El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, afirmó este viernes que las demandas de los familiares y de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019 durante el gobierno de facto, fueron y aún son atendidas por el Gobierno central. 

“El Estado ha hecho la entrega de 100.000 bolivianos a las familias de los fallecidos de las masacres (Sacaba y Senkata) como parte de la reparación integral. Además, se realizó el pago a hospitales privados y proveedores de insumos, por un monto total de 610.200 bolivianos”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que se realizó el reembolso de los gastos de salud a 73 personas por un monto que asciende a Bs 1.003.000 y que se entregó una indemnización por invalidez a 101 personas afectadas. Aseveró que en el marco de la reparación integral se estableció cumplir con la promulgación del Decreto Supremo 4176 de ayuda humanitaria para este sector.

"El Gobierno atendió la mayoría de las demandas de las víctimas de Sacaba y Senkata, las restantes se encuentran en proceso de ejecución", señaló.

De la misma forma se gestionaron más de 250 becas de estudio en universidades e institutos técnicos privados y se habilitaron alrededor de 284 personas para que puedan ser favorecidas con la entrega de un paquete especial del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) con un valor de 500 bolivianos cada uno.

Aseveró que actualmente se gestionan más solicitudes para las restantes víctimas de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional exhorta a que las legítimas peticiones de las víctimas no sean utilizadas como bandera en afanes individuales y de protagonismo político", acotó.

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 4639 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la constitución de un Fideicomiso de Bs. 8.000.000 para otorgar créditos de fomento a la producción en favor de los familiares de los fallecidos y las víctimas de los hechos luctuosos del 2019.

La Gobernación de Potosí inició procesos contra 17 funcionarios involucrados en la fallida adquisición de 41 ambulancias y empezó una acción penal contra la empresa Stefans Logistics, encargada de la compra, además de anular otros contratos en curso con esa compañía.

La justicia procedió a la aprehensión del militar del servicio pasivo Oscar Armando Caba, involucrado en la masacre de Hauyllani, Sacaba, en 2019, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 

El ministro de Justicia y Trasparencia Institucional, Iván Lima, reveló este viernes que el juez del Juzgado Primero de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón Aliaga, cometió una serie de irregularidades desde el 2006, pero que los procesos disciplinarios no avanzaron porque contaba con la protección de su hermano Gonzalo Alcón, quien es un exconsejero de la Magistratura.