La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este martes que un Tribunal de Garantías Constitucionales de Santa Cruz rechazó una acción de libertad planteada por el exdirigente cívico, Marco Pumari, y determinó que su aprehensión fue legal y no vulneró sus derechos fundamentales.

“Tenemos conocimiento que uno de los abogados de la defensa de Pumari habría planteado una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ante un Tribunal de Garantías Constitucionales, situación que fue resuelta y en definitiva se le ha negado la tutela que hubiera planteado ante acción de libertad. El Tribunal ha establecido que no existe una ilegal aprehensión y que se ha cumplido con las formalidades y el procedimiento penal”, indicó, según un boletín institucional. 

La autoridad judicial explicó que el recurso legal fue presentado en su contra, en su calidad de Fiscal Departamental de Potosí, en pleno desconocimiento de que no emitió ningún tipo de orden o realizó la firma de algún actuado investigativo, puesto que esa es tarea de la comisión de operadores de justicia del Ministerio Público que cumplieron los procedimientos y emitieron los actuados que corresponden en el proceso contra el exdirigente cívico. 

“El Tribunal de Garantías Constitucionales ha establecido que no ha existido una aprehensión ilegal ni mucho menos se evidenció la vulneración de sus derechos fundamentales. El abogado del señor Pumari había advertido que existía una aprehensión ilegal”, recalcó.

La fiscal departamental añadió que un médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó, de oficio, una valoración médica a Pumari e hizo la verificación de su situación física, que estableció que el exdirigente cívico no tiene lesiones.

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, mediante la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores, se reunió este martes con organizaciones de las personas adultas mayores para presentarles los avances de la “Agenda Prioritaria para el Cumplimiento de Derechos Humanos” de este sector, además de recibir sus demandas y aportes para dicha agenda.

“La reunión tuvo como objetivo informar sobre los avances, a seis meses de la presentación de la ‘Agenda Prioritaria para el Cumplimiento de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores’, así como recabar demandas y aportes de las organizaciones de personas adultas mayores”, informó la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores en sus redes sociales.

Según un reporte institucional, la agenda pretende garantizar el derecho a una vejez digna y está compuesta por cinco pilares: fortalecimiento al trato preferente y la atención digna; protección a personas adultas mayores que residen en centros de acogida de larga estadía; desarrollo normativo para el cumplimiento de la Convención Interamericana Sobre la Protección a los Derechos de las Personas Mayores; implementación de la Agenda Subnacional para la atención y protección de los derechos de las personas adultas mayores; y promoción de mecanismos de acceso al derecho a la identidad de las personas adultas mayores.

La reunión se dio en cumplimiento a la Convención Interamericana sobre la Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley Nº 369 “General de las Personas Adultas Mayores”, que promueve el derecho a la participación de la población por medio de sus opiniones, aportes y demandas.

Participó del encuentro la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anmbo), la Asociación de Personas Adultas Mayores de La Paz (Apampaz), Asociación de Adultos Mayores “Takenitake” (Aamta), Federación de Adultos Mayores de la ciudad de El Alto (Fedam), la Asociación Nacional de Adultos Mayores LGTBI Bolivia, la Asociación de Adultos Mayores Indígena Originario Campesinos del Departamento de La Paz (Asamio); Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip), la Comunidad Awichas de Pampahasi; Taypi Warminaka Huatajata; Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor (COSLAM), entre otras,

(Ministerio de Justicia)

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, y el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, durante esta jornada realizaron controles a la entrega de paquetes alimentarios a personas con discapacidad en el Coliseo Cerrado “Julio Borelli Viterito”, de la ciudad de La Paz, para controlar el buen trato y que se cumpla el cupo por día. 

"Está garantizada la entrega de 500 paquetes alimentarios por día (en este punto); además se entregaron fichas para que las personas no necesiten hacer filas. Está normal, las personas recogen sus quintales de arroz, azúcar, aceite y lácteos”, señaló Huacani.  

Silva indicó que la información en un inicio fue insuficiente, por lo que se registró desorden, pero tras el verificativo de la organización para la entrega del beneficio se normalizó la misma, según un reporte institucional. 

"Realizamos este verificativo para controlar la organización, a fin de que los consumidores que van a recibir este paquete, entregado por el Gobierno, lo reciban de manera organizada, además de todos los alimentos comprometidos; y que todos quienes tengan ficha reciban su paquete alimentario”, señaló Silva.  

El Gobierno nacional dispuso la entrega de un paquete alimentario para las personas con discapacidad. El mismo está valorado en Bs 500 y consiste en un quintal de arroz, otro de azúcar, una arroba de harina, 4,5 litros de aceite, yogurt y leche. 

En las primeras jornadas de entrega del paquete se vieron largas filas y problemas en la entrega, por lo que las autoridades del Ministerio de Justicia se constituirán en diversos puntos de entrega para verificar la organización y el buen trato.

La fiscal de Trata y Tráfico, Sarina Guardia, informó este martes que tras la audiencia de medidas cautelares la autoridad jurisdiccional decidió que Adrián F.A.S., de 27 años, profesor de Educación Física, implicado en delitos de proxenetismo, trata y pornografía, cumpla la detención preventiva de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro, de La Paz.

“Al varón (Adrián) se le ha dado seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, a la dama (Yenny) se le ha dado medidas sustitutivas, porque el juez habría valorado que tiene tres bebés pequeños”, aseveró la fiscal en declaraciones difundidas por radio Éxito. 

El sujeto, quien además tenía una escuela de volibol, fue identificado como el reclutador de jovencitas que les ofrecía ayuda económica a cambio de relaciones sexuales, llegado el momento no les pagaba y les ofrecía otro monto a cambio de dejarse grabar. 

La fiscal explicó que la mujer Yenny E. Q. F., de 35 años, quien dirigía la empresa “Ágata” con la que se hacían los contratos con las menores, obtuvo medidas sustitutivas por ser madre de tres menores de edad.

El 13 de diciembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el patrullaje cibernético logró detectar que una empresa denominada “Ágata” se dedicaba a captar menores de edad a través de las redes sociales, WhatsApp y la escuela de voleibol para trata, proxenetismo y pornografía. 

“Una red de trata, pornografía y proxenetismo denominada la empresa Ágata, que funcionaba aquí en el departamento de La Paz (…). Ha sido descubierta por la Unidad de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, aseveró.