El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, denunció este lunes que la intención de la oposición es apostar al desgaste y a la desestabilización del gobierno y que utilizan como pretexto el supuesto paquete de leyes o la supuesta reposición de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“No es una ley o el paquete de leyes, ni mucho menos los 2/3, la intención de la oposición es apostar al desgaste y a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Los que perdieron en las elecciones olímpicamente, y en su propia cancha, hoy quieren reivindicar su derrota en mesa y por la fuerza. Que no te engañen con las mentiras de los dos tercios y el ‘paquete de leyes’”, advirtió la autoridad desde su cuenta de Facebook.
Rodríguez aclaró que la oposición política “miente”, porque repite que pedirá que se restituyan los dos tercios en el Legislativo, siendo que esa forma de votación ya está reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE) para decisiones como la elección del Fiscal General del Estado, del Defensor del Pueblo, de los vocales del Órgano Electoral Plurinacional, para la autorización de juicios de responsabilidades y las modificaciones parciales a la norma suprema.
“Es más, las propias senadoras de la oposición ya plantearon dos acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional con esa demanda de 2/3 y ambas peticiones fueron rechazadas”, sostuvo.
Asimismo, dijo que la demanda de modificación del llamado “paquete de leyes” también carece de sustento porque varias de esas supuestas leyes, como la Ley del Inquilinato o de Derechos Reales, ni siquiera fueron debatidas en el Legislativo.
Por otro lado, enumeró “siete falsedades de la oposición” con relación al llamado paquete de leyes:
“1) Señalan que la Ley 1386 Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, que será abrogada, vulneraba el artículo 26 de la Constitución Política del Estado al incorporar un proyecto de ley para legalizar la escucha de llamadas”, escribió.
Explicó que ese extremo es falso, ya que la norma mencionaba la posibilidad de elevar una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional acerca de la constitucionalidad de esa forma de lucha contra las grandes organizaciones del crimen transnacional.
“Existe un mundo de diferencia entre informar que ‘se elabora un anteproyecto de ley respecto a técnicas de escucha de llamadas’ y elevar una consulta al Tribunal Constitucional”, indicó.
Rodríguez también mencionó que la Ley 1398, de Registro de Comercio, facilita al Estado un acceso directo e irrestricto a la información de actividades de comercio y que no se renueva el contrato de concesión de Fundempresa.
“En realidad, la obligatoriedad de registro de las actividades comerciales se mantiene vigente desde 1978, cuando se promulgó el Código de Comercio y el caso de Fundempresa derivó en un proceso judicial, debido a que el gobierno de facto de Jeanine Áñez otorgó la ampliación de la concesión a esa fundación por decreto y de manera irregular”, aclaró.
También –dijo- cuestionan la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y, entre sus observaciones, mencionan la existencia de la colaboración eficaz para combatir la corrupción, pero no se menciona que ese mecanismo de indagación corresponde a los estándares más altos de la normativa internacional en esa temática.
“Cualquier proceso para retirar la personería jurídica a cualquier empresa, ONG, fundación, institución o partido político involucrado en corrupción se realiza con pleno respeto al debido proceso. Eso establece la ley”, explicó.
Como cuarta mentira, señaló que en cuanto a la Ley 1387, de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, es prudente recordar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 252 establece que “las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o el Ministro de Gobierno”.
Como quinto punto, dijo que es falso que Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, al crear el Consejo Nacional, atente contra las entidades territoriales autónomas, colegios de médicos, universidades y sectores interesados.
“Más bien, como se ha demostrado en los hechos, este consejo es una instancia de coordinación con las instituciones mencionadas. Observan la ‘cláusula de confidencialidad’ cuando ese es un requisito mundial de las empresas fabricantes de vacunas”, señaló.
Dijo que en relación al Proyecto de Ley 342, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, se debe recordar que varios de sus lineamientos corresponden a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado vigente desde 2016 y por tanto no incorpora ninguna regulación que atente contra la autonomía reconocida en la Constitución.
“La Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia (también observada por la oposición) servirá para un manejo adecuado y sistematizado de los datos a nivel nacional, departamental, regional y municipal, al contrario de lo que argumenta la oposición política”, concluyó.