El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes se incluyó a la empresa Cóndor en el proceso civil que se desarrolla en Estados Unidos (EEUU) contra el exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, y sus cómplices, quienes son acusado por el pago de sobornos y compra con un supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos.

“La empresa Cóndor está incluida (en el proceso civil) porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases y consintió la participación de un intermediario”, explicó el procurador Chávez, durante una conferencia de prensa.

La autoridad indicó que, en la demanda civil, la segunda que se realiza en estrados judiciales de EEUU, donde se detuvo a Murillo, se demandará la devolución del dinero robado a arcas del Estado boliviano, además del resarcimiento de daños y perjuicios, toda vez que ese hecho de corrupción fue cometido en plena cuarentena por coronavirus (COVID-19), cuando el país estaba en emergencia sanitaria y requería recursos para encarar la lucha contra la pandemia, según un boletín institucional.

Murillo es acusado por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS LLC).

Junto a él son procesados Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete de Murillo; Phillip Lichtenfeld, empresario boliviano-estadounidense, Luis Berkman y Bryan Berkman, ambos de la intermediaria BTS LLC.

La Procuraduría contrató los servicios de un equipo legal extranjero, para que asuma la defensa del Estado boliviano en EEUU, como damnificado por esos delitos, para hacer seguimiento y lograr el resarcimiento de los daños ocasionados. 

Arturo Murillo Prijic fue el exministro de Gobierno y hombre fuerte de Jeanine Áñez. Desde mayo de este año está detenido en la prisión federal de Miami acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Durante el gobierno de Áñez, gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

(Foto: Ministerio de Gobierno)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) encontraron un laboratorio de cristalización de cocaína en la provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, procediendo a su destrucción y al secuestro de gran cantidad de droga que se tenía en el lugar.

“Este laboratorio se encontraba rodeado por un río, básicamente es una pequeña isla que podemos encontrar en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, este laboratorio tiene aproximadamente una inversión de casi 1 millón de dólares americanos, (y funcionaba) alrededor de ocho meses”, señaló el ministro de Gobierno.

Según un reporte institucional, al lugar se debía ingresar a través de lanchas y tenía una capacidad de producción de hasta una tonelada de cocaína por semana. Se estima que aproximadamente 25 personas trabajaban en las instalaciones de producción de cocaína.

El Ministerio de Gobierno informó que en ese operativo “se logró secuestrar 10 paquetes de clorhidrato de cocaína, 15 paquetes de pasta base y 151 kilogramos de droga líquida, además, 14 mil litros sustancias químicas líquidas que se usan para la elaboración de cocaína y más de 10 mil kilogramos de sustancias químicas, afectando al narcotráfico en casi 800 mil dólares”.

Asimismo, indicó que se incautó un deslizador mecánico, una canoa de madera con un motor prefabricado, una radio base, armas de fuego: una escopeta calibre 16 y un rifle calibre 22.

El sector gremial de Santa Cruz confirmó este viernes su participación en la reunión convocada por el Gobierno nacional, para socializar y explicar los alcances de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, en el departamento de Cochabamba.

“Hay una apertura al diálogo, ya está programado para el día de mañana (sábado) a través de la convocatoria de la Confederación Nacional de Gremiales nosotros, de Santa Cruz, asistiremos a esta reunión”, indicó Jaime Flores, dirigente del mercado La Ramada, en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

Dijo que la reunión serviría a los gremiales para disolver las dudas sobre la normativa. Destacaron la apertura al diálogo e indicaron que suspendían las medidas de presión, como bloqueos que perjudican a la población cruceña.

“Se suspenden estas medidas que están perjudicando al pueblo”, indicó.

Por su parte, un representante del mercado del Plan 3.000 también afirmó que acudirán a la convocatoria al diálogo.

En tanto, los comerciantes manifestaron su apoyo al Gobierno nacional. “¡Lucho no estás solo!” gritaban a una sola voz y también expresaron su rechazo al paro cívico multisectorial con gritos como “¡No al Paro!” y “¡Queremos trabajar!”.

El pasado 11 de noviembre, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó a los gremiales del país a una reunión para el sábado 13 de noviembre, en la ciudad de Cochabamba, para dialogar sobre la Ley 1386.

(Imagen del bloqueo)

El subgobernador de la provincia Cordillera, Gonzalo Peña, admitió este viernes que una de las funcionarias de esa institución, identificada como Alexandra Buero, también forma parte de la comisión de movilizaciones del Comité Cívico de Camiri.

“Desconozco que la señora (Alexandra) Buero haya venido a negociar con las cisternas, o con los camiones, eso para nada es con autorización nuestra; es más nosotros, como también hemos acatado el paro como Gobernación, entonces nuestros funcionarios están desde las 06.00 aquí también apoyando”, indicó Peña.

Según el reporte de Héctor Aguilar, esas declaraciones se dan tras duras críticas de la población de Camiri hacia el subgobernador de la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz, por acreditar que una funcionaria participe del Comité Cívico de Camiri.

Durante esta jornada se denunció que el bloqueo de la carretera nacional 9, entre Camiri, Yacuiba y Santa Cruz, estaba obstaculizando el paso de carros cisterna y que las mismas corrían riesgos operativos ya que, al transportar elementos inflamables, y por el calor del ambiente, podrían llegar a explotar.

El secretario general del Comité Cívico de Camiri, Gonzalo Lidt, informó que, tras una reunión con los representantes de esa organización y otras instituciones de Camiri, cerca del mediodía, se determinó optar por un cuarto intermedio de dos horas en el bloqueo de la carretera entre Camiri y Santa Cruz, para viabilizar el paso de los vehículos varados, principalmente los de alto tonelaje y carros cisternas; sin embargo, tras el descongestionamiento advirtieron que retomarían el bloqueo.