El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este lunes que los militares del Comando Estratégico de Operaciones (CEO), que están detenidos en Chile, fueron denunciados por contrabandistas bolivianos.

“Quienes han sentado la denuncia ante el Gobierno chileno son bolivianos, ya hemos dado todos los datos de esta gente, de los denunciantes, son gente dedicada a la actividad ilícita del contrabando. Se está analizando las acciones que van a seguir contra esos malos bolivianos, producto de eso es que se han suscitado estos hechos”, dijo en Cochabamba el ministro Novillo a Los Tiempos.

Novillo reiteró que los tres efectivos militares que fueron detenidos realizaban su trabajo en la lucha contra el contrabando cuando fueron aprehendidos por carabineros chilenos en la zona fronteriza de Colchane.

“Ellos no estaban en actividad delictiva, estaban cumpliendo su función de comiso de autos ilegales, quienes internaban eran bolivianos que han sido identificados, tenemos sus antecedentes y estos se dedican sobre todo al contrabando y vamos a tomar acciones legales”, argumentó.

Asimismo, esa Cartera de Estado afirmó que se brindará el respaldo legal y diplomático a los militares que tienen detención preventiva en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio de Chile.

Por su parte, el abogado defensor de los tres militares, Christian Castro, indicó que las supuestas víctimas de robo tenían en su poder vehículos indocumentados, por lo que los efectivos militares iniciaron la persecución contra esas personas.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este lunes que los derechos de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, no fueron vulnerados en los seis meses de detención preventiva y que el Estado garantiza todas las atenciones que amerita.

Áñez, quien se encuentra desde marzo en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz, es investigada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

El viernes, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se declare inadmisible la solicitud de medidas cautelares para Áñez y envió un informe del caso.

“La semana pasada, hemos brindado un informe a la CIDH que había requerido saber de este informe, la situación procesal de esta persona (Jeanine Áñez) y hemos indicado con precisión y basados en la información oficial que ha llegado de diferentes oficinas, diferentes despachos, que efectivamente los derechos y garantías de esta persona no están siendo vulnerados”, aseveró en entrevista con la red televisiva ATB.

Mediante una carta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió a Bolivia el 31 de agosto informar sobre la salud de Áñez y del acceso a atención médica, porque supuestamente se ponía en riesgo su derecho a la vida.

Respecto a la atención médica, aseveró: “En el tema sustancial, que era el tema del informe médico, hemos indicado que el 7 de septiembre, es decir, dos días antes de presentar el informe se había reunido la junta médica con el médico de confianza de Jeanine Áñez y, en este sentido, no se había establecido los parámetros de gravedad, los parámetros de irreparabilidad (…) efectivamente, ese es un tema médico y es un tema que nosotros lo respetamos”.

El informe presentado por la Procuraduría General del Estado cuenta con 55 hojas que respaldan que en Bolivia se respetan los derechos de los privados de libertad, entre quienes se encuentra Áñez. 

“Nos da la tranquilidad, por información oficial, que no se ha incurrido como Estado en la violación de derechos fundamentales y sustancialmente el derecho a la vida de esta persona”, dijo.

Se refirió al caso de la hija de Áñez, Carolina Ribera, quien denunció ser víctima de una persecución judicial.

“De acuerdo al reporte que tenemos, no existen procesos en curso. No existían procesos en curso hasta la fecha del informe”, añadió.

La justicia determinó este lunes, tras la audiencia de medidas cautelares, dar otros seis meses de detención preventiva al exministro de facto, Rodrigo Guzmán, quien ahora es investigado por presuntos delitos de corrupción durante el régimen de Jeanine Áñez.

El 31 de agosto, el fiscal Manuel Saavedra presentó ante el Juzgado Quinto Anticorrupción una imputación formal contra el exministro de Energía de Áñez, bajo los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, además de delitos contra la salud pública.

Guzmán fue aprehendido el 12 de marzo acusado por terrorismo, sedición y conspiración por el caso golpe de Estado, por lo que se determinó una detención preventiva que debía concluir el martes 14 de septiembre, pero ahora debe enfrentar otro proceso por corrupción.

Según la imputación, la exautoridad es investigada porque se encontraron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos de bioseguridad contra el COVID-19 en 2020, que posteriormente fue cancelada.

Según reportes, esa Cartera de Estado realizó dos órdenes de compra a favor de la empresa Provtec. En la primera se hizo la entrega, pero la segunda fue cancelada.

En junio de 2020, la red Gigavisión reportó que el Ministerio de Energía realizó un contrato millonario con “sobreprecio” para la provisión de material de bioseguridad, que debía llegar desde China, pero se canceló su llegada de forma inexplicable.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, lanzó este lunes la convocatoria para la presentación de artículos académicos para la Revista de Derecho de la Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma”, a la que calificó como un espacio destinado a incentivar los espacios de discusión y debate sobre la construcción y consolidación del nuevo paradigma y deontología de la Defensa Legal del Estado.

Se trata de una iniciativa que se desarrolló de forma conjunta entre las principales autoridades de la Procuraduría General del Estado y de la Escuela de Abogados y que fue presentada para que todas y los ciudadanos que deseen escriban sobre los nuevos paradigmas jurídico legales que hacen a la defensa legal del Estado, indica un boletín de prensa de la Procuraduría.

En palabras de circunstancia, el procurador Chávez Serrano indicó que los primeros temas que serán abordados en la Revista de Derecho son: Arbitraje Nacional e Internacional, Inversiones, Derecho al Medio Ambiente, Derechos Humanos, Auditoría Jurídica y Derecho Constitucional.

Añadió que la revista se publicará dos veces por año con la rigurosidad académica que hace a las actividades de la PGE y a la Escuela de Abogados del Estado.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la Escuela de Abogados, Diego Jiménez Guachalla, manifestó que se trata de una iniciativa institucional muy importante que también significa el lanzamiento de la convocatoria para artículos de la Revista de Derecho que cuenta con todo el respaldo de la PGE.

Explicó que se cuenta con la aprobación de todos los parámetros necesarios y exigidos por el ministerio de Educación para la publicación de la Revista indexada “porque sabemos que se debe cumplir con ciertos parámetros de validez académica que da créditos y carga horaria, tanto para las instituciones académicas como para los grados académicos del Doctorado y la Maestría”.

Las personas interesadas pueden conseguir mayores detalles en los siguientes enlaces: Http://revista.eae.gob.bo y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., indica el reporte de prensa.