Feminicidios, la otra pandemia que deja dolor y luto en 107 familias bolivianas este 2021
Feminicidios, la otra pandemia que deja dolor y luto en 107 familias bolivianas este 2021

En Bolivia, la ola de violencia hacia las mujeres no se detiene, hasta el 20 de diciembre se reportaron 45.174 denuncias sobre delitos contemplados en la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, muchos de esos hechos de violencia derivaron en intentos de feminicidio o, en el peor de los casos, en feminicidios, dejando llanto, luto y dolor en 107 familias bolivianas.

En Sacaba, una mujer de 58 años fue golpeada y apedreada por su concubino de 57 años, como consecuencia de esa brutal agresión, su pierna quedó con fracturas y le dieron 80 días de impedimento. El sujeto ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y fue aprehendido por tentativa de feminicidio, enviado de manera preventiva a la cárcel de El Abra.

Otro caso de violencia brutal se dio también en la zona Sur de Cochabamba, una mujer de 22 años fue agredida con un arma blanca en la espalda por su pareja. Las heridas fueron graves, por lo que le dieron 10 días de impedimento y la Policía capturó al agresor. Esos hechos fueron reportados por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba en noviembre.

La violencia contra las mujeres no distingue edad, estrato social, color o afinidad política, a diario ese sector de la sociedad está expuesto a ser víctima de algún tipo de violencia, ya sea en el ámbito público o privado.

Casos de feminicidio

Según el reporte oficial del Ministerio Público, desde enero hasta el 20 de diciembre de 2021 se suscitaron 107 feminicidios. Cada tres días, una mujer fue asesinada en el territorio nacional, siendo el eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, los departamentos donde se concentró la mayor cantidad de hechos violentos que terminaron en feminicidios.

El departamento de La Paz tuvo 43 casos; Santa Cruz, 16; Cochabamba, 15; Oruro, 10; Beni, tres; Tarija, tres; Potosí, 10; Pando, uno; y Chuquisaca, seis, haciendo un total de 107 feminicidios.

La violencia feminicida no es un hecho aislado, en la mayoría de los casos existió un círculo progresivo de violencia. Cada día se tienen nuevos reportes, autoridades y activistas lamentan que ahora se susciten con mayor agresividad.

Uno de los hechos que llegó a conmocionar a la población fue el caso de Mayerly C. Q., de 18 años, que salió de su casa e indicó a su madre que se encontraría con su papá para cobrar sus pensiones; sin embargo, ya no regresó más a su hogar.

El 6 de septiembre pasado, al mediodía, vecinos de la zona de Alto Llojeta, La Paz, alertaron sobre el hallazgo de partes de un cuerpo humano, por lo que llamaron a la Policía Boliviana y al promediar las 13.30 se realizó el levantamiento legal de un cadáver que fue desmembrado y esparcido por diferentes lugares.

La Policía no logró identificar al cuerpo hasta que la madre de la víctima identificó los restos de su hija en la morgue y entró en shock. Se descubrió al presunto autor, porque se hizo pasar por la joven y envió mensajes a la madre de Mayerly diciendo que se estaba yendo de su casa.

Tras las investigaciones, se reveló que la joven fue asfixiada y después descuartizada a manos de su expareja, identificado como Matusalén M. L., de 22 años, quien confesó el horrendo crimen. Este joven tenía antecedentes por infanticidio. Además, se aprehendió a otro presunto implicado, identificado con las iniciales R. H. Q., de 34 años, que se presume sería pareja de la víctima.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió a la justicia acompañar la lucha del Estado Plurinacional de Bolivia contra el feminicidio y que los agresores no vuelvan a las calles.

“Hemos visto que la justicia en los últimos meses ha liberado a feminicidas, ha liberado a una serie de criminales que, pese a tener indicios de pruebas suficientes, la justicia boliviana no está actuando de manera oportuna”, aseveró Del Castillo.

Otra muerte que causó conmoción fue la de Mabel Choque, de 30 años, quien fue asesinada con cuatro puñaladas y delante de sus dos hijos, en Cochabamba. El principal sospechoso era su pareja y padre se sus hijos, Ángel E. L., de 32 años.

Según las investigaciones, el sujeto era violento y ya tenía denuncias en su contra, y acabó con la vida de la joven por celos el 4 de noviembre.

Durante el entierro, su pequeña hija se aferró al ataúd pidiendo que no la deje. “No me dejes mamá, no me abandones”, repetía entre lágrimas y dolor.

Los familiares de Mabel exigen justicia y cadena perpetua para el agresor, quien está con detención preventiva en el penal de El Abra.

Según los datos de la Policía Boliviana se tiene cerca del 90% de los casos esclarecidos y están en manos del Ministerio Público y autoridad jurisdiccional para su sentencia.

El 75% de las mujeres bolivianas sufrió violencia

La jefa de la oficina ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, lamentó que en el país el 75% de las mujeres sufriera violencia en algún momento de su vida; pero destacó que se tengan “normativas progresistas” en beneficio de esa población y que la sociedad civil y el Estado trabajen para potenciarlas.

"En el caso de Bolivia, tenemos el 75 por ciento de mujeres que han sufrido violencia (...). Bolivia es el país de Sudamérica con la tasa más alta de feminicidios, esto significa que está llevando una bandera negativa; sin embargo, Bolivia tiene un marco jurídico nacional avanzado, progresista, pero no hemos logrado que se aplique plenamente la norma. Además, que ahora se está reformando y eso significa que el Estado y la sociedad civil tienen las ganas de hacerlo mejor y potenciar lo que se tiene”, indicó.

Generalmente los feminicidios no son hechos aislados, en la mayoría de los casos existió una historia previa de maltrato sistemático. El machismo, el sentimiento de propiedad, la perspectiva de ser superiores, entre otros, son reflejos del patriarcado que en muchas ocasiones desencadena que un esposo, concubino o enamorado asesine a la mujer que alguna vez dijo amar.

La violencia hacia las mujeres se convirtió en un problema público, sistémico, cultural y estructural, que es necesario atacar de raíz. Desde el Gobierno nacional y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) se lleva adelante diversas campañas para sensibilizar a la población sobre ese flagelo, para dejar de naturalizar la violencia, mostrar que es un problema del sistema público y no del ámbito privado, que afecta a toda la sociedad y que necesita que todos se involucren en la lucha para eliminar la violencia.

El Gobierno declaró a la gestión 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”, con el objetivo de erradicar la violencia de género, por lo que se trabajará en tres ejes de acción, desde lo estructural, normativo e institucional.

Defensoría del Pueblo y su rol de apoyo

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que, durante 2021, se identificó que el 20% de las denuncias que recibió esa institución están relacionadas a una retardación del sistema de justicia.  

“Hay un exceso en la retardación de la justicia, hay una deslegitimación del Órgano Judicial y del sistema como tal a momento de atender las causas. (…). Entre la población que más acude (a la Defensoría del Pueblo) está el grupo de mujeres, está el tema de la violencia de género, está el tema de feminicidio muy vinculado al tema de justicia, porque no están encontrando una respuesta a esta problemática”, indicó.

Cuestionó que el Ministerio Público no presente un informe del avance judicial de los procesos penales que se lleva contra los acusados de feminicidio. Señaló que para presentar una gestión transparente deberían, además de dar la cantidad de feminicidios, entregar el avance de los procesos, es decir, indicar cuántos de estos ya cuentan con sentencias, cuántos están con detención preventiva o acusación.

“Que la Fiscalía, más allá de contar a las muertas, nos diga cuántos de estos casos han tenido procesos de justicia”, sentenció.

Organizaciones civiles exigen celeridad y que los feminicidios no queden en la impunidad

La representante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos Humanos, Eulogia Tapia, lamentó que, pese a las campañas y el trabajo que se hace en la prevención, las cifras de feminicidio sigan incrementándose y, sobre todo, que ahora tengan mayor brutalidad y que en esta gestión se supere nuevamente el centenar de víctimas.

“Cada día suben los casos, hay un registro que llevamos permanentemente, ahora la Fiscalía lleva un registro, antes no había esos registros, pero en el reporte que tienen la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) difiere y nuestros seguimientos difieren en cifras. No existe un registro que muestre de manera exacta, porque hay diferencia en cómo se tipifica como homicidio y en la investigación puede que se tipifique como feminicidio”, explicó.

Aseveró que, según el seguimiento que hace el observatorio, el departamento de La Paz es nuevamente el que encabeza la “lista de la vergüenza”, seguido de Santa Cruz y Cochabamba.

“El eje central es el que tiene mayores números, pero La Paz ha estado siempre en primer lugar, por eso, esto hay que exigirle al Gobernador (Santos Quispe) y a los alcaldes de La Paz, que declaren alerta y que hagan un trabajo serio en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, dijo Tapia.


 
El 'cazador' del régimen de Áñez atrapado en Estados Unidos por sobornos y lavado de dinero
El 'cazador' del régimen de Áñez atrapado en Estados Unidos por sobornos y lavado de dinero

Arturo Murillo Prijic, nació en Cochabamba el 27 de diciembre de 1963. Fue empresario, pero se dejó tentar por la política, sin saber el destino que le esperaba. Se desempeñó como diputado y senador, pero tomó mayor protagonismo tras la crisis social y estatal de 2019.

Murillo, antes de ser posesionado como ministro de Gobierno, anunció una “cacería de masistas”.

“Inmediatamente me posesionen y me ponga en reunión con la Policía (…) vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, porque es cacería, ese es un animal que está matando gente en nuestro país, no lo vamos a permitir (…). Ahora voy a operar con el Ministerio de Gobierno y esas personas que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar", advertía horas previas a su posesión; meses después, se dio a la fuga.

Murillo, junto al régimen de Jeanine Áñez obtuvo el poder por la fuerza y fue conocido por muchos como el “cazador”, por la persecución política que ejerció.

El hombre fuerte de Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, de la empresa Cóndor, pero a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones; se presume que en esa oportunidad se hizo la compra con sobreprecio de $us 2,3 millones.

Según el gobierno de facto, se adquirió ese lote para enfrentar al “terrorismo y al narcotráfico”; sin embargo, fue utilizado para reprimir a la población que reclamaba respeto a la democracia tras la crisis política y social.

“La empresa Bravo Tactical Solutions, a través de la cual empiezan a comprar con sobreprecio, y como intermediarios, las armas para reprimir al pueblo boliviano”, informó el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en mayo de 2021, cuando revelaba cómo funcionó el “Clan mafioso de Áñez”.

En octubre de 2020, tras las elecciones huyó a Estados Unidos (EEUU) para evadir a la justicia; sin embargo, en mayo fue aprehendido y encarcelado.

Está preso en Miami a la espera de su juicio oral acusado de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero.

Murillo, en complicidad con Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, presuntamente participó en el plan de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Ahora es el preso N° 02358-506 acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión y defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza y no logró hacerlo.

El 8 de diciembre, Murillo se declaró no culpable de los delitos de sobornos y lavado de dinero, por lo que se programará una nueva audiencia del juicio con jurados. 

“Ha decidido, en consulta con su defensa, declararse no culpable”, informaba en conferencia de prensa el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

Para el 18 de enero, se dará lectura a la sentencia de los cuatro implicados quienes ya se declararon culpables de manera voluntaria y sin previa negociación, sindicados por delitos de corrupción, que hacen casi imposible que Murillo pueda justificar inocencia.

“Es contundente, ante cuatro declaraciones de culpabilidad de forma voluntaria es muy difícil sostener (para Murillo), yo entiendo por lo menos, alegando supuestamente inocencia, es muy difícil de sostener”, sostuvo Chávez.

Uno de los abogados del bufete Greenber Traurig, que contrató Bolivia para seguir el caso en Miami, Daniel Pulecio, sostuvo que es posible que Murillo esté preparando su declaratoria de culpable y que junto a la fiscalía estadounidense llegue a un acuerdo para que sea evaluado por la justicia.

“Yo estimaría que es posible que, para el mes de febrero, la Corte empiece a emitir las diferentes sentencias ya con días y años en contra de cada uno de los coacusados”, aseguró cuando fue entrevistado por Bolivia Tv.

Juicio civil en contra de Murillo y sus cómplices

A su vez, el Gobierno boliviano inició un juicio civil ante tribunales de EEUU en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio por la compra de los gases lacrimógenos. La Justicia estadounidense programó este juicio para octubre de 2022.

“Nuestro juicio civil va a ser al siguiente año, en el mes de octubre, para ello todo este año tenemos que preparar y seguir el calendario procesal que ha establecido el juez del caso (…). Buscamos dos cosas, que devuelvan el dinero del sobreprecio, ahora confeso, y por otro lado que nos reparen el daño que nos han causado”, aseveró Chávez en conferencia de prensa.

Según Chávez, se pretende que los imputados devuelvan el dinero del sobreprecio de $us 2,3 millones, en su integridad, y además paguen por los daños y perjuicios que ocasionó la compra con sobreprecio.

“Que devuelvan el dinero y nos paguen los daños y perjuicios, ese dinero no era para robo, necesitábamos para (enfrentar) la pandemia (...). Eso han hecho con el país, no es cualquier caso, eso debe llegar a la conciencia de la gente, para ver cómo gobierna la derecha, así, robando gobierna la derecha”, reprochó la autoridad.


2021 y la vigencia plena de la libertad de expresión en Bolivia
2021 y la vigencia plena de la libertad de expresión en Bolivia

En su primer año de mandato, el gobierno del presidente Luis Arce recuperó la libertad de expresión que le fue conculcada al pueblo durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, con medidas como la reinstalación del derecho a la información, el relanzamiento de los medios de comunicación estatales y la reapertura de radios de los pueblos originarios desmantelados y cerrados durante 2020.

"Eso está garantizado por la Constitución Política del Estado, eso no se va a atropellar desde ningún punto de vista", dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, apenas fue posesionada y cumplió con lo prometido. 

En ese marco, el Gobierno nacional trabajó en el impulso de una política de comunicación para amplificar el derecho a la información, sobre la base del principio de puertas abiertas.

El siguiente paso fue el relanzamiento de los medios de comunicación del Estado para que estén una vez más al servicio de la ciudadanía, una vez superada la crisis que causó su administración durante el régimen de facto.

El Viceministerio de Comunicación, por otro lado, fortaleció el Sistema de Radios de los Pueblos Originarios (RPO's) con su equipamiento y la reinstalación de 43 estaciones radiales comunitarias, que fue necesario porque casi quedó desmantelado por completo durante el gobierno de Áñez y era preciso devolverle al pueblo indígena campesino originario el derecho a la comunicación e información.

En medios de esas tareas, se formalizó una denuncia en el Ministerio Público por el daño económico ocasionado durante el régimen de Jeanine Áñez a los medios del Estado, que alcanzó los Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

Casi al final de la gestión, la viceministra Alcón acordó con los directores de casi 100 medios de comunicación, privados y estatales, la creación de mesas de trabajo para analizar propuestas que permitan luchar contra la desinformación en el país.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar, calificó este año “como muy positivo” por la garantía de la libertad de expresión e información, lo que es significativo para los trabajadores del gremio.

“Una de las tareas que había señalado el presidente Luis Arce Catacora es que a partir de la asunción de él como presidente se iba a respetar el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de información. Y, efectivamente, para que sepa la comunidad internacional, en la actualidad en Bolivia no hay ningún tipo de restricción a la labor que realizamos los trabajadores de la prensa”, aseveró.

El dirigente recordó que el panorama actual difiere de lo sucedido durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, porque en ese lapso se tuvo restricciones y censuras aplicadas contra varios medios de comunicación y el cierre de las RPO´s, hechos que calificó como “muy preocupantes”.

El régimen pasado provocó también que haya periodistas hostigados, perseguidos y con procesos judiciales, además de que se comenzó a cercenarles el acceso al pauteo publicitario porque no correspondían a la línea política de los gobernantes de turno, complementó.

Días después de que Áñez se proclamara presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos.

“Aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó Lizárraga en aquella oportunidad.

Sobre esas vulneraciones, Aguilar acotó: “varios de nuestros compañeros que permanentemente señalaban que en Bolivia había un proceso o se había agendado un golpe de Estado, de manera inmediata éramos señalados, tildados de terroristas, de conspiradores, nos señalaban que éramos masistas y que esa gente no debería tener el espacio y el lugar. Empezaron a cercenarnos nuestra comunicación incluso, a cerrar las fuentes informativas, etcétera”, rememoró.

El titular de la CSTPB manifestó que la prevalencia de la libertad de expresión debe continuar con una comunicación fluida y la coordinación de acciones entre el Gobierno nacional y el gremio de manera clara y transparente.


“Niñas, no madres”: El caso que conmocionó a Bolivia y abrió el debate sobre el aborto
“Niñas, no madres”: El caso que conmocionó a Bolivia y abrió el debate sobre el aborto

En el año que termina, el embarazo de una niña de 11 años abusada sexualmente por su abuelastro de 61 años en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz, conmocionó al país.

El caso provocó que las autoridades gubernamentales intervengan porque los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní no actuaron para proteger los derechos de la menor, además de que la madre y algunos representantes de la Iglesia Católica se opusieron a la aplicación de la medida jurídica e incluso la llevaron a un centro de acogida para que diera a luz.

En el marco de los esfuerzos gubernamentales, el Ministerio de Salud y Deportes conformó, por su lado, un equipo multidisciplinario de 10 profesionales en el área de la medicina para valorar la salud de la niña, a fin de que se brinde un informe técnico para que se tome una decisión.

El equipo de especialistas fue integrado por psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, trabajadora social, profesionales del área de auditoría y calidad, responsable competente de violencia y otros.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, abogó también por el respeto de los derechos fudamentales de la niña.

"Las niñas son niñas, no son madres. Nosotros vivimos en un Estado laico y, por supuesto, a nivel internacional, se considera que el embarazo de una menor es una forma de tortura", señaló.

El representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en Cochabamba, Edwin Claros, dijo que la intervención institucional era necesaria, porque está vigente la Sentencia Constitucional 206/2014, que establece “que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en casos que el embarazo sea producto de violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano), estupro cuando la víctima es una menor de edad o cuando la vida de la mujer corre peligro”. “Como APDHB estamos de acuerdo con estas opciones”, sostuvo.

 

El experto en derechos humanos dijo, sin embargo, que la normativa en general no se cumple por cuestiones éticas y morales, por lo que incluso se llega a “tapar” centenares de casos a nivel nacional, por lo que recomendó que el debate sobre el tema de la aplicación de la interrupción legal del embarazo sea reabierto con miras a tener políticas públicas “claras”, así como medidas preventivas y de protección de menores víctimas de violación para que las leyes no queden como enunciados.

La niña fue sometida a la interrupción de su embarazo por su propia decisión, conjuntamente con la madre, en el marco del resguardo a su derecho a la vida y a la integridad, por lo que quedó en condiciones de continuar con su vida.

 


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