El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, realizó este jueves el acto de reconocimiento a los nuevos generales de la Policía Boliviana y les encomendó defender la democracia. Además, recalcó que la entidad policial debe regirse en los lineamientos de la Constitución Política del Estado para resguardar los intereses del pueblo boliviano. 

“A los flamantes generales (…) estamos ante grandes retos históricos y debemos estar a la altura de lo que la patria y el pueblo así lo requiere. El pueblo boliviano está pidiendo reconciliación con justicia y defensa de la democracia”, indicó Del Castillo.

La autoridad realizó una remembranza histórica de los hitos más importantes de la Policía Boliviana destacando que la fundación de Bolivia se dio a la par con la aparición de la institución policial el 24 de julio de 1826 en el Gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre. “La Policía nace junto a nuestro país”, indicó.

Señaló que la aparición del primer reglamento interno del verde olivo se dio en 1831 durante la gestión del Mariscal Andrés de Santa Cruz y la organización de las tropas policiales durante la presidencia de Belzu, entre otros hitos.    

Destacó la promulgación de la Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana se gestó como “otro momento histórico” para la Policía, porque con esta ley se materializó un “anhelo” deseado para dignificar a la entidad del orden otorgándole la jerarquía que se merece.

Resaltó que esa ley fue laborada por los mismos efectivos policiales “desde abajo hacia arriba”, con base en toda su experiencia y recogiendo sus necesidades. Aseveró que el trabajo que realiza esta entidad será valorado y visibilizado.

Los nuevos generales de la Policía Boliviana son: Máximo Jhonny Aguilera Montesinos, designado Comandante General interino; Orlando Vladimir Ponce Málaga, es Subcomandante y Jefe de Estado Mayor; y Álvaro José Álvarez Grifith fue designado como Inspector General interino. 

Añadió que los generales posesionados se destacaron por su trayectoria profesional, su capacidad de resolver conflictos y su bagaje en investigación criminal. Por lo que reconoció el latente liderazgo demostrado al interior de las filas policiales y su alta formación ética.

Por otro lado, pidió que el trabajo de los efectivos cumpla siempre los principios básicos de verticalidad, orden, respeto a la Constitución y lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana. Además, los instó a responder al “desafío histórico” que demanda el país y ser un “guardián” de los intereses del pueblo boliviano.   

“El pueblo boliviano está pidiendo reconciliación con justicia y defensa de la democracia y del Estado de Derecho y la Policía Boliviana, como establece nuestro himno, debe ser el fiel guardián de los intereses del pueblo. La Policía no debe responder nunca a un partido político, no debe responder nunca a los intereses de un grupo de personas, debe responder a los intereses del pueblo”, indicó.

El presidente Luis Arce encomendó a los nuevos generales de la Policía Boliviana defender la democracia, el Estado de Derecho, los derechos de los ciudadanos, actuar en el marco de la Constitución Política del Estado y garantizar el orden público.

A los más de 40.000 uniformados de la institución verde olivo les pidió seguir trabajando bajo los principios de verticalidad, orden, respeto a la Ley de Leyes, lucha contra el crimen y contra la inseguridad ciudadana.

Esos encargos fueron expresados por el Mandatario durante la toma de juramento a los nuevos generales de la Policía Boliviana, los ciudadanos Máximo Jhonny Aguilera Montesinos, Orlando Vladimir Ponce Málaga y Álvaro José Álvarez Grifith.

Aguilera fue designado Comandante General interino de la institución del orden. Ponce como Sub comandante y Jefe de Estado Mayor mientras que Álvarez fue designado como Inspector General interino.  

Al respecto, el Presidente les dijo a los nuevos generales: “les encomiendo la digna e histórica tarea de defender la democracia en nuestro país y de regirse siempre bajo los preceptos y los pilares más elementales que están plasmados en nuestra Constitución Política del Estado, ustedes tienen el elevado deber y el honor de defender el Estado de Derecho, los derechos de ciudadanas y ciudadanos y, finalmente, el orden público”.

La autoridad también se dirigió a oficiales, suboficiales, clases y tropa policial al asegurar que “su trabajo será siempre valorado y visibilizado, siempre y cuando se mantenga dentro de los principios básicos que rigen su institución: verticalidad, orden, respeto a la Constitución, lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana”.

Explicó que la posesión de generales primeros se enmarca en la Ley de ascensos y carrera de generales aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras una socialización de la propuesta legal que fue diseñada por la misma Policía.

“Es algo hecho por los policías, para policías, en beneficio de la Policía”, indicó el Presidente.

Indicó que todos los bolivianos tienen la misión histórica de defender la democracia, la institucionalidad y el país ante las amenazas que tratan de poner en peligro a la Patria.

Dijo que, frente al proyecto de reconstrucción económica de Bolivia, enmarcado en la Constitución, surgen algunos sectores sediciosos que buscan “maneras antidemocráticas y anticonstitucionales de alterar la paz y la convivencia pacífica de bolivianos y bolivianas para así provocar rupturas instituciónales en nuestro país. En otras palabras, sectores antidemocráticos tratan de repetir las jornadas oscuras lamentables que vivimos en el año 2019”.

Dijo que las críticas de la oposición son buenas cuando se encuadran en propuestas pero no cuando incurren en acciones que apuntan a romper el orden constitucional.

“Policías de Bolivia, ustedes como fieles defensores del país, tienen la misión de precautelar la integridad de nuestra Patria y todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestro país”, exhortó.    

Por su parte, el general primero Aguilera, destacó la importancia de que la Policía camine junto al pueblo y que la misión de la entidad del orden es servir al pueblo.

En su discurso, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la ley de ascensos es producto de un antiguo anhelo policial que se basa en los principios de disciplina, dignidad e institucionalidad.

“La Policía Boliviana debe responder al pueblo y al país, sin colores políticos sino simplemente bajo el paraguas de la institucionalidad y de la Constitución Política del Estado”, indicó el Ministro.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este miércoles que se conformó una comisión de fiscales para investigar de oficio las circunstancias de la muerte del joven campesino, identificado como Basilio Titi, en la cuidad de Potosí.

“Hemos recibido los informes técnicos legales sobre el fallecimiento de una persona, hecho que ocurrió en inmediaciones de la calle Cobija, a unos pasos del centro de salud CIES. De forma inmediata hemos actuado a través del Fiscal de Delitos contra la Vida y se conformó una comisión; el caso ya está en proceso de investigación, porque necesitamos saber qué es lo que ocurrió”, dijo Choque.

Según un reporte institucional, se realizó la autopsia de ley en la que participaron los familiares de la víctima y la Defensoría del Pueblo, además de autoridades departamentales, durante la madrugada.

Explicó que, además, se realizará una serie de “actuados investigativos”, como la toma de entrevistas y verificación de cámaras de todo el sector, cuyo requerimiento ya se realizó.

Por su parte, la médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Potosí, Gisela Ramírez, señaló en el examen externo se evidenció lesiones a nivel del rostro compatibles con una contusión sobre superficie contusa, es decir por caída.

Además, indicó que a nivel de la extremidad inferior se evidenció una “lesión compatible por caída; a nivel interior se verificó infiltrados en el cuero cabelludo que son compatibles con caída; a nivel de las vías aéreas se evidenció la presencia de un bolo de coca, en importante cantidad que ha obstruido el ingreso de aire hacia los pulmones, lo que ocasionó que la persona fallezca, siendo la causa de muerte asfixia por bronco aspiración y lesiones compatibles por caída”, indica un boletín institucional.

El abogado de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Miguel Castaños, cuestionó este miércoles que el actual alcalde de La Paz, Iván Arias, no haya presentado una denuncia por el sobreprecio en la adquisición de los buses PumaKatari.

Indicó que solicitaron a la Alcaldía un informe sobre el trámite de licitación de los buses y otros documentos, mismos que debían ser presentados en 48 horas, plazo que vence este miércoles. Advirtió que, en caso de no recibir ese informe, como parte querellante podrían denunciar al burgomaestre paceño y otros funcionarios públicos por encubrimiento.

“¿Por qué el señor, el actual alcalde (Iván) Arias no ha hecho la denuncia por los actos de corrupción contra el señor (Luis) Revilla (…)? Hemos solicitado los informes respectivos, en este caso al alcalde, y si no presenta en 48 horas, vamos a ampliar (la denuncia) por encubrimiento, al alcalde y a los funcionarios”, indicó Castaños a Bolivia Tv.

El 18 de octubre, el representante de la Fejuve, Jesús Vera, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra del exalcalde Luis Revilla por presunto daño económico y sobreprecio en la adquisición de buses Pumakatari.

Según la denuncia de la Fejuve, Revilla y otros cinco exfuncionarios municipales están implicados en la adquisición con supuesto sobreprecio de 61 buses PumaKatari, que generó un daño económico de más de Bs 26 millones.

El Ministerio Público investiga los procesos de contratación, adjudicación y recepción de los buses, desde la gestión 2012 hasta 2020. Según la documentación presentada por la parte denunciante, el daño económico sería de Bs 26,72 millones.

Según el informe del Ministerio Público, además, existe un sobreprecio en la compra de repuestos y otros artículos para los buses, como ser televisores. En la denuncia se detalla que Revilla autorizó la compra de televisores a un costo de Bs 6.500, cuando el costo real no debería ser mayor a $us 100.

Revilla tiene una orden de alerta migratoria en el marco de las investigaciones que se siguen por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.