La fiscal anticorrupción, Rosemary Barrientos, informó este miércoles que en el caso de las investigaciones de las “becas fantasmas” se tiene a tres personas aprehendidas, uno de ello es el Jefe de Finanzas de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), identificado como Rubén G., quien tendrá su audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Cuarto de Anticorrupción.

“Se lo tiene identificado, como uno de los principales autores, al jefe de Finanzas, el licenciado Rubén G., el que ha sido aprehendido el día de ayer (martes) y será puesto a disposición del juez cautelar en el trascurso de esta tarde”, aseveró la fiscal a la prensa.

Explicó que el funcionario público fue imputado por los presuntos delitos de beneficio en razón del cargo, uso indebido e influencias y otros. Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, el supuesto hecho de corrupción se realizó desde el mes de septiembre.

“El día de ayer (martes) se procedió a hacer un registro del lugar de los hechos en la Universidad Gabriel René Moreno a raíz de que, una noche antes, se tomó conocimiento de que se estrían dando becas trabajo dentro de la universidad de manera irregular, esto en el sentido que los denominados becarios no eran estudiantes, no cumplían con el perfil necesario para ser benefactores de la beca”, indicó Barrientos.

Los otros dos involucrados son dirigentes universitarios y son quienes recibían el dinero; serán imputados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

Aseveró que con ese presunto mecanismo de becas trabajo los estudiantes que se beneficiaban solo perciban una remuneración de Bs 200 por “prestar su firma”, cuando el pago por la beca era de Bs 3.500 y los dirigentes se beneficiaban del mismo. Se presume que los dirigentes fueron contratados “para realizar un trabajo ficticio” por el funcionario público.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó este miércoles que en el marco de las investigaciones del caso “ítems fantasmas” en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, se convocará al actual alcalde, Jhonny Fernández, para que declare ante la comisión de fiscales en calidad de testigo.

“Va a ser convocado el señor Jhonny Fernández por la comisión de fiscales”, aseveró en conferencia de prensa. 

Lanchipa indicó que la comisión especial de fiscales, que se trasladó desde la ciudad de Sucre hasta Santa Cruz, realiza la supervisión de las investigaciones y hará la evaluación respectiva.

La autoridad evitó brindar mayores detalles debido a la reserva del caso, que fue determinada por la autoridad jurisdiccional con el objetivo de no entorpecer las investigaciones.

“No podemos anticipar mayores elementos en este caso, habida cuenta que se han declarado en reserva las investigaciones”, indicó.

La abogada Nadesdha Guevara presentó una denuncia penal contra la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por detenciones ilegales y tortura a 54 personas durante la crisis social y política que vivió el país entre noviembre de 2019 y parte de 2020.

"La Fiscalía ya aceptó esta denuncia y determinó quiénes serán el fiscal y el investigador", detalló Guevara, según la agencia de noticias Europa Press.

La jurista indicó que la demanda se ampliará contra los autores de presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante la administración de Áñez.

Este es el cuarto proceso penal que debe enfrentar la exmandataria, quien está recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores desde marzo de este año.

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este miércoles que se instruyó la ampliación de la inspección técnica vehicular hasta el 31 de enero de 2022 en todo el territorio nacional.

“El señor ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) acaba de instruirme la ampliación de este plazo hasta el 31 de enero (2022). Como sabemos, la inspección técnica de vehículos tiene como objetivo comprobar que los vehículos mantengan condiciones de seguridad, superiores a los mínimos exigidos”, aseveró el jefe policial en contacto con radio Panamericana. 

Explicó que se tomó la decisión porque una gran parte de los vehículos muchas veces están descuidados y no tienen los controles mínimos, por lo que exhortó a los conductores a acudir a las inspecciones, porque la principal causa en los accidentes de tránsito es la falla en los motorizados.

“Lo que pretendemos con esas inspecciones es, en lo posible, evitar los accidentes fundamentalmente por causas técnicas”, acotó.

Aguilera aseveró que en los puestos de control se hace la revisión de vehículos de uso privado y de uso particular. Además de motorizados transporte libre, y principalmente transporte escolar y de mercadería.

Los conductores deben cumplir con los siguientes requisitos: comprobante del depósito bancario de Bs 30, licencia de conducir, fotocopia del RUAT, presencia del motorizado en buenas condiciones y fotocopia de cédula de identidad del propietario.

Además, el vehículo debe contar con su llanta de auxilio, triángulo, botiquín de primeros auxilios y un extintor de fuego.