La tierra en Bolivia siempre fue usada como moneda de cambio por varios gobiernos, con esta se favoreció a ciertos grupos familiares, tanto en la minería como en la agricultura, si focalizamos el análisis en las formas de apropiación del uso de la tierra y el territorio, vincularemos los procesos de expansión y apropiación de tierras fiscales para ciertos sectores como los agroindustriales, traficantes de tierras, interculturales y, por último, las comunidades indígenas que se ven despojadas de sus territorios, donde la tierra se consolida sólo como un modelo de desarrollo neoextractivista.
Este modelo es visible después de 1952, donde arranca la carrera para repartir tierras fiscales sin medida, los intereses primaron según el acceso al poder que facilitaba la apropiación de estas, de ahí la necesidad imperiosa de la creación de una institución que regule y se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en 1996 bajo la Ley N° 1715, para regular y equiparar la distribución, saneamiento y titulación de tierras en Bolivia, este instituto no estuvo al nivel que necesitaba la problemática de la tierra, ya que la corrupción y el abuso de influencias llevaron a que la mayor parte de la tierra quede en pocas manos.
Esta desmedida sed de poseer tierras se fue agudizando en el país donde dos sectores claramente definidos luchan por el dominio de este recurso. Los empresarios, que disputan estas tierras mediante procesos viciados de nulidad y los interculturales, que acumulan denuncias, como la existencia de 1.400 autorizaciones de asentamientos que ha dado el INRA a comunidades campesinas e interculturales; aproximadamente son 600.000 hectáreas, tierras fiscales desde el 2011 hasta la fecha. Y se caracterizan por que una parte de estas comunidades son ficticias, la gente no vive ahí y estas tierras son utilizadas para alquilar a empresarios o menonitas, como ocurre en las TCO´s de tierras bajas, volviéndose esta tierra exclusiva para el monocultivo.
En Santa Cruz, el 54% de la distribución de tierra se encuentra en manos empresariales y extranjeras; y el 44% son pequeños productores, hay una diferencia entre los agroindustriales y los pequeños productores, generando disputas por el territorio que es muy preocupante si vemos que para este 2021 creció la frontera agrícola.
Un estudio reciente de Fundación Tierra sostiene que la frontera agrícola se ha ampliado hacia nuevas zonas, por al menos tres brechas de penetración. La zona central abarca 3.259.884 hectáreas, mientras que la zona de ampliación comprende una extensión de 9.326.817 hectáreas. Ambas zonas suman 12.586.701 hectáreas, lo que, comparado con la superficie territorial del departamento de Santa Cruz que alcanza a 37.062.100 hectáreas, representa el 34% del territorio cruceño.
Según el INRA, a julio de este año la superficie saneada dentro el departamento de Santa Cruz, con relación a las tierras fiscales, llega a ser 15.877.598,3251, las tierras comunitarias 1.618.987, 1314, las tierras en manos de los empresarios 6.063.770,0075, de los pequeños productores es de 3.390.345,2208, la superficie en proceso de saneamiento y las TCO´s ascienden a 5.353.709,4282.
La cantidad de tierras disponibles para que se titulen nuevos propietarios es muy poca. Hay seis millones de hectáreas de tierras fiscales en el departamento para la redistribución, pero cuatro millones están en lugares que no tienen interés ni valor económico y solo dos millones cumplen con los requisitos para ser explotadas y estas mayormente son calificadas como tierras fiscales.
Y ahora con la entrada al juego de la Función Económica Social (FES), que se tiene que aplicar este año, donde los que poseen tierra en grandes cantidades si no justifican la función económica esta será revertida al Estado y esto genera las confrontaciones entre empresarios, extranjeros e interculturales que son los jugadores de esta contienda y se encuentran a la expectativa de entrarse a las tierras que no cumplan esta disposición. La cancha se ha dividido por un lado los agroindustriales y extranjeros apoyados por la gobernación y cívicos y por el otro bando que son los interculturales que tienen un apoyo de una fracción del Movimiento Al Socialismo (MAS) y gozan de alrededor de dos millones de afiliados en todo Bolivia.
Al medio se encuentra el INRA, que desmiente las acusaciones de ambos bandos, pero su credibilidad la perdió por las diferentes denuncias hacia sus funcionarios. Pero está claro que las tres millones de hectáreas que se quemaron en la Chiquitanía, ya sea por mano humana o contingencia natural, dejó un campo de batalla para quienes serán los nuevos dueños de estas tierras, que nunca serán reforestadas, al contrario, correrán la misma suerte de miles de hectáreas en el departamento, ser víctimas del monocultivo o la ganadería.