El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que la Policía, durante el plan operativo “Mi Barrio Seguro” y “Juntos por una Navidad Segura”, aprehendió a 19 personas y desarticuló cuatro bandas delincuenciales que operaban en la ciudad de El Alto.

“En la ciudad de El Alto, se han desbaratado una serie de organizaciones criminales, que delinquían en este territorio (…) denominados: Los Zurdos, Los Huarinas, Los Kantutita y los Sapos”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

El primer operativo se realizó en la Ceja de la ciudad de El Alto. Se logró aprehender a ocho personas pertenecientes a la banda delincuencial denominados “Los Huarinas”. Operaban en complicidad de personal de seguridad de las discotecas en la calle Franco Valle. Se dedicaban a introducir pastillas somníferas en las bebidas de las personas para robarles sus pertenencias.

El grupo “Los Kantuta” estaba integrado por cuatro personas que realizaban sus robos en la zona 12 de Octubre. Una de las integrantes trabajaba como “pildorita” y, en complicidad de tres varones “cogoteros”, asaltaban a personas de las discotecas del lugar.

“Los Sapos” fue otra organización que estaba conformada por tres personas, quienes interceptan a sus víctimas circunstanciales para robarles sus pertenencias usando la fuerza. Tras una requisa, se encontró que estos delincuentes tenían una libreta con “claves policiales”, una placa de los efectivos del orden y 62 celulares presuntamente producto de este ilícito.

En el caso de  “Los Zurdos”, este grupo tenía a cuatro personas que operaban en la zona 12 de octubre, quienes el 10 de diciembre se dedicaron a robar un vehículo. Tras la pesquisa, se logró secuestrar varios celulares.

Del Castillo indicó que las personas aprehendidas ya fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público para su investigación y situación procesal. La Policía logró, durante estos operativos, secuestrar equipos celulares, cédulas de identidad, billeteras, armas punzocortantes, entre otros.

La fiscal Marcela Terceros, asignada a la investigación del caso “Ítems fantasmas” en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, afirmó este lunes que las personas que ingresaron en el municipio de manera irregular pueden ser consideradas como “víctimas de la situación”, por lo que convocó a que se presenten y presten su declaración ante el Ministerio Público para esclarecer este hecho.

Explicó que las personas, que así lo soliciten, podrán ingresar como testigos protegidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) del Ministerio Público, como otros tres testigos que ya declararon.

“Las personas que hayan sido sometidas en esta situación pueden presentarse a prestar su declaración, nosotros entendemos que también ellos fueron víctimas  de la situación (…) víctimas porque muchas personas, como las que ya han declarado en la cámara gesell, se vieron con la necesidad de aceptar esta situación porque les prometieron que en algún momento ellos se iban a quedar con el contrato o con el ítem”, explicó Terceros en Bolivia TV.

Detalló que en esta presunta red de corrupción, creada para desviar los recursos del municipio cruceño, se detectó que el exfuncionario Julio Cesar Herbas captó a aproximadamente 30 personas para que ingresen con contratos irregulares causando un daño económico al municipio; sin embargo, el imputado argumenta que son entre cinco a seis personas, pero esto no cambia su situación jurídica.

Los testigos señalaron que Herbas era el encargado de “reclutar” gente para que ingrese al municipio cruceño, sin cumplir funciones y recibiendo un porcentaje del salario. El principal implicado en el caso es el exdirector de Recursos Humanos, Antonio Parada Vaca, denunciado por el cobro de más de 800 ítems. Herbas aseveró que Parada lo tenía amenazado.

El 12 de diciembre, el juez decidió enviar al exfuncionario a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, durante 180 días, hasta esclarecer el caso, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La Fiscalía justificó el riesgo de fuga, argumentando que el imputado no tiene “domicilio o residencia habitual, negocios o trabajos asentados en el país” y que tiene “facilidades” para abandonar el país o permanecer oculto.

Explicó que la exalcaldesa interina, Angélica Sosa, será convocada a declarar nuevamente en calidad de sindicada. Asimismo, se prevé que en las próximas horas se convoque a más exfuncionarios en calidad de testigos.

(Foto: RRSS)

El Ministerio Público estima que sólo con tres “ítems fantasmas”, y su cobro irregular durante cuatro años, se generó un daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz que asciende a Bs 982.984, aproximadamente.

“Se presume que el daño económico causado al Estado por el pago de salario, tan solo a estos tres supuestos funcionarios, 'mal llamados fantasmas', más el pago a las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) alcanza a Bs 982.984 (novecientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro bolivianos)”, señala parte de la imputación formal que presentó la Fiscalía en contra de Julio Cesar Herbas, exfuncionario del municipio cruceño.

Según las declaraciones que obtuvo la comisión de fiscales de los testigos que están protegidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) del Ministerio Público, mediante un “calculo rápido” se estableció que se canceló a uno de los implicados identificado con las iniciales D.A.C.Z. un total de Bs 30.340 en cuatro años, monto que incluye salario, aguinaldos y AFP.

“De acuerdo al cálculo rápido realizado del sueldo percibido por el testigo D.A.C.Z., se evidencia con relación que, por una parte, durante cuatro años se canceló un salario de Bs 4.322, que en cuatro años suman un total de Bs 207.456 y aguinaldos por Bs. 17.288, que sumados alcanzan a Bs 224.744 a los cuales se debe sumar el pago a las AFP que alcanza a Bs 30.340,00”, indica el documento.

Asimismo, se hace una referencia a otros dos implicados quienes también realizaron el cobro de esos contratos irregulares.

“Se evidencia el pago de Bs 6.110,30 durante cuatro años, períodos en los cuales suman un total de Bs 293.240 y pago a las AFP un total de Bs. 42.706, alcanzando a la suma de Bs 364.000 de percepción por los sueldos de cada uno de los testigos L.A.L.D. y C.A.A.M.”, detalla.

Los testigos señalaron que Herbas era el encargado de “reclutar” gente para que ingrese al municipio cruceño, sin cumplir funciones y recibiendo un porcentaje del salario. El principal implicado en el caso es el exdirector de Recursos Humanos, Antonio Parada Vaca, denunciado por el cobro de más de 800 ítems fantasmas; Herbas aseveró que Parada lo tenía amenazado.

El Ministerio Público argumentó en su imputación formal, y en la audiencia de medidas cautelares, que el exfuncionario municipal, y dependiente de la Dirección de Contrataciones, detallaron indicios y elementos de convicción para presumir y sostener que el imputado es probable autor y partícipe de los delitos por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La justicia determinó este domingo que Herbas cumpla una detención preventiva de seis meses en el Centro Penitenciario de Palmasola, hasta esclarecer el caso. La Fiscalía justificó el riesgo de fuga, argumentando que el imputado no tiene "domicilio o residencia habitual, negocios o trabajos asentados en el país" y que tiene "facilidades" para abandonar el país o permanecer oculto.

Según la declaración de testigos protegidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT), se develó que estos fueron captados por Julio Cesar Herbas, exfuncionario de la Unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, y además indicaron que parte de los otros “presta firmas” pertenecían a la barra del equipo Oriente Petrolero.

“(…) Refieren conocer al denunciado Julio Cesar Herbas Aguilera siendo él quien los contacta y recluta entre otros más, que conformaban un grupo de hinchas integrantes de una barra de futbol de un equipo cruceño”, indica parte de la imputación formal presentada por el Ministerio Público en contra de Herbas.

Según las declaraciones de los implicados, en esos supuestos hechos de corrupción al interior del municipio durante la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, el ahora aprehendido y con detención preventiva les pidió sus documentos ofreciéndoles ítems en el municipio cruceño y les ofreció la suma de Bs 300 del total de un salario mínimo por cada mes, monto que recibirían sin trabajar y que después de un tiempo tendrían un ítem. 

Los testigos protegidos identificados con las iniciales C.A.A.M. y L.A.L.D. detallaron que cobraron Bs 300 desde la gestión 2014 hasta el 2018. Además, que abrieron una cuenta en la Cooperativa Jesús Nazareno y que no se les entregó ninguna tarjeta de débito, y Herbas señalaba que el resto del dinero era para los superiores entre los que mencionaba a “Tony” Parada.

“Cobrando desde el año 2014 hasta el año 2018 aproximadamente Bs 300, mientras que el total del dinero era para ser depositado en sus cuentas de ahorro, era retirado por el presunto denunciado y las otras personas con las que el sindicado realizaba estos hechos, puesto que les manifestaba que el resto del dinero era para sus jefes superiores, nombrando entre ellos a Tony Parada”, indica el documento.

Según la investigación, la Fiscalía constató que los “supuestos funcionarios nunca ejercieron el cargo o función para la cual figuraban” en los ítems asignados. El sueldo de estos contratos irregulares oscilaba entre Bs.5.000 y Bs.7.000.
Asimismo, en la declaración informativa, Herbas confirmó que parte de los reclutados o “presta firmas”, con contratos irregulares, formaban parte de la barra del equipo cruceño.

“Antonio me mando a entregar dinero durante dos a dos años y medio, me entregaba entre 400 a 500 bolivianos mensuales, él me daba montos separados para cada persona, yo a las personas que llevé con Antonio Parada para los ítems los conocí en la barra de Oriente Petrolero, pero no me acuerdo, porque pasaron ya varios años”, se lee en parte de la declaración informativa de Herbas.

El Juez Tercero Anticorrupción, Roberto Parada, determinó este domingo que Herbas cumpla una detención preventiva de seis meses en el Centro Penitenciario de Palmasola, hasta esclarecer este caso. La Fiscalía justificó el riesgo de fuga, argumentando que el imputado no tiene "domicilio o residencia habitual, negocios o trabajos asentados en el país" y que tiene "facilidades" para abandonar el país o permanecer oculto.