El Ministerio de Educación proyecta aplicar clases semipresenciales, aproximadamente al finalizar el segundo trimestre, tras la vacunación contra el COVID-19 de maestras y maestros mayores de 40 y 50 años. Además, prevé la modalidad presencial para el último trimestre.

“Como ministerio, pensamos que aproximadamente finalizando el segundo trimestre estaríamos con clases semipresenciales y el último trimestre con clases presenciales”, informó el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, en entrevista con La Razón Radio.

La autoridad también prevé que para ese tiempo los municipios puedan implementar y equipar con protocolos y equipamiento de bioseguridad a las unidades educativas bajo su tuición en el marco de sus atribuciones.

Puma dijo que, actualmente, un 95% de los estudiantes pasan clases bajo alguna de las tres modalidades: a distancia, semipresencial y presencial debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la aplicación de las modalidades es diferenciada.

Consideró que el hecho de que los establecimientos cuenten con dotaciones de alcohol en gel, cámaras desinfectantes, lavamanos y otros recursos, permitirá evitar que se produzcan casos positivos de COVID-19  y, en caso de que estos se presenten, cortar la cadena de contagios.

El Calendario Escolar en Bolivia comenzó el 1 de febrero. Culminará al cumplimiento de los 200 días hábiles de desarrollo curricular en la presente gestión. Posteriormente, se realizarán los actos de promoción y clausura del año escolar.

La exministra de Culturas, ahora concejal de la ciudad de El Alto, Wilma Alanoca, contó que lo acontecido en noviembre de 2019, días previos a ejecutarse el golpe de Estado, todo estaba meticulosamente planificado.

“No había condiciones de resistencia, en absoluto, porque sabían qué comíamos, dónde dormíamos, quienes eran nuestros papás y todo nuestro entorno familiar, conocían todo a detalle. Fue un plan muy bien ejecutado, financiado y enarbolado por Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina y Luis Revilla”, relató.

“Posesionaron una narrativa discursiva criminal y sangrienta que permitió la articulación de todos los grupos irregulares que hacían vigilias en nuestras casas y que todos los días a las ocho de la noche golpeabas sus ollas, como si hubiera hambre en nuestro país”, indicó, entrevistada por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

El 10 de noviembre, Alanoca recibió llamadas mediante las cuales la amenazaron con quemar su casa que fue rodeada por grupos civiles que no eran de El Alto. Por ello, decidió dirigirse a la embajada mexicana para pedir protección.

“Recibo una llamada de un compatriota que vive el México y me dice que me vaya a la embajada porque mi vida estaba en peligro y me fui de esa manera. Cuando pretendí ingresar, ya estaban personeros de inteligencia policial, militar y los grupos irregulares denominados pitititas”, relató.

En el ánimo de dañar a las exautoridades, los grupos irregulares cometieron todo tipo de excesos apoyados por efectivos de la policía y militares. En el caso de la exministra, atacaron a su madre, una persona de casi 80 años, a quien llevaron detenida.

“El 17 de noviembre detuvieron a mi madre, entraron a su casa le sacaron todo, la llevaron donde yo vivía, se llevaron lo poco que tenía en mi casa, la traumaron psicológicamente con acusaciones falsas a mi persona. Mi madre no paraba de llorar y no puedo entender, porque podemos tener diferencias, pero no actuar con personas vulnerables adultas mayores y eso fue muy duro”, testimonió.  

“Vivimos una violencia política desencadenada con un tinte racial tan fuerte que había cegado a mucha gente y cualquiera podía darte con un palo en la cabeza e insultarte con lo más bajo y nadie decía nada y como supuestamente era del MAS había que permitirlo, hasta ese nivel han llegado”, complementó.

Alanoca, que sufrió la vulneración de sus derechos, tuvo que permanecer asilada casi un año en la residencia mexicana de La Paz.

Autoridades del Viceministerio de Comunicación, del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, afirmaron este lunes que el Estado boliviano garantiza el respeto a los derechos de las personas con orientación sexual diferente.  

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz y la directora de Género del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, participaron en el conversatorio denominado: "Los Derechos de la Población con Orientación Sexual e identidad de Género Diversa en el Estado Plurinacional", que se realizó esta jornada en la Casa Grande del Pueblo.

El evento, donde también estuvieron presentes representantes de los colectivos Trans, Lésbico, Gay y Bisexual (TLGB) de distintos puntos del país, fue organizado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. 

En su intervención, la Viceministra de Comunicación señaló que Bolivia es un país donde se garantiza el respeto a los derechos de las personas con orientación sexual diferente, en el marco de las leyes y la Constitución Política del Estado. 

"Nosotros, como Gobierno, sin duda alguna estamos trabajando por la igualdad y el respeto de las diversidades, aquí no hay ciudadanos de primera ni de segunda, aquí todos somos iguales y respetamos los derechos de todos", remarcó la autoridad.

Agregó que este tipo de evento reviste importancia porque es un espacio donde las autoridades del Gobierno pueden escuchar las demandas, necesidades, fortalezas y debilidades de los colectivos TLGB. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló que si bien los derechos de las personas con orientación sexual diferentes están protegidos por instancias gubernamentales nacionales e internacionales, la problemática de la discriminación aún está vigente en la sociedad. 

"Hoy, Día Internacional contra la Homofibia, Trasfobia y Bifobia, es una jornada de lucha y de visibilización de una problemática que debemos reconocer aún se encuentra vigente en nuestra sociedad", manifestó.

Por su parte, la directora de Género del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, indicó que este tipo de evento permite que las autoridades y los colectivos puedan conversar las demandas y avances para "empezar un camino de coordinación y apoyo mutuo". 

"Desde el Ministerio de Justicia queremos manifestar nuestro compromiso con la defensa de los derechos, pero también con las diferentes iniciativas en el colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales)", dijo Peña.

Al concluir el evento, la viceministra Alcón señaló que desde el Gobierno nacional se trabaja en una campaña sostenida con los medios de comunicación públicos y privados, en el tema de derechos humanos.

La modificación de la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ley 348), se encuentra en la fase de validación de los ejes temáticos de la propuestas recibidas, informó este lunes la directora General de Prevención y Eliminación de todas las Formas de Violencia en Razón de Género y Generacional, Claudia Peña.

“Estamos validando los ejes temáticos de las propuestas y esperamos terminar este trabajo a mediados de junio y empezar a trabajar en un borrador del nuevo texto”, dijo  a los periodistas. 

Desde finales de año pasado y principios de este año, se recogieron más de 1.000 propuestas destinadas a mejorar la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, agregó.

“Estas propuestas han sido sistematizadas, ordenadas y muy bien estudiados los argumentos de cada una de las propuestas. Ahora estamos yendo a cada departamento en foros departamentales con diferentes organizaciones, con las instituciones que defienden los derechos de la mujeres, para presentarles la sistematización y se pueda analizar con la sociedad los diferentes ejes temáticos que se encontró para la modificación de la norma”, detalló.

Según Peña, la propuesta de modificación de la Ley 348 tiene 10 ejes temáticos, uno de ellos es garantizar una vida libre de violencia.

Otro eje temático tiene que ver con reforzar las medidas de protección e incluir la tipificación de nuevas formas de violencia que no han sido recogidas en la Ley actual, como la violencia digital y cibernética.

Otro aspecto tiene que ver con el financiamiento que se distribuye en los gobiernos municipales, departamentales, el Órgano Judicial y de qué modo se puede optimizar los recursos para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
Los planteamientos también tienen que ver con las políticas públicas y la prevención. 

Estas propuestas se socializan y validan en los foros departamentales que están en pleno desarrollo en los diferentes departamentos del país.