Una junta médica realizada el martes 7 de septiembre, estableció que no existe peligro de salud de Jeanine Áñez ni existe una situación irreparable en cuanto a su situación personal. En esa reunión realizada hace tres días, estuvo presente el galeno personal de la expresidenta de facto, dijo el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.

Esa información fue parte de la respuesta que envío el Estado boliviano a la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una demanda de medidas cautelares planteada en favor de Áñez, dijo Chávez en entrevista con el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv.

“La junta médica que ha existido el 7 de septiembre ha determinado y ha establecido que no existe el peligro ni la urgencia en cuanto a la salud y menos aún que exista una situación irreparable en cuanto a esa situación personal de Jeanine Áñez. Eso hemos indicado como Estado basados en informaciones de la junta médica que ha verificado este tema y, en consecuencia, en honor a la verdad, hemos informado eso a la CIDH”, manifestó.

La autoridad dijo que a esa junta médica asistió también el médico de confianza de Áñez.

Por ello dijo que se pidió a la CIDH que declare inadmisible la solicitud de medidas cautelares planteada por Áñez.

Chávez dijo que se otorgan todas las garantías a la expresidenta de facto y que se cumplen los estándares establecidos para personas detenidas de manera preventiva por decisión de juez competente.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este viernes que tomó conocimiento de un caso de presunta extorsión inescrupulosa atribuida a una persona que usó el nombre del titular de esa cartera de Estado, Iván Lima Magne, para ofrecer de manera temeraria el direccionamiento de fallos judiciales, indica un reporte de prensa.

En este caso específico, se denunció a un supuesto “asesor” que de manera fraudulenta exigió el pago de dinero a cambio de la ratificación de una sentencia en primera instancia, indica un boletín del Ministerio de Justicia.

Esta persona, cuya identidad está en reserva para no perjudicar la indagación, usó nombres de autoridades del Órgano Ejecutivo en su afán de conseguir sus objetivos ilícitos, agrega el informe.  

“El Ministerio de Justicia ha comprobado el 20 de agosto del presente año que no existe ningún vínculo laboral ni institucional entre la persona denunciada y esta dependencia estatal. Por lo tanto, deslinda enfáticamente cualquier posibilidad de relación con ese supuesto intento de extorsión”, añade.

El pronunciamiento del Ministerio de Justicia manifiesta que el “gobierno nacional practica y predica una política clara de cero tolerancia a la corrupción, actúa y actuará en este y otros casos con actitud firme para esclarecer, procesar y lograr sanciones para este tipo de delitos”.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ratifica que procederá con todo el peso de la ley para que las autoridades competentes asuman las sanciones más severas que el caso amerite, señala el documento.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando (VLCC), Daniel Vargas, informó este viernes que efectivos militares incineraron dos camiones de alto tonelaje con mercadería de contrabando en el municipio de Calamarca del departamento de La Paz.

“Mediante operativos realizados el 9 de septiembre, efectivos militares del Comando Estratégico Operacional (CEO), interceptaron e incineraron dos camiones Volvo F-12 con mercadería de contrabando, en la localidad de Chocorosi, municipio de Calamarca, departamento de La Paz”, se lee en un boletín institucional.

De acuerdo con el reporte, al momento de la intervención los conductores de los dos camiones se dieron a la fuga, quitando las llaves de contacto e inutilizando los camiones. Tras 15 minutos, los contrabandistas regresaron con refuerzos, con el objetivo de recuperar los motorizados y su mercadería.

“Se agruparon con el fin de recuperar los motorizados, lanzando piedras y dinamitas, motivo por el cual se procedió a la incineración de los dos camiones”, señaló Vargas, según información institucional.

(Foto: ATB)

“Dios es grande, la justicia está llegando”, dijo en medio de sollozos e impotencia Frida Conde, hermana de Percy Romer Conde Noguera, acribillado en la zona sur de la ciudad de La Paz, al confirmar que el coronel Javier Fuad Vaca Julio, jefe policial durante esa masacre que causó seis muertes en el golpe de Estado de 2019, ingresó a la cárcel de San Pedro.

Vaca Julio ingresó al centro penitenciario tras una audiencia en la cual fue acusado formalmente por los delitos de homicidio en grado de complicidad y encubrimiento por la masacre del 11 y 12 de noviembre del 2019 en la zona Sur de la ciudad de La Paz, que dejó al menos seis fallecidos, varios heridos y presos que fueron torturados.

La Fiscalía pidió medidas cautelares con detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses para el exjefe policial ya que existe peligro de fuga. Esto debido a que la defensa legal de Vaca Julio no demostró tener domicilio real, informó el canal televisivo ATB.

“El dio la orden” para que actúen los policías que victimaron a varias personas en La Paz, dijo Frida Conde, quien es presidenta de las víctimas de la zona sur de la urbe paceña.

“Percy Romer Conde Noguera fue asesinado por la Policía. El 11 de noviembre de 2019, yo fui a rescatar el cuerpo de mi hermano yo le pregunté al señor (Javier Fuad Vaca Julio) y él se negó que hubiese algún fallecido, como ahora se niega”, indicó.

En el barrio El Pedregal, aproximadamente a las 10.30 del lunes 11  de noviembre de 2019, Percy Romer Conde Noguera, de 33 años, fue acribillado con siete impactos de bala. Su informe médico forense explica que falleció por shock hipovolémico, laceración cardíaco pulmonar y empática y traumatismos torácico abdominal abierto ocasionados por proyectil de arma de fuego, informó ATB.

Además de ese fallecimiento, en la zona de Los Rosales, también en la zona sur de la urbe paceña, a las 14.30 de ese mismo lunes 11  de noviembre, fue asesinado Beltrán Paulino Condori Aruni, de 23 años, cerca a la puerta de su casa con un disparo de proyectil de arma de fuego a la altura del estómago, impacto que destrozó todos sus órganos internos por lo que llegó a fallecer casi de manera instantánea.

Su madre, Brígida Aruni, en medio de gritos mezclados con rabia e impotencia, relató que Paulino trabajaba con un ingeniero en la zona de Achumani. Por ello salió a la calle y resultó asesinado por “policías y hombres altos, cambas” que tenían escudos fabricados de turriles y cascos blancos.

Al enterarse de la muerte, su madre salió a la calle a averiguar. “¿Dónde está mi hijo?”, les preguntó a los uniformados quienes le apuntaron con sus armas, le dijeron que los protestantes habían quemado los buses Puma Katari y la arrastraron por cinco cuadras para que no siga reclamando.

“Tu hijo no está muerto, se ha tropezado por escaparse. Entre ellos se han matado”, le dijeron los policías y los civiles con casos blancos para evitar que ella siga reclamando. “A mi hijo ¿cómo me lo han hecho? Me lo han matado, me lo han golpeado, le han escupido, le han pateado”, dijo la madre de Paulino Condori.

Con ese dolor, ella dijo que su hijo dejó una huérfana por lo que no cree en las versiones de inocencia del coronel Javier Fuad Vaca Julio ni en la campaña de Jeanine Áñez que indica que prefiere morir en la cárcel. “Que sufran también ellos”, dice la madre, cuyos ojos parecen haber quedado sin lágrimas de tanto llorar.

Esas lagrimas por su hijo ahora son la antesala de otros procesos judiciales a otros policías que operaron en la masacre de la zona sur de la ciudad de La Paz. Esos uniformados, según ATB, fueron identificados como Iván Bustamante Apaza, Jhamil Abdil Espinoza, Marco Antonio Portugal Villarreal, Franklin Mamani Huarachi, Sergio Alejandro Ugarte Portugal, Juan Rojas del Carpio, Franz Acker Vega y Jaime Larrea Álvarez.