El secretario general del Comité Cívico Camiri, Gonzalo Lidt, informó este viernes que tras una reunión con los representantes de esta organización y otras instituciones de Camiri se determinó optar por un cuarto intermedio de dos horas en el bloqueo de la carretera nacional 9, entre Camiri y Santa Cruz, para viabilizar el paso de los vehículos varados, principalmente los de alto tonelaje y carros cisternas.

“Se ha hecho una votación para dar este cuarto intermedio por el lapso de dos horas, para descongestionar (…), por mayoría se ha decidido dar este espacio”, explicó Lidt, en declaraciones difundidas por el periodista Héctor Aguilar M.

El cívico explicó que se hizo una votación para abrir el paso de los vehículos varados y se determinó habilitar por dos horas el tramo que comunica a Camiri con Yacuiba y Santa Cruz. Indicaron que tras descongestionar esta vía se procederá nuevamente a bloquear el sector.

Según el reporte de medios locales, hubo diferencias entre el representante del Comité Cívico de Camiri, Jaime Siles, y la represéntate del Comité de Huelga, Elizabeth Aldunate, quienes en el punto de bloqueo tuvieron un cruce de palabras.

Esta jornada, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, denunció que debido a los paros y bloqueos promovidos por el Comité Cívico Pro Santa Cruz se tenía alrededor de 360 cisternas, con combustibles, varados en el tramo Monteagudo - Camiri - Santa Cruz.

Asimismo, advirtió las cisternas corrían riesgos operativos, ya que al transportar elementos inflamables y por el calor del ambiente podrían llegar a explotar. Según reportes oficiales, se tenía 11 millones de litros de combustibles (gasolina, diésel, etanol y GLP) varados en ruta, cantidad que representa entre cinco a seis días de autonomía de abastecimiento para el departamento de Santa Cruz.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el exministro de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, no podrá argumentar inocencia por el presunto delito de soborno y lavado de dinero en Estado Unidos (EEUU). Además, confirmó que su audiencia será el 8 de diciembre en el país norteamericano.

“Estamos esperando que el 8 de diciembre se realice la audiencia de Arturo Murillo, que es el único que falta para determinar si se declara o no culpable en Estados Unidos (…). Las posibilidades penales son muy reducidas, de que él, en juicio, pueda demostrar su inocencia, dado que los cuatro otros coparticipes del delito, ya han confesado el delito, se declararon culpables y están esperando su sentencia”, indicó Chávez en conferencia de prensa.

Indicó que el 13 de diciembre se tiene programada la lectura de sentencia de los cómplices de Murillo, identificados como Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes se declararon culpables.

“Es difícil que él (Murillo) pueda alegar algún tipo de inocencia o no participación, porque todos lo han incriminado como principal cabecilla de esta organización criminal en los Estados Unidos”, explicó.

Acotó que la audiencia del 8 de diciembre será decisiva, ya que en ésta Murillo y su defensa escogerán el camino a seguir, es decir, si se declara culpable o no.

Arturo Murillo Prijic fue el exministro de Gobierno y hombre fuerte de Jeanine Áñez. Desde mayo de este año está detenido en la prisión federal de Miami acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Durante el gobierno de Áñez, gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El 9 de agosto, la justicia de EEUU determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza, por lo que el exministro de facto continúa en prisión.

La mañana de este viernes, una multitudinaria marcha de 15 distritos de la ciudad de Santa Cruz, recorren las principales calles cruceñas exigiendo que se respete su derecho al trabajo y denunciaron que sus afiliados reciben amedrentamiento de grupos de choque afines al Comité Cívico Pro Santa Cruz.

¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! es el grito de protesta de hombres y mujeres que recorren las calles, con carteles en mano que indican “nuestros hijos quieren comer”, “¡No al paro! Vivimos del día a día”, según un video difundido por Red Patria Nueva (RPN).

Según reportes de RPN, estas movilizaciones protestaron en contra del “paro cívico multisectorial” y enfatizaron que la Ley 1386 no les afecta.

Asimismo, un grupo de vecinos salió a las calles para desbloquear la doble vía La Guardia. Exigen que las vías estén expeditas, para garantizar una libre circulación que permita que la población pueda realizar sus actividades con normalidad.

En tanto, en el barrio El Luja, gremialistas, efectivos policiales y la ciudadanía se unieron para desbloquear el lugar. Un vecino y comerciante de esa zona protestó porque estas medidas de presión afectan a las familias cruceñas, que necesitan trabajar para alimentar a sus familias.

“De una vez queremos que esto se normalice, ya no queremos bloqueos ni paros porque nos perjudica a toda la ciudadanía, queremos trabajar, que nos dejen trabajar, dejen transitar a la gente”, indicó un comerciante.

Por su parte, una de las vecinas denunció que los grupos que bloquean colocan escombros y otros objetos para interrumpir el paso. Además, dijo que se dedican a consumir bebidas alcohólicas y a cobrar montos económicos para que los interesados puedan pasar estos bloqueos.

En días anteriores, algunos sectores políticos convocaron a un paro nacional indefinido desde el 8 de noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Sin embargo, este paro fue rechazado por diversos sectores sociales que no acataron la medida y denunciaron que se estaría gestando un “segundo golpe de Estado” protagonizado por los mismos actores del 2019.

En los departamentos de Santa Cruz y Potosí se reportaron incidentes protagonizados por grupos afines a los comités cívicos de estas regiones, que desencadenó enfrentamientos entre los bloqueadores y la población que estaba en contra de esta medida, dejando como saldo varios heridos y un joven campesino que perdió la vida en Potosí.

La Defensoría del Pueblo exhortó este viernes a que protestas en el interior del país, impulsadas por cívicos, no afecten el derecho a la salud de la población ni la libre circulación del personal médico.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a aquellas personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta en los diferentes puntos de bloqueo de la capital cruceña, a que permitan la libre circulación de las y los trabajadores de la salud y a evitar tomar medidas de hecho que vulneren el derecho a la atención médica de todos los habitantes”, señala un comunicado de la Defensoría.

El pronunciamiento se realiza luego de que esta institución constatara en Santa Cruz varios puntos de bloqueo, instalados en las principales avenidas, que impiden la libre circulación e, incluso, donde se agrede físicamente al personal de salud que se dirige a su fuente laboral.

“Para esta institución de protección de los derechos humanos, en esta coyuntura de protestas agravada por la presencia de la COVID-19, esta situación representa una gran preocupación porque se ponen en riesgo los servicios de atención médica en los diferentes hospitales públicos y privados”, señala la Defensoría.

Advirtió que estos hechos pueden traer serias consecuencias a la vida, salud e integridad de la ciudadanía que requiere atenciones en salud, por lo que exhortó a la Policía Boliviana y del Servicio Departamental de Salud a activar planes y  los “protocolos necesarios para garantizar la atención médica sin interrupciones”.