Tras escuchar el informe de la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, el Senado sancionó la ley sobre la operación crediticia con la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, por $us 350 millones para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El proyecto de ley fue enviado al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 

La propuesta de norma que aprueba el contrato de préstamo para el programa en línea de crédito contingente de apoyo anticíclico para la emergencia sanitaria por el COVID-19 suscrito entre Bolivia y la CAF, fue sancionada por mayoría, con el apoyo de 19 votos de los senadores.

Esta operación crediticia, señaló la ministra Mendoza, permite contar con un apoyo presupuestario, que al tener características de libre disponibilidad no cuenta con ningún tipo de condicionamiento de política económica para el país, por lo que se constituye en un elemento importante a la hora de coadyuvar a la administración de las finanzas públicas a través del Tesoro General de la Nación (TGN), indica un reporte de prensa del Ministerio de Planificación.

El boletín añade que el “Gobierno de Jeanine Áñez generó una afectación a la economía boliviana que se tradujo en un déficit fiscal de más de Bs 19.000 millones hasta noviembre de 2020, ligado a una reducción de la recaudación tributaria en el orden de 27,2%, un incremento en el endeudamiento externo de $us 1.300 millones y la paralización de la inversión pública con una contracción del 66%, pasando de una ejecución de $us 3.769 millones a $us1.323 millones, generando consecuencias negativas en la actividad económica a nivel nacional”.

“Como respuesta inmediata ante este contexto, el equipo económico del Gobierno del Estado Plurinacional viene efectuando una serie de medidas de política económica y social, orientadas todas ellas a una inyección de recursos que permita reconstruir la actividad económica del país. En la misma línea, la operación de la CAF, al constituirse en un crédito de apoyo presupuestario permitirá aliviar en parte la presión sobre las finanzas públicas”, añade el reporte.

“En el mensaje técnico que expuso Mendoza –agrega el boletín– fue contundente en señalar que el Gobierno del presidente Arce no esperó a esta operación crediticia para efectuar los esfuerzos necesarios, en estos dos meses, para adquirir 15 millones de vacunas contra la COVID-19, adquirir 2,2 millones de pruebas de detección masivas, prever la contratación de 4.500 médicos y otorgar apoyo presupuestario a los diferentes niveles de gobierno, comprometiendo inicialmente $us 200 millones a la lucha contra la pandemia”.

En la tercera jornada de vacunación contra el COVID-19, funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz llegaron hasta la Caja Nacional de Salud (CNS), donde inmunizaron a 210 profesionales con la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

“Se dio preferencia al personal de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de Emergencia y de los Domos, los que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa”, explicó Débora Gómez, responsable de Comunicación de la CNS.

Gómez destacó que ninguno de los inmunizados manifestó reacción adversa a la vacuna, por lo que adelantó que “el 24 de febrero se tiene establecido que estarán recibiendo la segunda dosis”.

Por su parte, el gerente de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, informó que este miércoles, además de la CNS, se inmunizó a personal de primera línea de la Caja Petrolera y del Hospital Materno Infantil.

Hurtado señaló que hasta el momento se aplicaron 647 vacunas al personal de primera línea que enfrenta los casos de coronavirus en Santa Cruz.

El pasado 29 de enero, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, inició la vacunación a nivel nacional, dirigida al personal de primera línea desde el Hospital Japonés de Santa Cruz, donde se inmunizó a 10 profesionales de salud de la Unidad de Terapia Intensiva.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, informó este miércoles que Bolivia recibió 500.000 pruebas antígeno nasal para la detección de COVID-19 como parte de la estrategia contra la pandemia.

“Llegaron 500.000 pruebas antígeno nasal para la detección de Covid-19, son parte de los 2,2 millones de test que adquirimos y están siendo distribuidos a gobiernos subnacionales. Cuantos más casos se detecte, más rápido se interrumpe la cadena de contagio”, informó el presidente Luis Arce mediante su cuenta en Twitter.

Bolivia enfrenta la segunda ola de contagios del virus en varias regiones del país. Ante la emergencia, el Gobierno activó un plan de respuesta con el objetivo de identificar de manera temprana a personas portadoras del virus.

Asimismo, el martes, el Gobierno completó la entrega de la vacuna contra la COVID-19 a los nueve departamentos con la inmunización a personal de salud en Oruro y Beni.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes, hasta el martes por la noche se realizaron 7.233 pruebas de COVID-19 en todo el país, de las cuales 2.127 dieron resultado positivo y 5.106 resultado negativo.

Hasta la fecha, el acumulado nacional es de 220.426 contagios, de los cuales 48.149 continúan activos, según el reporte emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología.

El registro de casos por departamento fue el siguiente: 851 en Santa Cruz, 619 en La Paz, 180 en Cochabamba, 110 en Tarija, 107 en Oruro, 102 en Potosí, 80 en Chuquisaca, 61 en Beni y 17 en Pando.

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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este miércoles que el Ministerio Público recibió 125.156 casos de diferentes delitos el año pasado a nivel nacional, los cuales fueron atendidos mediante el uso de las nuevas tecnologías implementadas y adecuadas por la emergencia sanitaria del COVID-19.

La información fue proporcionada durante su rendición pública de cuentas final 2020 e inicial 2021, que se desarrolló en la ciudad de Sucre bajo la modalidad virtual, con la participación de autoridades nacionales que se conectaron vía Zoom y Facebook.

“A pesar que el 2020 fue un año con limitaciones por la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ministerio Público mantuvo la prestación del servicio de forma ininterrumpida, y tenemos importantes logros de la gestión en la que hemos convertido la adversidad en una oportunidad para desarrollar los planes trazados que permiten la mejora de nuestros servicios y la aproximación de la justicia a la sociedad”, dijo, citado en un boletín institucional.

Según Lanchipa, el Ministerio Público tuvo una carga activa de 254.279 casos, cuya data correspondía incluso a la gestión 2000, y en total se llegó a tener 379.435, de los cuales se concluyeron 201.208 a nivel nacional, con un récord histórico en la capacidad resolutiva en relación a años pasados.

En relación a la criminalidad de mayor frecuencia, Lanchipa explicó que esas actividades ilegales se centran en los delitos de violencia hacia las mujeres, patrimoniales y contra la integridad Personal.

“Lo alarmante es que el 2020 registramos más de 30.824 casos de delitos de violencia familiar o doméstica, con un promedio de 84 denuncias por día, lo que demuestra una alarmante incidencia de episodios de violencia en el seno de las familias bolivianas, por lo que exhorto a las instituciones y niveles encargados de promover la prevención de este mal social a que extremen sus esfuerzos para hacer de los hogares, espacios seguros y libres de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, agregó.

Entre los logros de gestión, el Fiscal General del Estado resaltó la implementación del gobierno electrónico a través de los diferentes módulos del Sistema Justicia Libre (JL-1). También destacó que la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación haya desarrollado herramientas en el Sistema JL-1 por la pandemia por el COVID-19.

Las herramientas tecnológicas permiten tener un contacto directo de las partes, con el fiscal, de forma totalmente electrónica mediante tres módulos: el portafolio digital del caso, el gestor de solicitudes, y el de notificaciones electrónicas que están disponibles los 365 días del año. 

“Así también, se implementaron las Unidades de Análisis y Unidades de Conciliación en las nueve fiscalías departamentales, incluido El Alto, las que son atendidas por 20 fiscales asistentes conciliadores en todo el país, para la selección, derivación adecuada de los casos y aplicación de salidas alternas con énfasis en la conciliación penal en sede fiscal. A nivel nacional se realizaron 1.771 acuerdos conciliatorios”, añadió Lanchipa.

Asimismo, destacó la implementación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida en las nueve capitales de departamento, además de El Alto, con equipos multidisciplinarios para la atención inmediata de casos relacionados con delitos de feminicidio, asesinato, homicidio, parricidio e infanticidio, aplicándose de forma transversal el denominado Protocolo de 72 horas y la guía del uso del maletín de investigaciones en la escena del hecho. 

“En la gestión 2020, se produjeron lamentablemente 113 feminicidios, lográndose identificar a 91 presuntos autores, aspecto que representa un 80 por ciento del total, demostrando el avance de los actos investigativos a través de una investigación penal estratégica e inteligente. 53 hechos sucedieron durante la cuarentena rígida. También se registraron 51 víctimas de infanticidio en 43 casos, identificando que el 49 por ciento de las víctimas tuvo como causa de muerte la asfixia, lo que demuestra el uso de violencia extrema contra esta población indefensa”, complementó.

Finalmente, Lanchipa detalló que el presupuesto asignado al Ministerio Público para la gestión 2020 fue de Bs 253.851.567,00, y su ejecución de fondos del Tesoro General de la Nación llegó a un 96%.