La presidenta de la Asociación de los Fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert, exigió este viernes justicia por las personas que fueron asesinadas y las que quedaron heridas tras la masacre de Senkata, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Lamentó que a dos años de esos hechos luctuosos los autores intelectuales y materiales sigan libres. No descartó en acudir a organismos internacionales para exigir justicia y que los personajes involucrados, como Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, sean procesados y sancionados.

“Es inolvidable lo que nos han hecho, a estos dos años (de la masacre) no hay justicia (…). Los autores intelectuales, (los autores) materiales están libres y quieren volver a hacer lo que han hecho el 2019, esto no se puede quedar en la impunidad, lo que nosotros queremos es que de una vez avance la justicia”, indicó Quisbert a Bolivia Tv.

Quisbert lamentó que pese a las pruebas presentadas y recabadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), quienes en su informe corroboraron que en la gestión 2019 hubo masacre, reprochó que hasta la fecha la justicia no esclarezca los hechos y los autores materiales aun sigan libres.

“El 14 de noviembre han firmado el Decreto 4078, donde los militares han ido contra su pueblo, han ido contra su sangre. Queremos que esas personas, quienes han firmado el decreto paguen, no les ha temblado la mano para firmar este decreto, como también a las personas que no quieren prestar su declaración, son personas que no tienen sangre”, indicó.

Recordó entre lágrimas cómo, un 19 de noviembre, el gobierno de facto de Jeanine Áñez dio órdenes para que los militares y los policías intervengan el sector de Senkata bajo el argumento que querían hacer explotar la misma, pero se demostró que esa teoría era falsa, y que causó la muerte de muchas personas.

“Han destrozado a las familias, nos han dejado secuelas que no se pueden olvidar. Dos años que ya no se puede vivir que ya no se puede dormir (…). Estas personas que han ocasionado todo esto, el señor Arturo Murillo, el señor (Luis Fernando) Camacho, Carlos Mesa, que han actuado en sangre fría, ellos no sienten el dolor que sentimos nosotros  por eso pedimos justicia”, acotó.

Esta jornada se realizará un acto de homenaje a las víctimas de la masacre de Senkata; se presentará un muro con fotografías, harán una caminata exigiendo justicia hasta llegar a la iglesia para la celebración de una misa y posteriormente se proyectará un video de lo que pasó en 2019. En la plaza 25 de Julio, será el acto central, donde rendirán un minuto de silencio, lugar en el que los cuerpos fueron velados en aquella ocasión.

El 14 de noviembre de 2019, el régimen de Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078, esta norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas en los operativos “a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”. Esto permitió a las FFAA, en apoyo a la Policía Boliviana, reprimir protestas que cuestionaban al gobierno de facto.

El GIEI concluyó en su informe que en Senkata se produjo una masacre: “El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, indica el documento.

El director nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, informó este jueves que se trasladó a la ciudad de Potosí para hacer seguimiento al proceso de investigación por la muerte del joven Basilio Titi, ocurrida durante el paro promovido la pasada semana por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

“Lo que nosotros queremos es que todos los actos sean desenvueltos en el marco de la imparcialidad. Queremos asegurar el debido proceso para que se esclarezcan las circunstancias de los hechos y se llegue a la verdad de este lamentable hecho”, indicó Tornero, según un boletín del Ministerio de Justicia.

Para ese objetivo, el director sostuvo reuniones con representantes de la Fiscalía Departamental de Potosí, del Tribunal Departamental de Justicia y otras autoridades.

“Se ha determinado llevar adelante este trabajo coordinado”, comunicó y remarcó que el Sepdavi es parte del proceso.

El Consejo de la Magistratura este jueves remitió las listas de postulantes habilitados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para su designación, en concordancia con su política de “cero acefalías” en el Órgano Judicial y en el marco de las Convocatorias Departamentales N° 24, 25 y 26/2021 para Vocales Constitucionales.

“Se está remitiendo las nóminas, cumpliendo estrictamente los cronogramas y compromisos a las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, por lo que instamos y pedimos fraternalmente que ambas salas plenas, tal cual manda la Ley N° 1104, se pueda dejar en cero las acefalías de vocales constitucionales”, señaló Omar Michel, presidente del Consejo, según una nota de prensa.

Informó que la Sala Plena de esa instancia judicial aprobó los respectivos informes técnicos legales y remitió las nóminas que corresponden a Chuquisaca 9 habilitados, Cochabamba 4 y Beni 6 profesionales para ser designados en los respectivos cargos.

Actualmente existen 2 acefalías en Chuquisaca, 1 en Cochabamba y 1 en Beni.

La Dirección de Régimen Penitenciario informó este jueves que los centros penitenciarios de los departamentos de La Paz y Santa Cruz serán encapsulados de manera temporal por el incremento de casos COVID-19.

"Los centros penitenciarios de Palmasola y San Pedro, de la ciudad de Santa Cruz y La Paz respectivamente, serán encapsulados por el lapso de una semana", indica un comunicado.

Según el reporte, la medida será para realizar tareas preventivas como desinfecciones, rastrillajes médicos, tomas de pruebas de COVID-19, entre otras.

"Ante el creciente riesgo de contagio del COVID-19, la Dirección General de Régimen Penitenciario, determinó suspender las visitas al público", detalla.

Las visitas se suspenden de manera temporal desde el viernes 19 de noviembre hasta el 29 de noviembre, para precautelar la salud de la población privada de libertad y evitar aglomeraciones en los puntos de entrada de los centros penitenciarios.

Sin embargo, aclararon que la recepción de encomiendas continuará de manera normal.

Según el reporte N° 612 del Ministerio de Salud, del pasado miércoles, la cifra de contagios de COVID-19 fue de 1.119 casos.

Santa Cruz y La Paz fueron los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 603 y 149 casos, respectivamente. Cochabamba registró 144 casos; Tarija 79; Chuquisaca 68; Oruro 34; Pando 20; Potosí 14; y Beni 8.