Presos y perseguidos políticos durante el régimen de facto en Santa Cruz se adhieren a la denuncia contra magistrado Olvis Egües
Presos y perseguidos políticos durante el régimen de facto en Santa Cruz se adhieren a la denuncia contra magistrado Olvis Egües

Presos y perseguidos políticos durante el régimen de facto en Santa Cruz se adhieren a la denuncia contra magistrado Olvis Egües

Alberto Fuentes, ejecutivo de la coordinadora departamental de presos, heridos y víctimas de torturas en Santa Cruz 2019-2020, presentó este martes, ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, su adhesión a la denuncia en contra del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egües, quien en 2018 habría favorecido a Arturo Murillo en el caso de la falsificación de su libreta militar.

“Nos adherimos a la denuncia en contra del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egües, ya que este señor en fecha 21 de diciembre de 2018 hace admisible una denuncia por el caso de la libreta de servicio militar de Arturo Murillo, la que notifica recién en fecha 10 de septiembre de 2019, esto es una burla, todo el mundo sabe que en el artículo 160 del Código Penal dice que obligatoriamente tiene que ser notificado al día siguiente, no nueve meses después”, manifestó.

Dijo que, con esa irregularidad, Egües favoreció a Murillo debido a que, al no notificarlo en los plazos establecidos por ley, le permitió acceder al cargo de Ministro de Gobierno del régimen de facto.

“Egües ha sido padrino de Arturo Murillo, que sin libreta de servicio militar ha sido funcionario público, diputado, senador y después Ministro de Gobierno, permitió que Murillo sea funcionario público sin contar con la libreta militar obligatoria”, reiteró.

El 3 de mayo de 2016 el Tribunal de Sentencia Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Arturo Murillo Prijic, autor de la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal, imponiendo la pena de dos años de reclusión.

Posteriormente, la sentencia fue apelada por la defensa de Murillo, siendo ratificada por la Sala Penal Cuarta del tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 22 de agosto de 2018. Lo cual dio lugar a la presentación de un recurso de casación, que fue admitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21 de diciembre de 2018; sin embargo, la notificación recién se hizo efectiva nueve meses después.  

“Se debe investigar, sancionar y procesar al magistrado Olvis Egües, por eso nos hemos presentado y adherido a la denuncia ante la Comisión de la Cámara de Diputados. Si se lo hubiese notificado a tiempo, no hubiese fungido como ministro y no hubiese pasado nada”, manifestó.


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