(Foto: UAGRM)

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Saúl Salazar, informó este martes que esta unidad aprehendió a dos sujetos involucrados en un presunto hecho de corrupción en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). En esta oportunidad se investigan “becas fantasmas” y se tiene a dos víctimas, quienes pertenecen a la facultad de Derecho. 

“El departamento especializado de Lucha Contra la Corrupción, ha tenido conocimiento el día de ayer (lunes) de unas supuestas becas fantasmas, (…) es decir que los estudiantes habrían realizado trámites para obtener este tipo de beneficio acá, de la facultad de Derecho; sin embargo, realizado un registro del lugar (y) de las instalaciones se puede verificar y se tienen elementos de convicción de que unos terceros involucrados habrían cobrado estas becas”, informó el jefe policial a los medios de comunicación cruceños. 

El jefe policial explicó que en esta universidad cruceña se creó un mecanismo para que los estudiantes que se beneficiaban de la beca trabajo solo perciban una remuneración de Bs 200, cuando el pago por esta beca era de Bs 3.500. Se presume que el resto era desviado para otros implicados.

“Con estas becas trabajo en el momento que (se) cobraba un monto de 3.500 bolivianos, solo se daba al estudiante 200 bolivianos y el restante se daba a estas personas, el caso está en etapa investigativa (…) tenemos dos aprehendidos, tenemos dos víctimas”, detalló.

Aseveró que esta investigación está todavía en la etapa preliminar y que las víctimas están declarando en la Fiscalía departamental. Dijo que el Ministerio Público dará a conocer los resultados y avances de la investigación. 

Además, invitó a las personas que hayan sido víctimas de estas presuntas “becas fantasmas” a apersonarse a la Fiscalía, al tercer piso, para prestar su declaración informativa en calidad de testigos. Aseguró que se les dará la protección necesaria.

“Son estudiantes que han sido engañados, que presten su declaración informativa y, obviamente, la Policía y el Ministerio Público les va a brindar la protección necesaria”, aseveró.

Esta investigación se realiza por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito de particulares, con afectación al Estado”.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron la destrucción de cinco pistas clandestinas que eran utilizada por grupos criminales para el transporte de sustancias controladas en el norte del departamento de La Paz.

(Foto: RRSS Federico Morón)

El concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra por Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, develó una nueva lista de 7.335 contratos laborales de la gestión de Angélica Sosa, de los cuales, 4.195 fueron observados porque tuvieron un cierto aval político, por lo que fueron presentados ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se realizan en el caso “ítems fantasmas”.

“La lista en particular que entregue a la Fiscalía que habla de 7.335 contratos laborales y de estos 4.195 tienen una observación. ¿Qué significa está observación? que dentro de una casilla ellos ponían (...) que se usaba con una caja de favores”, indicó el concejal, en entrevista con Bolivia TV.

La lista que presentó Morón fue observada porque se detectó un posible aval político, con cierta cantidad de contratos que fueron destinados a los exconcejales, familiares, autoridades de partidos políticos, control electoral, entre otros. En esta nómina se observa a la persona beneficiaria, su salario y la entidad donde trabaja, e incluso muchas personas aún estarían en la Alcaldía.

“Ponían, a la derecha, la cantidad de cargos para el exconcejal, para el familiar de una autoridad, para el partido político, para este control electoral, para este grupo de avanzada en campaña, porque la lista que yo tengo es de 2020, diciembre, a 2021, de diciembre, es decir todavía hay contratos vigentes”, detalló.

Aseguró que la declaración del exfuncionario Javier Cedeño, quien guarda detención preventiva en Palmasola, valida su lista porque dio detalles e indicó que el señor Juan José Dorado, yerno de Sosa, tenía contratos a su nombre.

“Una de las cosas que valida mi lista, es justamente la última declaración de Javier Cedeño, donde dice puntualmente que el yerno de la señora Sosa, Juan José Dorado, tiene 150 contratos a su nombre y en mi lista (…) el señor Dorado tiene 154 contratos”, acotó.

Explicó que en su lista no detalló los nombres porque la Fiscalía le pidió no hacerlo para no invalidarla, y que solo se nombró a los más importantes y relevantes a medida que avanza la investigación. Ahora, esta lista es analizada por la Fiscalía.

“Casi todos los exconcejales tenían su cantidad de contratos entregada por el Ejecutivo”, condenó.

Según un reporte de BTV, en dicha lista existen exautoridades como Joaquín Crapuzzi, quien supuestamente avaló a dos personas para la Secretaría de Salud, entre otros implicados.

Morón indicó que hablar de los 800 ítems fantasma es un error por es un número mayor y también son contratos laborales de personas que sí existen y que deben ser investigados, además de las contrataciones directas, licitaciones, entre otros.

Lamentó que en esa gestión se haya dado estos contratos con la condición de no fiscalizar y apoyar la gestión. “Estamos en la punta del iceberg”, acotó.

La activista de la Plataforma 21, Xiomara Klinsky, aseveró que hace dos años ya hicieron una denuncia ante la Fiscalía departamental para que declaren al alcalde de ese entonces, Percy Fernández, como un apersona incapaz; además de acusar a Angélica Sosa por aprovecharse de la situación ya que gente ligada a ella ofrecía ítems a cambio de silencio.

“Hace dos años nosotros, como plataforma ciudadana, hemos presentado denuncia a la Fiscalía departamental para que se lo declare al ingeniero Percy Fernández como una persona incapaz. Hemos denunciado a la arquitecta Angélica Sosa muchísimas veces, justamente, por el artículo 342 del Código de Procedimiento Penal que indica engaño, persona incapaz. Ahora, el tiempo nos da la razón y bueno, ahora es que la familia y el abogado del ingeniero Percy Fernández busca cómo deslindar al ingeniero Fernández de las responsabilidades que ahora están a su cargo”, denunció la activista en declaraciones difundidas este martes por Bolivia TV.

Detalló que en esa oportunidad se contactaron con ella para que no haga las denuncias y a cambio le ofrecieron contratos e ítems, tanto para ella como para la gente de la plataforma ciudadana, y que de esta manera ganen dinero sin tener que trabajar.

“Trataron de callarme en ese entonces, por gente de la arquitecta Angélica Sosa para ofrecerme este tipo de ítems, para ofrecerme este tipo de contratos sin que yo vaya a trabajar, para mi gente de la plataforma sin que vayan a trabajar”, reprochó.

Explicó que las personas que se comunicaron con ella en reiteradas oportunidades, le pidieron que guarde silencio y les dejen terminar la gestión, porque era poco lo que les quedaba en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. 

“¿Cuánto es lo que usted quiere?, ¿cuántos ítems?, ¿con cuánto dinero?, déjenos terminar la gestión, ya nos queda poco”, le decían por teléfono, según relató.