La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, anunció este miércoles la suspensión de las autorizaciones para las fiestas de Año Nuevo. Además, envió un proyecto al Concejo Municipal para que se decrete “ley seca” por diez días, periodo en el que se prohibirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la urbe alteña.

“Comunicar a toda la población alteña que las fiestas de fin de año en la ciudad de El Alto quedan suspendidas, así que llamamos a reflexionar a todos los dueños de los locales, de los centros nocturnos, que las actividades de fin de año están totalmente suspendidas”, indicó Copa en conferencia de prensa.

Asimismo, advirtió que los centros nocturnos y locales que no acaten la disposición municipal serán clausurados y tendrán multas económicas.

“Estamos enviando una ley seca al Concejo Municipal para su aprobación, está va tener una duración de diez días”, acotó.

La decisión fue asumida tras una reunión con los propietarios de los locales sobre los últimos datos de los casos positivos de COVID-19 registrados en la urbe.

“Tenemos 147 positivos y un fallecido, el doble que teníamos la anterior semana, por precautelar la salud de nuestros hermanos de la ciudad de El Alto se decide la suspensión de todas las fiestas de fin de año (…). Primero está la vida de los ciudadanos”, recalcó.

Indicó que las actividades cotidianas de los centros nocturnos podrán ser “de forma normal” hasta las 23:30 horas, luego de ese horario deberán cerrar y comenzarán los operativos de control de la Guardia Municipal y la Policía Boliviana.

Copa aseveró que la mayoría de los propietarios de los locales nocturnos entendieron la situación que enfrenta la comuna debido al alto índice de contagios, aunque también existen algunos propietarios que no están de acuerdo; sin embargo, se determinó no “exponer la vida de los ciudadanos” y anticipó que se realizarán mayores controles en lugares como La Ceja, 16 de Julio, Villa Dolores y otros.

(Foto: referencial)

Efectivos de la Policía Anticorrupción allanaron este miércoles el domicilio donde funcionaba el denominado “bunker político” de Santa Cruz Para Todos (SPT), del exalcalde Percy Fernández y la exalcaldesa interina Angélica Sosa, por el caso “ítems fantasmas”.

“Estamos realizando todas nuestras tareas investigativas referente al hecho, pero como ustedes sabrán, el caso está en reserva, no voy a poderme referir a ello”, aseveró el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Saúl Salazar, a los medios de comunicación.

El inmueble, ubicado al frente de “Parques y Jardines”, fue acondicionado para el exalcalde Fernández donde vivió por dos años, fue donde recibía a familiares y a su entorno político.

Según reportes de los medios cruceños, la vivienda también está relacionada con la exalcaldesa interina, ya que la misma fue adquirida para instalar el “bunker político”.

La Fiscalía y la Policía Boliviana ejecutaron el allanamiento en el marco de las investigaciones que se realizan por el caso de los 800 ítems fantasmas que presuntamente fueron creados para desviar recursos económicos en la alcaldía cruceña.

(Foto: Perovic y Sosa RRSS)

El esposo de Angélica Sosa, exalcaldesa interina de Santa Cruz, Sergio Perovic, presentará este miércoles su declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga el caso de los 800 ítems fantasmas que supuestamente fueron creados para desviar los recursos económicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz durante la gestión de Percy Fernández y el interinato de Sosa.

“Si bien es cierto, no se ha abierto un proceso en contra de él (Perovic); sin embargo, sí existe una sindicación, a nuestro criterio falso, pero él, para demostrar pleno sometimiento al proceso, va a hacer una representación”, informó el abogado de Sosa, Jerjes Justiniano, en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

Perovic fue involucrado en el caso por las declaraciones de Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos del municipio, quien lo acusó de estar detrás de una presunta red de corrupción en complicidad con Sosa.

En el marco de las investigaciones se tiene a tres personas con detención preventiva en el penal de Palmasola. Angélica Sosa, Javier Cedeño y Julio Cesar Herbas, sindicados en las investigaciones; en tanto, Antonio y Guillermo Parada, los principales acusados en el caso, están prófugos de la justicia.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que a partir del 1 de enero las personas que sigan sus trámites en el Ministerio Público deberán presentar su carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a esas instalaciones. En su defecto, deberán presentar una prueba PCR negativa.

“Vamos a tomar la determinación, inicialmente en cumplimiento de esa disposición, de exigir el carnet de vacunación cuando los usuarios se hagan presentes en los establecimientos del Ministerio Público", dijo.
 
Explicó que la institución ya tiene el reporte de funcionarios públicos que se contagiaron con COVID-19, por lo que los mismos serán aislados. 

Aseveró que en las instalaciones de la ciudad de La Paz se identificaron a seis personas, por lo que se reforzarán las medidas de bioseguridad con la finalidad de garantizar la atención.

“En el departamento de La Paz, tenemos a seis personas contagiadas y esto amerita, naturalmente, su aislamiento y el refuerzo de las medidas de bioseguridad al interior de la institución. También pedir a la población que exhiba su carnet de vacunación antes de presentar o ingresar a hacer sus trámites ante el Ministerio Público”, indicó.

Asimismo, advirtió que las fiscalías departamentales asumirán acciones inmediatas en contra de posibles falsificadores de los carnets de vacuna. 

“Cuando exista alguna denuncia sobre alguna falsificación, inmediatamente se tomarán las acciones que correspondan en cada una de las fiscalías departamentales”, acotó.