoral en los comicios registrados en octubre de 2019, sino una distorsión de la realidad propiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por una serie de actores en el país para la consolidación del golpe de Estado.

El jefe departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Tarija, Dakar Tirado, informó este miércoles que los efectivos de esa entidad provocaron una afectación de $us 180.000 al narcotráfico, con el secuestro de una cisterna y más de 132 kilos de marihuana que eran transportados cerca de la localidad Puerto Grande.

“Se sacó cinco bolsas de yute de diferentes colores, conteniendo, cada una, 20 kilos tipo ladrillos, y al pesado del total estamos hablando de 102 kilos con 100 gramos. Se ha quitado de las calles 204.000 dosis y tenemos una afectación total, tanto de la sustancia controlada, de la marihuana, como del camión, de 180.000 dólares”, dijo a los periodistas.

El jefe policial mencionó que se aprehendió también a una persona de sexo masculino y de nacionalidad boliviana que no tiene antecedentes por narcotráfico.

El implicado, dijo, fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero se acogió al derecho al silencio. “El mismo va a ser imputado en el juzgado correspondiente que sería en San Lorenzo”, aseveró.

La autoridad policial explicó que se tiene como datos iniciales que la cisterna comenzó su viaje en el departamento de Oruro. La carga de marihuana fue encontrada en el interior del tanque de almacenaje de combustible del motorizado.

El Informe Global sobre la Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dio a conocer que Argentina, Brasil y Chile son países de destino para víctimas bolivianas de tráfico transfronterizo en la región.

“La gran mayoría de víctimas detectadas en Sudamérica son víctimas de trata doméstica. Estos países son también destinos para los flujos de tráfico transfronterizo dentro Sudamérica. Sin embargo, dentro de la subregión, no hay un patrón claro de países de origen y destino. Por ejemplo, víctimas de Paraguay y Bolivia se han detectado en Argentina, mientras víctimas de Venezuela se han detectado en Colombia y Perú. Brasil y Chile también son destinos de víctimas de Bolivia y Perú, entre otros estados de origen, y Perú también es destino de víctimas de trata de países vecinos”, se lee en parte del informe.

Las necesidades de migrantes y de las personas sin trabajo son aprovechadas, según el informe, por los traficantes a nivel mundial. El documento hace énfasis en que es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo.

“Millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo están sin trabajo, sin escolarizar y sin apoyo social en la continua crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los traficantes criminales se aprovechen de la pandemia para explotar a los vulnerables”, expresó, en un comunicado, la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.

La investigación señala, además, que los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento hasta la explotación de las víctimas. Los traficantes se acercan a muchos niños en las redes sociales y son un blanco fácil en su búsqueda de aceptación, atención o amistad.

“Los flujos que salen de América del Sur se dirigen principalmente a América Central y el Caribe. En particular, las víctimas de la parte norte de Sudamérica se detectan en los países más ricos de la subregión vecina. También, se detectaron víctimas sudamericanas en América del Norte y Europa Occidental y Meridional. Los datos de repatriación, sin embargo, muestran el tráfico de las víctimas estadounidenses que también se dirigen a Asia oriental y Países del Golfo de Oriente Medio”, indica el informe.