La Paz, 29 de julio de 2022 (ABI).- Con el propósito de recolectar insumos para la reestructuración de la justicia en el país, la Vicepresidencia del Estado, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Organización de las Naciones Unidas, realizó el conversatorio Diálogos Plurales para la Transformación de la Justicia en Bolivia, con el tema asignación presupuestaria del Órgano Judicial y su administración.
El conversatorio se llevó a cabo el jueves en el Hall de la Vicepresidencia.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, destacó que el presupuesto para la justicia se incrementó de 515 millones de bolivianos, en 2001, a 1.947 millones de bolivianos para este 2022. Esto demuestra que “se asigna mayores recursos al sector de justicia”, refiere una nota de prensa de la Vicepresidencia.
La asignación de más recursos fue de la mano con la creación de más ítems: en 2005 había 390 servidores públicos, en cambio para este año llegó a 11.188. Se priorizó los ítems para jueces y funcionarios de salas judiciales.
Además los recursos económicos destinados a programas identificados en temática de mujer creció en 9,4% de 2017 a 2022, al igual que los fondos orientados a programas vinculados a niñez y adolescencia que se elevó en 53% en el periodo 2017 - 2022.
Los recursos económicos destinados a programas que incluyen a personas con discapacidad crecieron del 2017 al 2022 en 162%.
“Tenemos que generar equilibrio porque hay atención prioritaria como son la estabilidad económica y salud”, dijo Mamani.
Por su parte, Carlos Börth, del Grupo Cali, consideró que el presupuesto que se asigna al Ministerio Público es muy bajo, lo que dificulta tener resultados efectivos que beneficien a la población.
“El presupuesto del Órgano Judicial es del 0,39 por ciento, no llega al 1 por ciento”, indicó el abogado, y afirmó que éste debería incrementarse por lo menos al 3%.
Mientras la socióloga Tania Sánchez Montaño, de la Coordinadora de la Mujer, señaló que el porcentaje de mora procesal sube cada año, lo que ratifica la necesidad de incrementar el presupuesto para la creación de más juzgados especializados y promover el acceso a la justicia.
Sánchez expuso que el país cuanta con 924 juzgados y tribunales, de los cuales el 62% se encuentra en ciudades capitales y 38% en provincias.
Además, los datos de la Coordinadora de la Mujer establecen que del total de feminicidios que se registran en el país, alrededor del 35% obtiene una sentencia.
En ese sentido, Sánchez pidió a los funcionarios públicos que los recursos económicos se ejecuten con eficiencia y eficacia.
El secretario general de la Vicepresidencia, Rubén Saavedra Soto, relievó que las conclusiones del conversatorio aportarán con nuevos insumos en la transformación del sistema judicial boliviano.
De la misma forma, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, consideró que el evento logró el objetivo de “discutir y escuchar para llegar a consensos” en el tema de la administración de la justicia.
En el evento participaron también el gerente de Supervisión y Planificación de la Contraloría General del Estado, David Yujra; el director General Administrativo Financiero del Órgano Judicial, Alberto Ruíz; la representante de la Fundación Construir, Susana Saavedra, y Mónica Novillo, de ONU Mujeres, que moderó el diálogo.
Nj/JC