(Foto: Min. Justicia)

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, señaló este viernes que la modificación participativa de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia - 348, se acerca a su fase final,  y permitirá contar con un instrumento normativo más aplicable.

“Ninguna organización social o de sociedad civil indicó que la Ley 348 haya sido un retroceso, por el contrario, muchas organizaciones nacionales y de la región destacan que esta normativa ha sido un avance significativo para las mujeres porque se ha logrado mostrar la violencia hacia las mujeres en el escenario público y establece una tipificación”, expresó.

De acuerdo con un boletín institucional del Ministerio de Justicia, tras ocho años de vigencia de la Ley 348, se vio la necesidad de “abrir su texto” debido a algunas falencias operativas y vacíos legales identificados, y realizar nuevos aportes construidos desde las bases, junto a organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de víctimas de violencia y de familiares de víctimas de feminicidio, operadoras y operadores de justicia, servidoras y servidores públicos, entre otros sectores. 

“La sociedad no es estática, está en constante cambio, por tanto, las normas deben ser reformadas, por eso se determinó impulsar el proceso de modificación con un carácter participativo, con todas y todos. Realizar una modificación a la ley con todas las socializaciones, argumentos y ajustes que se requería recoger desde la población, ha sido un arduo trabajo, pero necesario, las leyes no se construyen más en los escritorios, sino de la mano del pueblo”, explicó Huacani.

Esta cartera de Estado desarrolló un diagnóstico situacional que determinó la necesidad de incrementar acciones de prevención con participación de la familia, la comunidad, la esfera educativa, los medios de comunicación y otras instancias.

Asimismo, se determinó ajustar los mecanismos de acción del primer eslabón de recepción de denuncia y atención como son la Policía Boliviana, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), dependientes de los gobiernos municipales y las instancias dependientes de los gobiernos departamentales. La modificación de Ley 348 es parte de la reforma de la justicia impulsada desde noviembre de 2020.

“La población señala que la prevención debe darse desde la sociedad, ámbito familiar, educativo y otras instancias como la Policía, alcaldías, gobernaciones y Gobierno nacional. La gente sabe que hay que prevenir antes que lamentar”, agregó.

Respecto al trabajo del Ministerio Público y del Órgano Judicial, el diagnóstico denotó la cantidad insuficiente de efectivos policiales, fiscales, y juezas y jueces; los juzgados anticorrupción y violencia contra la mujer se encuentran saturados, hecho que genera indefensión, mora judicial e impunidad. 

Durante las jornadas de recolección de propuestas se rescataron otros elementos relevantes, como la necesidad de incorporar nuevos tipos penales referidos a la violencia y acoso digital, la violencia obstétrica, entre otras que en 2013 no habían sido identificadas y generaba un vacío al momento de abrir procesos, investigaciones y emitir sentencias.  

Con las propuestas plasmadas en 10 ejes temáticos para la modificación y el diagnóstico, se retornó a las regiones para validar los insumos. La autoridad explicó que, tras ese proceso, se trabajó en la redacción con términos legales de las propuestas modificatorias traducidas en un proyecto de ley que próximamente será entregado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, señaló este viernes que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debe corregir lo que ocasionó por haber “forzado” la habilitación de Manfred Reyes Villa para la Alcaldía de Cochabamba, quien desde años atrás tenía un proceso penal.

“Lo que en este momento corresponde es que primen los mandatos constitucionales, el cumplimiento de la ley y que se retomé correctamente el camino democrático llamando a una nueva elección, asumiendo consecuentemente las responsabilidades legales todas las autoridades que viciaron y forzaron su habilitación”, enfatizó Cox.

El  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia ejecutoriada sobre un proceso penal contra Manfred Reyes Villa a raíz del proceso iniciado por irregularidades cuando fungía como gobernador de Cochabamba. Cox señaló que esa sentencia debe ejecutarse. 

“En estos momentos no corresponde que se pretenda alegar ni persecución política, ni se pretenda alegar intención alguna del MAS-IPSP de atentar contra la democracia, o alegar que se quiere desconocer el voto popular”, enfatizó.

De acuerdo a un boletín institucional,  el viceministro señaló que era previsible que existan dichas situaciones de riesgo ante la gestión municipal, porque desde su inicio se habilitó ilegalmente a un ciudadano que no cumplía con los requisitos, como la residencia de dos años en Bolivia, residencia en Cercado, además de no tener pliego de cargo ejecutoriado, así como no tener procesos penales ejecutoriados.

“Estas son las consecuencias legales, sociales y políticas  por forzar ilegalmente, con acciones irregulares, para lograr su habilitación en una contienda electoral, donde muchas autoridades demostraron pleno favoritismo, a costa de injerencias económicas para burlarse de regulaciones electorales específicas”, señaló.  

Cox aseveró que, con la finalidad de precautelar la seguridad interna del Estado y mantener el orden público, corresponde tener claridad sobre lo que está pasando en Cochabamba.

“No es necesario que se generen movilizaciones de respaldo a una votación cuándo salió ganador un candidato que no cumple con la ley y que no quiere someterse a la ley, debe respetarse en estos momentos las determinaciones de instancias judiciales a las que todas y todos estamos sometidos, razón por la cual debe deponerse actitudes de confrontación o de búsqueda de violencia bajo pretextos forzados” , concluyó.

(Foto: RRSS)

El comandante regional de la Policía Boliviana en El Alto, Leonel Jiménez, informó este viernes que se reforzarán los patrullajes en La Ceja, para luchar contra la inseguridad ciudadana. Además, aseveró que se reactivaron las cámaras de vigilancia que están instaladas en la el centro alteño para detectar cualquier ilícito y reaccionar de manera inmediata.

“Se ha planificado en la mañana patrullajes a pie, porque es caótica la situación por el trasporte público que existe, con apoyo de unidades policiales en la periferia, para reforzar si hubiera algún caso por La Ceja, específicamente, que es nuestro principal esfuerzo”, indicó Jiménez.

De acuerdo con el jefe policial, la presencia policial será constante en los alrededores de la “Alcaldía Quemada” y zonas aledañas al kilómetro 7, lugares que son considerados como zonas rojas por el alto índice de hechos criminales.

Señaló que se identificaron lugares específicos y horarios en los cuales se suscitan ilícitos, por lo que se reforzará la presencia de efectivos policiales para combatir el crimen, durante la mañana, tarde, noche e incluso en la madrugada. 

“En las noches están patrullas específicas y grupos especiales en las calle 1, hasta la 6. En la madrugada estamos reforzando el patrullaje para cumplir con nuestro objetivo que es la disminución de la inseguridad”, aseveró en contacto con Cadena A.

Asimismo, indicó que se reactivaron las cámaras de seguridad y el área de monitoreo para actuar de forma inmediata ante cualquier ilícito, por lo que en dos semanas se realizará una valuación de las medidas y su repercusión en la seguridad ciudadana.

(Foto referencial: SEDEGES)

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social de Cochabamba (Sedeges), Mariela Arce, informó este viernes que se realizarán controles en diferentes hostales de la zona céntrica de Cochabamba con el objetivo de prevenir y detectar posibles casos de trata y tráfico de personas.

“Hoy, estamos realizando un operativo conjunto con las instituciones FELCC, División de Trata y Tráfico (…). El objeto de este operativo es orientar y colaborar con los controles respectivos”, indicó la autoridad en entrevista con la red Cadena A durante  una inspección en un hostal en la avenida Aroma.

Indicó que se realizarán estos controles sorpresivos en distintos hostales para prevenir contra el ilícito de trata y tráfico de personas.

Explicó que se orientan a los administradores de los hostales para que ellos hagan control riguroso de documentos de las personas que llegan a hospedarse y que, en caso de registrar alguna situación irregular, deben hacer la denuncia oportuna para prevenir ilícitos. 

“Hay que hacer un trabajo conjunto, ellos también son muy responsables del control de trata y tráfico de personas”, aseveró.

Detalló que en estos controles participan instituciones como la Gobernación, la alcaldía y otras redes fundamentales que luchan contra la trata y tráfico de personas en Cochabamba.