El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, desmintió este jueves las declaraciones de medios de comunicación chilenos que sostienen que la detención de los militares bolivianos sería por robo y reafirmó que los oficiales del Comando Estratégico Operativo (CEO) realizaban un operativo en contra del contrabando.

“Hay que desvirtuar las declaraciones que vienen haciendo los medios, allá en Chile, diciendo que es robo, es totalmente falso”, expresó la autoridad en contacto con Cadena A.

Explicó que los efectivos que están detenidos en el país vecino realizaban los patrullajes correspondientes a la lucha contra el contrabando. Asimismo, detalló que esa parte de la frontera con Chile es “sensible” porque por ese lugar ingresa una gran cantidad de vehículos indocumentados y camiones con mercadería ilegal.

Vargas indicó que existen contradicciones en las declaraciones de chilenos, porque manejan entre dos a 15 kilómetros, por lo esperan que, con las investigaciones “in situ”, se demuestre que los efectivos bolivianos realizaban un operativo de interdicción en contra de actividades ilícitas.

“Hay contradicciones en cuanto a la distancia (…) dejaremos que las investigaciones se realicen in situ, allá en el terreno, para demostrar que nuestros efectivos sí estaban cumpliendo una labor en la lucha contra el contrabando, estaban en la interdicción de vehículos que entraban ilegalmente de contrabando y fue esa la situación que se ha generado en este incidente con carabineros de Chile y también con los efectivos militares del Comando Estratégico Operativo”, detalló la autoridad.

Asimismo, explicó que el incidente se resolverá por la vía diplomática, apostando por un proceso de diálogo y concertación. A su vez, confirmó que el sábado se realizará la audiencia sobre el caso en Chile.

“La posición que va a tomar el Gobierno nacional es por la vía diplomática, para establecer el diálogo franco y sincero, para establecer y demostrar que los efectivos detenidos en la zona fronteriza sí estaban cumpliendo una labor contra el contrabando”, concluyó.

Las subalcaldesas de Mallasa y Centro denunciaron este jueves al burgomaestre paceño, Iván Arias, por proteger al subalcalde de Max Paredes, Reynaldo Olorio, a quien acusan por acoso sexual, político y laboral. Las autoridades municipales indicaron que en estos meses identificaron hechos de corrupción que en su momento fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Transparencia e incluso del Alcalde, pero sólo se está encubriendo este hecho.

“Cuando nosotros hemos asumido la gestión, hemos asumido con una idea de trasparencia y limpiar la corrupción; sin embargo, en el poco tiempo que estamos, hemos identificado temas de corrupción y hemos hecho conocer al Alcalde (…). Actualmente son denuncias que nosotros vemos que no han tenido un seguimiento; más al contrario, nosotras tenemos acoso laboral, acoso político”, expresó la subalcaldesa Centro, Jaqueline Chavarría.

Por su parte, la subalcaldesa de Mallasa, Sheyla Dávalos, denunció que por haber sacado a malos funcionarios están siendo presionadas y hostigadas. Afirmó que seguirán con la denuncia y apoyarán a las víctimas que sufrieron acoso por parte de funcionarios públicos de La Paz.

“Estamos con la tenacidad de denunciar y apoyar a las denuncias de las compañeras que han sufrido acoso sexual, pero también hay hechos de corrupción, (…) se nos está apuntado con el dedo para también a nosotros presionarnos con un acoso político y laboral”, indicó.

Una de las víctimas, quien resguardó su identidad, afirmó que sufrieron acoso sexual por parte del subalcalde Olorio y que realizaron su denuncia en la Fiscalía; sostuvo que tienen pruebas y que las darán a conocer. También cuestionó al burgomaestre paceño por protegerlo y no investigar los hechos de corrupción que señalaron.

“Don Iván Arias está tapando a este señor Olorio por acoso sexual, hay una denuncia en la Fiscalía contra el subalcalde por acoso sexual, tenemos pruebas, audios que hemos presentado (…). No es posible que don Iván permita este tipo de acosadores”, denunció.

Otra de las denunciantes, indicó que Arias habría señalado que son problemas de “faldas”, por lo que desestimó sus denuncias. Lamentaron que no haya procedido como corresponde investigando y destituyendo al denunciado.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, informó este jueves que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante  los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), patrocina a la madre de Mayerly Q. CH. de 18 años, quien fue ahorcada y desmembrada.

“El Ministerio de Justicia, a través de uno de sus brazos operativos el Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, Sijplu, es parte patrocinante del caso, de la madre de la joven difunta, vamos a hacer el seguimiento y pedir que se apliquen las máximas sanciones a los autores de este macabro hecho", aseveró en entrevista con Bolivia TV.

La Policía presentó el miércoles en conferencia de prensa a Matusalén M. L. de 22 años, autor confeso del asesinato y que ya cuenta con antecedentes por quitar la vida a un niño de cuatro años de edad en 2015.

El 6 de septiembre, a las 13.20 en la zona de Alto Llojeta en la avenida Max Fernández de la ciudad de La Paz, en el interior del bosquecillo, efectivos policiales encontraron el cuerpo desmembrado.

Además, la Policía halló un cuchillo con el que Matusalén mutiló a su víctima, y la ropa interior, bolsas, zapatos de la víctima con restos de sangre.

Lorgia Fuentes, quien fue vejada, detenida, torturada y encadenada a un catre durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, dijo que apelará la determinación del fiscal Israel Armando Rojas Toledo quien desestimó una denuncia contra el policía que violó sus derechos humanos.

Fuentes, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, acusó de mentir al ciudadano español Alejandro Entrambasaguas quien denunció, sin ninguna prueba, una supuesta relación de ella con una exautoridad del gobierno. Esa sindicación fue utilizada para encarcelarla.

Ella fue torturada durante el régimen de Áñez y encadenada a una camilla de un hospital cuando se encontraba delicada de salud, así permaneció por varios días por orden directa de Arturo Murillo, entonces Ministro de Gobierno.

Entrambasaguas, considerado un mercenario de la información, sin tener pruebas la acusó tener vínculos con exautoridades del gobierno, por lo que la privaron de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz.

Ella dijo que esa detención le dejó heridas en la piel, en el cuerpo y en su alma, las cuales no pueden sanar.

Por esa vulneración a sus derechos, presentó una denuncia contra su torturador, el policía Tomás Huanca Condori, quien operó por órdenes superiores. Sin embargo, el fiscal Rojas rechazó la acusación.

Fuentes lamentó que activistas de derechos humanos, como Amparo Carvajal, nunca se ocuparon de visitarla o defenderla de las torturas y vejámenes que recibió mientras estaba encarcelada.