La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por las situaciones de violencia que surgieron como efecto de las “inconformidades de algunos sectores sociales con la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (Ley No. 1386), e hizo un llamado a la construcción de un escenario de diálogo.
La Comisión lamentó la muerte del joven Basilio Titi acaecida en Potosí y también urgió al Estado a “esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia”.
“La CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial”, señala un comunicado de la Comisión.
“Al mismo tiempo, llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectuales y materiales de los delitos cometidos en este contexto, observando las reglas del debido proceso”, reiteró.
La CIDH hizo un llamado al Estado y a la sociedad boliviana a “atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), en el sentido de promover diálogos para la generación de consensos dentro del Estado Plurinacional”.
En esa misma línea, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones sobre aspectos estructurales formuladas por el GIEI-Bolivia, la CIDH destaca la conclusión 8 del Informe Final sobre la importancia de construir un espacio de diálogo democrático e inclusivo que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica, se lee en el comunicado.
Grupos irregulares
Por otro lado, la CIDH recuerda que el GIEI advirtió la necesidad de que el Estado actúe para prevenir la organización de “grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad, tomando en cuenta su ilegalidad y alto nivel de riesgo para la sociedad en contextos de crisis”.
El GIEI indicó, además, que el “liderazgo político, la militancia política y todas las personas que asumen cargos políticos deben adoptar discursos y posturas de respeto y aceptación de la diversidad de opinión”.
“Sobre este punto, la CIDH recuerda que los líderes políticos y las personas que ejercen funciones públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y la libertad de expresión, tal como destaca la Declaración conjunta de relatores de libertad de expresión de 2021”, exhortó la CIDH.
En cuanto a las agresiones que sufrieron reporteros y reporteras por parte de grupos que protagonizaron situaciones de conflicto, la CIDH pidió “las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan cubrir hechos de interés público como las referidas a manifestaciones sociales de forma libre y segura”.
El Gobierno boliviano brinda todas las garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, tal y como lo establece la Constitución Política del Estado.
La CIDH insistió en recomendar la “construcción de un ambiente que fomente un proceso de diálogo, reconciliación y la desactivación de las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana”.
Recomendación
“En ese sentido, la CIDH hace propia la conclusión del GIEI de que la sociedad boliviana necesita, a través de sus instituciones y de su capital social, construir un destino común basado en el fortalecimiento democrático e institucional, en la justicia y el respeto por los derechos humanos, y en la reconstrucción de relaciones de respeto mutuo, de valorización de las diversidades, de confianza y de convivencia pacífica entre todas las personas bolivianas”, dice el comunicado.
“Finalmente, la Comisión reconoce y valora ampliamente el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia con el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH”, continua la Comisión.
“En ese entendido, reitera su disposición de coadyuvar en los esfuerzos para la atención de las causas estructurales de las tensiones sociales, mediante sus distintas herramientas, inclusive la instalación de un mecanismo específico para el seguimiento de las recomendaciones del GIEI y la realización de una visita in loco al país”, afirma la CIDH.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ratificó el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para defender, promover y garantizar los derechos humanos como eje articulador de sus políticas públicas., señala una nota de prensa.
