La Paz, 22 de abril de 2025 (ABI). – La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados demandó este martes celeridad en las investigaciones sobre presuntas agresiones sexuales en contra de al menos seis menores de edad en una unidad educativa en la ciudad de Cochabamba.
Al condenar “rotundamente” el hecho, los integrantes de la comisión demandaron a las “instancias llamadas por ley velar por el resguardo, garantía y respeto a los derechos fundamentales de los seres más inocentes de la sociedad”.
“Exhortamos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, así como a las autoridades correspondientes, realicen las acciones investigativas pertinentes con celeridad, de forma exhaustiva y objetiva ante esta denuncia y otras que surjan sobre cualquier forma de violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes, brindando las máximas medidas de protección para las víctimas”, refiere el pronunciamiento emitido por la Comisión.
Según la directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, el hecho que destapó los abusos ocurrió hace unas semanas.
El niño de nueve años ingresó al baño de secundaria porque el de primaria estaba lleno. En ese espacio se encontró con dos adolescentes, y luego con un tercero. Allí, los agresores cometieron un acto de violencia sexual en su contra.
El menor no sería la única víctima, otros cinco menores de edad también habrían sufrido abuso sexual por los tres adolescentes al interior de la céntrica unidad educativa en Cochabamba.
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunciaron que “activarán todos los mecanismos de fiscalización sobre este atroz hecho hasta la última instancia, así como la agilización del tratamiento de las propuestas normativas que atañen a esta problemática social” y advirtieron que no tolerarán “que ningún hecho de violencia contra niñas, niños y adolescentes quede en la impunidad”.
Además, instaron a las “autoridades pertinentes actuar con urgencia y firmeza para asumir sanciones ejemplificadoras en contra de unidades educativas que, a través del silencio se vuelven cómplices y encubridores de este tipo de hechos” y demandaron a las autoridades correspondientes activar todos los mecanismos que la ley les faculta para brindar seguridad y protección, a través de políticas públicas y programas de prevención, en respuesta ante las vulneraciones a los derechos de menores de edad.
Luego de expresar su solidaridad con las familias de las víctimas, la comisión expresó su confianza “en las decisiones que se asuman por los órganos de investigación y juzgamiento, para determinar las responsabilidades y establecer sanciones que sienten un precedente”.
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