El director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, Ever Mérida, exigió este martes que se realice la investigación de supuestos 1.205 contratos irregulares en la gestión de la exalcaldesa interina Angélica Sosa. Se estima que, durante tres meses, se generó un daño de Bs 25 millones al municipio cruceño.

“Nosotros como municipio tenemos todo el derecho de investigar este hecho, estamos hablando de más de 25 millones de bolivianos que se han pagado entre enero, febrero y marzo por 1.205 contratos, que la propia señora Angélica Sosa habría pagado de manera irregular”, aseveró Mérida en entrevista con Bolivia TV.

Explicó que esta denuncia fue presentada en mayo de esta gestión y que el municipio cruceño entregó las pruebas ante la Fiscalía; sin embargo, el caso fue cerrado.

“La denuncia  (de los contratos irregulares) nace a partir del 28 de mayo del presente año; sin embargo, (…) esa denuncia ha sido rechazada por el fiscal bajo el argumento de existir un obstáculo legal; ante esa situación, es que nosotros hemos presentado un amparo constitucional”, indicó.

El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, presentó una acción de amparo constitucional ante instancias judiciales para que se reabra el proceso de investigación sobre los contratos irregulares que se observaron. Se prevé que mañana se desarrolle una audiencia sobre el caso.

Este caso planteado por Fernández es diferente al de los 800 ítems fantasmas denunciados por Valeria Rodríguez Paz contra su expareja Antonio Parada Vaca, exjefe de Recursos Humanos de la comuna cruceña.

El 30 de noviembre de esta gestión, Valeria Rodríguez hizo pública una denuncia en contra de Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos del municipio por el cobro de 800 ítems fantasma. Una comisión de fiscales indaga estas irregularidades que se suscitaron entre 2009- 2018, Julio Cesar Herbas, exfuncionario fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola. Estas investigaciones se ampliaron en contra de la exalcaldesa Sosa, quien debe presentarse a declarar, pero ahora en calidad de denunciada.

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, expresó este lunes su preocupación por la campaña de desinformación y falsedades que algunos sectores hacen circular sobre la detención de Marco Pumari, excívico acusado por un vocal designado por Jeanine Áñez de obstaculizar las elecciones del año 2019.

Ovando, en declaraciones al programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, recordó que el caso contra Pumari fue denunciado por Julio Mujica, entonces presidente del Tribunal Electoral de Potosí, designado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Es decir, la denuncia no fue iniciada por el actual gobierno sino por el vocal designado por Áñez quien señaló a Pumari por su responsabilidad en la quema del edificio del Tribunal Electoral de Potosí y por obstaculizar el proceso electoral del año 2019.

En ese contexto, Ovando lamentó la campaña de desinformación que pretende hacer ver la detención de Pumari como si fuese una persecución política del actual Gobierno cuando la denuncia partió del vocal de Áñez, el caso fue investigado por la Fiscalía y tras dos años de pesquisas se comenzó a identificar autores materiales e intelectuales.

“Hay desinformación en todo sentido con el caso del señor Pumari, en Potosí,  ya no hay respeto a la verdad, a la realidad de las cosas,  a la información correcta a la población, verídica, en favor del pueblo boliviano”, lamentó.

Esa campaña de desinformación de sectores políticos opositores, cívicos y algunos medios de difusión, incluyó falsedades como la aprehensión del principal dirigente de Comcipo, Juan Carlos Manuel. (https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/10/aprehenden-juan-carlos-manuel-presidente-del-comcipo-317699.html )

Además de ello, esos sectores indicaron que Pumari fue torturado, extremo desmentido por la Fiscalía que pidió la intervención de un médico para desmentir la falacia y citó declaraciones del excívico donde admitió que se encuentra bien de salud.

Ovando manifestó que esas acciones de sectores cívicos y políticos “pareciera que buscan impunidad” sobre los delitos cometidos en 2019.

Ovando dijo que se debe respetar el Estado de Derecho, es decir el cumplimiento de las normas jurídicas. Lo contrario sería que cualquier persona que cometa delitos y sea juzgada, denuncie persecución política para evitar el accionar de la justicia.

Dijo que la quema del edificio del Tribunal Electoral es grave, pero lo es mucho más el obstaculizar las actividades electorales ya que de esa manera se atenta contra la democracia y el bien común.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana, Cristhian Miranda, informó este lunes que en Bolivia se logró consolidar 23 Unidades de Conciliación en el marco de una cultura de paz y una justicia restaurativa. 

“A la fecha tenemos un logro de 5.098 acuerdos (conciliatorios) alcanzados, esto significa una importante reducción de la carga procesal que está manejando el Ministerio Público (…). Este servicio nos ha permitido tener un acceso directo a la justicia, en tiempo oportuno, y pronto a concluir los procesos penales”, dijo Miranda en conferencia de prensa.

Explicó que la implementación se dio tras una “alianza estratégica” con la Cooperación Suiza en Bolivia (Cosude), el Ministerio Público para promover la Conciliación Penal en sede fiscal. Hasta la fecha se logró 5.098 acuerdos conciliatorios durante las gestiones 2020 y 2021.

Miranda detalló que, mediante la alianza, se capacitó a los fiscales para llevar adelante procesos de conciliación que sean ágiles, eficientes y transparentes.

Asimismo, indicó que se tiene programada la incorporación de nuevos Fiscales Asistentes Conciliadores para que el servicio pueda llegar a las provincias donde se cuenta con Asientos Fiscales. 

Según un reporte de la Fiscalía, la mayor cantidad de acuerdos de conciliación se generó en el departamento de La Paz con 1.342, seguido de Santa Cruz con 1.111, Cochabamba 704, Potosí 556, Chuquisaca 519, Pando 281, Tarija 252, Beni 198 y Oruro 135.  

Los delitos que se pueden conciliar son los patrimoniales y culposos, referidos a los que afectan al patrimonio como el hurto, robo, estafa y estelionato. En delitos culposos, accidentes de tránsito con lesiones leves en las personas. 

La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometan su vida e integridad sexual, delitos contra la vida y los que tengan que ver con afectación al Estado.

El exvocal Elías Isla develó este lunes que el excívico, Marco Antonio Pumari, inició el incendio en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí en 2019 y en complicidad con el excomandante departamental de la Policía, Williams Villa.

“Vean en las redes sociales ¿Quién impulsó todo eso? (quema del TED) quién encima de una caseta señalaba que el comandante Villa había entregado a Pumari el inmueble (…). En mi criterio hay muchas autoridades, como el comandante Villa, que tienen que rendir cuentas ¿por qué habrá entregado el Tribunal Electoral a este señor?”, cuestionó el exvocal en declaraciones difundidas por Red Patria Nueva.

El excomandante fue destituido de su cargo por la quema del Tribunal, durante los conflictos postelectorales porque se negó a reprimir a las personas que participaron de las movilizaciones cívicas y toma violenta del edificio del TED de Potosí.

“La población potosina, el pueblo boliviano queremos que se haga justicia (…). Hay videos en las redes sociales (…) no lo digo yo, Pumari dijo ‘el comandante Villa nos ha entregado, ahora nos hacemos cargo del Tribunal’”, detalló Isla.

El exvocal lamentó que las investigaciones, desde la quema del TED en la gestión 2019, tras el conflicto social en Bolivia, recién se esté llevando a cabo. Aseveró que se cuenta con las pruebas suficientes para que los autores sean sancionados por dañar el patrimonio del Estado.

“Habiendo tanta prueba, tanta evidencia, no entiendo por qué el Ministerio Público ha tardado tanto en la investigación”, lamentó.

En octubre de 2019, tras las elecciones presidenciales, se desató una escalada de violencia entre supuestas denuncias de fraude; en Potosí, un grupo de movilizados al mando del excívico Pumari cuestionaron los resultados, pese a la presencia policial, ingresaron de manera violenta y quemaron el TED.