El Ministerio de Salud informó este viernes que existen 24 municipios con alto riesgo de contagio de COVID-19 y recomendó implementar y reforzar las medidas de prevención para disminuir estos resultados con acciones que protejan la salud de la población, según informa el sexto reporte del Índice de Alerta Temprana (IAT).

Según un boletín institucional, los municipios de riesgo alto son: Camargo, Huacareta, Monteagudo, Muyupampa, Sucre y Yotala en Chuquisaca; municipio de La Paz en el departamento de La Paz; Cochabamba en el departamento de Cochabamba; Antequera, Belén de Andamarca, Machacamarca y Poopó en Oruro.

Además, San Pedro de Quemes en Potosí; Tarija en el departamento de Tarija; Colpa Bélgica, El Torno, La Guardia, Porongo, Trigal y Santa Cruz, en Santa Cruz; Trinidad en Beni; y Cobija y Porvenir en Pando.

Según ese reporte, otros 24 municipios se encuentran con riesgo medio, 33 con riesgo bajo y 40 con riesgo inicial, por lo que el Ministerio de Salud exhortó a la población a no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad.

Asimismo, indica que 121 municipios del país deben estar en alerta, implementar y reforzar medidas de prevención para evitar el riesgo de propagación del virus.

El Gobierno, en el marco del Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el COVID-19, refuerza la atención hospitalaria en los departamentos con mayor incidencia.

Aprovechando la pandemia, el Perú tiene todo listo para el desvío de las aguas del Río Mauri el cual nace en el país vecino pero desemboca en Bolivia. El desvío es de 350 litros por segundo y amenaza con causar una catástrofe a decenas de comunidades aymaras, quechuas, urus y chipayas además de aumentar los niveles contaminantes de arsénico y boro, según denunciaron este viernes integrantes del Directorio de Cuenca de usuarios de las Aguas del Desaguadero-Mauri.

Según los denunciantes, el desvío de las aguas va en favor de la región de Tacna, Perú, de manera unilateral y sin el consentimiento del gobierno boliviano y al margen de los tratados y acuerdos internacionales vigentes entre ambos países.

"Lamentablemente en plena pandemia han inaugurado y están ejecutando la toma y el canal de Villachaulllani y se van a llevar con esta obra, 350 litros de agua (por segundo) que van a ser conectados al canal de Chuapalca y Kalachaca para llevárselos a la región de Tacna con total desmedro y daño a todo lo que significa el derecho internacional de nuestros pueblos indígena, originario, campesino siendo que el Mauri es parte del sistema TDPS y con estas aguas siempre han convivido nuestros pueblos ancestrales tanto aymaras, quechuas, urus, chipayas", denunció en conferencia de prensa Saúl Apaza, del Directorio de Cuenca de usuarios de las Aguas del Desaguadero-Mauri (DICUADEMA).

El río Mauri es un afluente del río Desaguadero que nace en la laguna de Vilacota, en territorio peruano y su cuenca se distribuye entre Bolivia y Perú. Forma parte del Sistema endorreico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS).

El río Mauri tiene 202 kilómetros, de los cuales 124 recorren por territorio boliviano; confluye con el río Desaguadero en la localidad de Calacoto - Bolivia a 3.814 metros sobre el nivel del mar y contribuye a purificar la salinidad del río Desaguadero. Sin esto, el lago Poopó se vería seriamente afectado.

La comisión de DICUADEMA que llegó a la ciudad de La Paz, explicó que el canal peruano que desviará las aguas del Río Mauri, "ya está construido" y la modificación unilateral se canalizará por Kalachaca hasta la región de Tacna.  

"Esta es una situación muy grave porque el área de escurrimiento del río Maurì es hacia el lado de Bolivia", sostuvo Apaza quien lamentó que dichas acciones estén vulnerando tratados internacionales vigentes entre ambos países. 

Además de ello, el representante explicó que con el desvío de las aguas se producirá una mayor concentración de boro y arsénico de las aguas que escurren hasta comunidades asentadas en Oruro, con serio riesgo para la salud de los habitantes, especialmente por la leucemia.

"Perú no está midiendo las consecuencias de todo el impacto ambiental a todo el sistema hídrico", dijo Apaza quien pidió al país vecino detener las obras y frenar la catástrofe ambiental y humana que se cierne sobre las comunidades indígenas aymaras, quechuas, urus y chipayas de la región.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva informó este viernes que se realizan operativos de control para evitar cobros excesivos en medicamentos y clínicas privadas en la ciudad de La Paz.

"Son operativos de control ya que estos últimos días tenemos un promedio de 100 llamadas por día, de gente que se queja, que denuncia respecto a qué clínicas están cobrando entre 10.000 a 20.000 dólares como garantía, farmacias que están elevando los precios de los medicamentos para COVID-19", dijo.

Explicó que estos operativos de control se realizan en coordinación con la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, ya que se estarían vendiendo medicamentos en el mercado informal sin ningún tipo de autorización.

Silva precisó que las sanciones por especular con los precios de los medicamentos destinados al tratamiento del coronavirus y el cobro excesivo en clínicas privadas son: las económicas que oscilan entre 1.000 a 10.000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda); y las administrativas, con la clausura de los establecimientos.

Mientras que a los mercados informales, se les aplicará la incautación y el decomiso de los productos porque no están autorizados para vender medicamentos.

Asimismo, aclaró que los únicos establecimientos autorizados para vender medicamentos son las farmacias.