El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) intensificaron este viernes los operativos y verificativos de control en los productos que se comercializan para las fiestas de Año Nuevo. 

En esta oportunidad, el control inició en la avenida Manco Kapac de la ciudad de La Paz, donde se comercializan bebidas alcohólicas, para verificar que estos productos cuenten con registro sanitario, no sean adulterados y tengan calidad.

“(Se realiza el operativo) con el propósito de ver si son bebidas que cuentan con el registro sanitario, si son bebidas que no han sido falsificadas en su envase, en sus etiquetas. (…) Tenemos que proteger los derechos de los usuarios y los consumidores, (además) de restituir derechos que hayan sido vulnerados”, aseveró el viceministro de esa cartera, Jorge Silva.

Indicó que estos controles se realizarán en diferentes puntos de la ciudad e indicó que en caso de encontrar lugares donde se comercialicen productos adulterados, la Intendencia Municipal es la encargada de realizar el decomiso respectivo. 

“El Senasag tiene la obligación de controlar si estas bebidas tienen registro sanitario y si no la tienen deben convocar a las intendencias municipales para cumplir el decomiso (…). Vamos a exigir que la alcaldía cumpla su rol, tiene que proceder al decomiso de estos productos, nosotros no tenemos competencias para decomisar productos, porque no está dentro de la ley”, dijo.

Este viceministerio habilitó la línea gratuita 800 100202 para recibir denuncias de los usuarios.

De 27 policías denunciados por su participación en el motín de 2019, por ultrajar símbolos nacionales y promover entonces el racismo y la discriminación, 14 uniformados fueron dados de baja de forma definitiva, es decir, fueron alejados de la institución verde olivo.

Uno de los últimos expulsados de la Policía fue el mayor Daniel Gualberto Capriles Sánchez, acusado por instigar el motín de 2019, en coordinación con el grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), informó el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori Yana.

El 18 de enero de 2021, el viceministro Condori formalizó la denuncia en contra de 27 servidores públicos policiales, por diferentes faltas administrativas que generaron y promovieron el racismo y discriminación, mismas que fueron denunciadas ante el sistema disciplinario de la Fiscalía Policial.

Hasta el miércoles 30 de diciembre, 14 uniformados fueron dados de baja de manera definitiva de la Policía, informó el viceministro, quien dijo que los casos señalados, de ninguna manera pueden ser considerados como “persecuciones”, sino sanciones a algunos malos uniformados que se amotinaron en hechos que “nunca más puedan suceder en el Estado Plurinacional”.

Según reportes de la Dirección General de la Oficina de Control Interno, entre otras destituciones definitivas se encuentran las del capitán José Vargas Barrón.

En este caso, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, explicó que el exoficial tuvo una participación protagónica en la ruptura constitucional, según imágenes y una denuncia.

“Él tiene una identificación. Hay muchas fotografías que está con la Resistencia Juvenil Cochala, que eso ha sido adjuntado. Se ha hecho las pericias y los desdoblajes pertinentes”, sostuvo.

El 25 de octubre, el Tribunal Disciplinario de la Policía de Chuquisaca determinó la baja de la suboficial Cecilia Calani, quien enfrentó al menos cinco procesos disciplinarios por faltas graves y gravísimas ante un tribunal interno por haber liderado el amotinamiento policial durante los conflictos de noviembre de 2019, cuando varios sectores movilizados presionaron para la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El 5 de octubre, el mayor de Policía, Jorge Salazar Ramírez, fue dado de baja por el Tribunal Disciplinario de Cochabamba por su participación en el motín policial de noviembre de 2019.

Se observó que el exoficial atentó también contra un símbolo patrio al arrancar de su uniforme la wiphala.

El 30 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de La Paz dispuso la baja definitiva del mayor Edwin Silva García por su participación en el motín de 2019. “Resuelve dictar la resolución sancionatoria de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación contra el sr. My. Edwin Silva García”, señala la resolución del caso.

La decisión fue tomada en observancia a la transgresión de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

El 28 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de Cochabamba, dispuso la baja definitiva sin derecho a reincorporación de la capitana Ivonne Edith Barrenechea Arispe, por haber sido parte del motín en 2019.

De acuerdo con la Resolución Administrativa 130/2021, se emitió la sanción por falta grave prevista en el artículo 13, numeral 15 y el artículo 14, numeral tres de la Ley 101. “Imponiéndole en consecuencia la máxima sanción prevista en los artículos 14 de la Ley 101, es decir, baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación”, menciona la resolución del caso.

El 25 de septiembre, el coronel Aníbal Rivas recibió su baja definitiva por el caso del motín policial.

El 16 de septiembre, La Razón informó que el mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales fue sancionado con la baja definitiva por su participación en el motín en Cochabamba y haber retirado de su uniforme la wiphala.

La sanción se le impuso por incurrir en faltas graves: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión” e “incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial”, según la publicación.

El 10 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana ordenó la baja definitiva del capitán Marcelo Gutiérrez por el caso del motín, según declaraciones de su abogado, Gary Yugar, a un canal de televisión.

El 4 de septiembre, el Tribunal Disciplinario determinó dar de baja al teniente coronel Nelson Flores Claros por haber liderado el motín de 2019 en Cochabamba, desde la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.

“Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana dicta resolución sancionatoria en contra del Tcnl. Nelson Flores Claros por haber cometido la falta gravísima prevista en el artículo 13 numeral 15, y el artículo 14 numeral 3 y numeral 10 de la Ley 101, imponiéndole en consecuencia la máxima sanción prevista en el artículo 14 de la Ley 101, es decir: Baja Definitiva de la Institución sin derecho a reincorporación”, reseña la resolución.

El 3 de septiembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, fue dado de baja de forma definitiva, por la comisión de faltas graves como el “instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión”.

Se lo alejó de la Policía también por recurrir a influencias o recomendaciones para obtener destinos u otras prebendas en beneficio personal o de terceros.

La decisión, dijo, fue asumida por el Tribunal Disciplinario de la Policía de La Paz en contra del General que estuvo al mando de la Policía en los días previos al golpe de Estado de 2019.

El 5 de marzo, Del Castillo informó que el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas, fue dado de baja definitiva de la Policía.

Procesados por delitos

Además de ellos, un juez dictó prisión preventiva para el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, a quien se le imputan los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves asociados a la masacre de Senkata suscitada en 2019.

El excomandante de Cochabamba, Jaime Zurita, cumple medidas sustitutivas en el marco de las investigaciones sobre la masacre de Sacaba y el excomandante policial Javier Fuad Vaca, que fue recluido por las muertes en la zona Sur, falleció.

Militares detenidos

Los exjefes militares Flavio Arce San Martín, Jorge Pastor Mendieta, Jorge Gonzalo Terceros y Palmiro Gonzalo Jarjury están detenidos preventivamente por los casos golpe de Estado I y II. Los uniformados eran parte del Alto Mando Militar presidido por el general Williams Kaliman.

En julio de 2021, fue detenido el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, por las investigaciones judiciales al golpe de Estado de noviembre de 2019 y las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata.

Guerra Camacho junto a dos excomandantes y el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Fernando Valverde, está acusado por la violencia y los 10 muertos por impactos de bala en Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019, informó Telesur.

El 22 de julio, el excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja fue aprehendido en Cochabamba en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia de 2019.

El 2 de diciembre, la Fiscalía y la Policía detuvieron al contralmirante Aldo Bravo Méndez, exinspector de las Fuerzas Armadas involucrado en las masacres tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

En Santa Cruz se develó el mayor escándalo de corrupción de la última década, la Fiscalía inició la investigación ante una denuncia por el cobro de 800 ítems fantasmas en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, durante la gestión de Percy Fernández; sin embargo, a medida que fue avanzado la misma se fueron incrementando los casos, llegando hasta la gestión interina de Angélica Sosa.

Lo que comenzó como un problema familiar, entre Antonio Parada Vaca y su exesposa Valeria Rodríguez, quien lo demandó por violencia patrimonial y económica, destapó lo que ahora es un mega escandaló de corrupción que causó un daño millonario a las arcas del Estado.

Se presume que en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa se crearon los “ítems fantasmas” con el propósito de desviar los recursos del Estado, beneficiar a los cívicos y opositores, además de favorecer a clanes familiares y amigos. Entre los involucrados está el actual gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

El 30 de noviembre, Rodríguez hizo pública una denuncia en contra de su exesposo Antonio “Tony” Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos del municipio cruceño por la supuesta conformación de una red delictiva para el cobro mensual de 800 ítems fantasmas.

Develó que en el entretecho de la casa que compartía con Tony Parada encontró un conjunto de documentos personales sobre apertura de cuentas bancarias, transferencias, contratos, sellos, entre otros.

Rodríguez presentó ante la Fiscalía las pruebas y adjuntó una millonaria transferencia de “Tony” de $us 1.200.000 a Estados Unidos (EEUU), cuando su salario como director de Recursos Humanos no superaba los Bs 11.000, mensualmente.

“Eran como 800 ítems fantasmas sólo de él (Antonio Parada); él, como director, se guardaba el dinero con tres personas más (…), como director con un sueldo de 11.000 (bolivianos), que es imposible decir que pueda tener las 18 movilidades que tiene, los cinco inmuebles que tiene, más los terrenos y todo lo que se ha encontrado. Los bienes en Estados Unidos, son mansiones de lujo y se lo hemos puesto en bandeja de oro a la Fiscalía, porque yo no voy a ser cómplice de una red de maleantes tan grande”, denunciaba Valeria Rodríguez a los medios de comunicación en Santa Cruz.

Represalias de Camacho

Valeria fungía como ejecutiva de la gobernación cruceña, tras hacerse pública esta denuncia, la institución comandada por Camacho pidió su renuncia, por lo que ella sufrió una descompensación en su salud y fue hospitalizada.

“Me hablaron de la Gobernación, me han estado buscando desde el lunes con mi carta de renuncia hecha para que la firme y por ahí creí que gente que nunca me daría la espalda, ahora me la está dando”, indicó a Bolivia Tv desde la cama de un centro hospitalario.

El 3 de diciembre, la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio y envió una comisión especial de fiscales desde la ciudad de Sucre a Santa Cruz, para realizar una inspección y supervisar las investigaciones en el caso.

La investigación inicial fue contra Parada Vaca, principal implicado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló que ningún caso de corrupción quedará en la impunidad, por lo que a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se constituyó en parte querellante.

Calvo arregló el ingreso de Parada al municipio cruceño

El 6 de diciembre, Parada, el principal sindicado, develó que el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, durante su gestión interina en el municipio cruceño, fue quien lo contrató por influencia de su exsuegra, Romy Paz, quien era concejal.

“Mi memorándum de ingreso es del 20 de mayo de 2004, lo firma el doctor Rómulo Calvo que ejercía como alcalde interino; en ese entonces mi exsuegra (Romy Paz) era concejal municipal, admito que ella me dio una mano”, develó en una entrevista con el portal Detrás de la Verdad.

Parada trabajó en el municipio cruceño durante 16 años y poco a poco fue ocupando cargos jerárquicos en la alcaldía.

La comisión de fiscales en Santa Cruz empezó a investigar a su entorno, entre ellos a Javier Carrasco, Javier Cedeño y Julio Cesar Herbas.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Antonio y su hermano Guillermo Parada Vaca, horas después se conoció que Tony había salido del país.

Aprehendidos en las investigaciones

A medida que avanzaron las investigaciones se fue develando que en el municipio cruceño se estructuró una red de corrupción y que Parada Vaca solo es “la punta de un iceberg” de años de corrupción.

El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Ever Mérida, calculó que cada año, por los ítems fantasmas, se produjo un daño de al menos Bs 48 millones.

Julio Cesar Herbas, exasesor de Contrataciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, quien trabajó con Parada, fue aprehendido e imputado. El exfuncionario aceptó que llevó a personas para que se contactarán con Parada, pero indicó que lo hacía bajo amenazas.

Asimismo, su esposa Mery Balcázar se vio involucrada en la red de corrupción porque se presume que habría tenido una participación en la creación de cuentas bancarias para los ítems fantasmas y la distribución de tarjetas.

La comisión de fiscales presentó las pruebas en contra de ese exfuncionario ante el juez cautelar por los presuntos delitos de conducta antieconómica, legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al Estado. Por este motivo, el 12 de diciembre fue enviado con detención preventiva por el lapso de seis meses al penal de Palmasola.

Según la declaración de testigos, Herbas era el encargado de “reclutar” gente para que ingrese al municipio cruceño, sin cumplir funciones y recibiendo un porcentaje del salario.

El segundo aprehendido en el caso es el funcionario Javier Cedeño, quien en su declaración ante el juez reveló vínculos de la exalcaldesa Sosa y su esposo, acusándola de organizar la presunta red de corrupción.

Además, detalló que los ítems fantasmas no solo fueron para la campaña política, sino que también llegaron a beneficiar a dirigentes de algunas organizaciones vecinales.

“El POA lo aprueba el Concejo Municipal, pero ¿quién da la bendición? Es el Comité de Vigilancia, que son los representantes vecinales de los 15 distritos, estos 15 eran personas que no marcaban y figuraban como funcionarios, ellos ganaban hasta Bs 15.000; en algunos casos eran los dirigentes o eran sus familiares”, indicó Cedeño.

Tras su audiencia fue enviado a Palmasola, también por seis meses.

La tercera aprehendida en el marco de las investigaciones fue Sosa, quien fue involucrada por los aprehendidos. Durante su declaración, a su vez, involucró a Jhonny Fernández, actual alcalde de Santa Cruz, por un presunto acuerdo de gobernabilidad entre Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con el alcalde Percy Fernández a cambio de 600 ítems.

La comisión de fiscales argumentó los probables riesgos de fuga y la probable obstaculización de Sosa en el proceso de las investigaciones, por lo que, tras su audiencia de medidas cautelares, el juez determinó que sea detenida de manera preventiva por el lapso de 180 días, en el penal de Palmasola, por su presunta participación en la creación de ítems fantasmas.

Antonio y su hermano Guillermo Parada, prófugos de la justicia, están en Curumba (Brasil) donde solicitaron refugio y argumentaron que son perseguidos políticos. En tanto, el Gobierno nacional solicitó a la Interpol que active el sello azul para dar con su ubicación.

Logias cruceñas en búsqueda de poder

El analista político y exministro Reymi Ferreira explicó que este caso demuestra la existencia de vínculos, no solamente en el municipio, sino en la Gobernación de Santa Cruz, en algunas cooperativas cruceñas, con grupos de poder y logias que pretenden tapar la corrupción con la bandera del cruceñismo.

“Hay, además, una vinculación con la gobernación, posiblemente con la cooperativa, inclusive, repito, con operadores de justicia, que tienen que ver en el tema de la alcaldía”, dijo.

Según el especialista, y por las pruebas que existen en los diferentes medios de comunicación, se presume que parte del dinero de los ítems fantasmas fue destinado a pagar las movilizaciones de los 21 días en la crisis social de 2019, cuando el municipio apoyó las movilizaciones con ollas comunes.

“En las movilizaciones de noviembre de 2019 (…) la Alcaldía financió ollas comunes, equipo logístico, movilización. Si lo hizo institucionalmente, me parece que es incorrecto porque los fondos públicos municipales no son para eso y si hubiese sido de forma subterránea, posiblemente sea explicado”, sostuvo.

Asimismo, el analista cruceño Ernesto Salvatierra consideró que detrás de esa “red de corrupción” están involucrados los opositores que pertenecen al partido de Creemos y los operadores políticos que están en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ahora dirigido por Calvo.

“Tanta gente trabajando, ¿de dónde (sacaron) plata para la campaña si el partido (Creemos) era nuevo? Tanto hablan de Santa Cruz, que nos roban desde el centralismo, entonces ellos querían un centralismo para robar desde acá, no le tuvieron pena a la gente”, reprochó.

Lamentó que los asambleístas y representantes cruceños de oposición no se pronuncien ante los presuntos hechos de corrupción. Indicó que la población está muy molesta al descubrir que fue utilizada por grupos de élite que solo desean el poder.

“Con razón nos encerraron por nueve días este año, para defender todo este tema de ganancias mal habidas, robándole al pueblo, mintiéndole a la gente a título de defensa de Santa Cruz. Ahora, ¿por qué no hay cabildos para defender la plata? La gente está cabreada, los utilizaron y les robaron. Al igual que en 2019, los utilizaron para tumbar a un Gobierno constitucional y meter una pandilla de delincuentes que lo único que hicieron fue robar”, reclamó el analista.

Según Salvatierra, se estima que en la campaña se utilizó alrededor de $us 8 millones para las caravanas que movilizó el partido de Camacho, tanto para las elecciones nacionales como subnacionales.

Según la declaración de testigos protegidos por la Fiscalía, señalaron que parte del dinero de los ítems fantasmas habría sido para costear la campaña política de la alianza entre Angélica Sosa a la Alcaldía y candidatos a diputados de Camacho, según un documento al que tuvo acceso Bolivia Tv.

Tras las investigaciones de los fiscales, día a día van saliendo nuevos hechos irregulares como ser 1.205 “contratos fantasmas” durante la gestión interina de Sosa, que fueron detectados por la administración de Jhonny Fernández; dicha denuncia fue admitida y será investigada.

La comisión de fiscales también investiga la presunta creación de 47 ítems fantasmas en la alcaldía de Warnes.

Se detectó que en la gestión 2020, Antonio Parada Vaca también trabajó en la Caja Nacional de Salud (CNS), filial La Paz, donde se detectaron “contratos fantasmas”. La investigación fue abierta por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.

Hasta la fecha se tiene a 10 personas sindicadas, entre funcionarios y exfuncionarios, y cuatro personas fueron enviadas con detención preventiva por seis meses, en tanto se investiga esta red.

El 17 de agosto de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe final sobre los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, con 11 conclusiones que incluyen la calificación de masacres a lo ocurrido en las regiones de Sacaba y Senkata y 36 recomendaciones que enfatizan la necesidad de sancionar a los autores y resarcir los daños a las familias de fallecidos, heridos, perseguidos y torturados.

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, dijo la experta del GIEI-Bolivia, Patricia Tapatá, en la presentación del documento.

Según las conclusiones del texto, en el último trimestre de 2019, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia. Al menos, 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.

Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que terminaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado.

Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.

En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.

“La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”, enfatizó el texto.

Asimismo, indicó que las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia.

La administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación.

Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de derecho.

Por esta razón, es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares. Sin embargo, estos procesos no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida, o en la vida de las familias que aún están en duelo por los ausentes.

El GIEI-Bolivia observó, además, la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.

Una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo, que se expresa en asambleas, cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales. En la base de esos movimientos sociales, que procuran incidir en el aparato del Estado, hay demandas más amplias de igualdad económica y geográfica, por ampliación de la participación política y del reconocimiento de identidades, que muchas veces generan conflictos entre grupos.

Es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático, aún por construir, que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica. Trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta.

El derecho a la vida y a una vida digna pertenece a todos los habitantes de Bolivia por igual. Además de procurar procedimientos pacíficos para procesar reivindicaciones y desacuerdos, la justicia tiene un rol en esa necesaria conciliación que garantice la igualdad.

“Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– explícita y compartida entre las autoridades del Estado Plurinacional, para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes, pero, sobre todo, políticas de mediano y largo plazo, diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos”, agregó el texto oficial.

Entre las recomendaciones principales, el GIEI-Bolivia planteó adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019, así como otorgar las medidas que establece el mencionado plan de atención y reparación integral a las víctimas; diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista; y que se incorpore un procedimiento para realizar un “censo” de víctimas, conforme al principio de universalidad.

Asimismo, propuso promover actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos, apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar las memorias de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos.

Por otra parte, recomendó implementar todas las sugerencias relativas al funcionamiento del sistema de justicia, investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares.

Sugirió, tambíén, que el Ministerio Público considere los planes de investigación formulados en el Capítulo VI del informe, evalúe la posible asociación de casos, y desarrolle una estrategia de investigación conjunta y articulada de hechos relacionados entre sí, con miras a garantizar la celeridad y eficacia del trabajo investigativo.

“Que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”, añadió.

En otro acápite, planteó que las investigaciones sean iniciadas de oficio y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes, además de que se garantice el derecho de las víctimas a participar en la investigación y en el proceso penal, directamente o a través de sus representantes legales y asegurando la protección de su integridad y seguridad.

“Que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019. En especial, que estos grupos: a) estén integrados primordialmente por fiscales de carrera con dedicación y competencia exclusiva y con formación en la protección de derechos humanos; b) tengan los recursos logísticos y científicos necesarios para su adecuado funcionamiento, así como autonomía e independencia de gestión”, complementó.

Además, recomendó que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, examinando las líneas de investigación y la conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso.

“Se recomienda que, con base en este análisis, se determinen cuáles casos con denuncias rechazadas, archivados o sobreseídos deben ser reactivados, así como cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas”, acotó.

Propuso, por otro lado, que el Ministerio Público incluya en su estrategia de priorización de investigación los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género, tales como los documentados en este informe, y asegure que los operadores de justicia involucrados en estos casos tengan conocimiento especializado, actúen con la debida diligencia y prioricen el bienestar y la protección de la víctima.

En el caso del Órgano Judicial, planteó que se haga un control permanente de las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relación a las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía; y que se garantice la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares.

El GIEI sugirió, también, que cada una de las instituciones públicas preste la más amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones.

En especial, que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo relativo al informe.