El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que inició una investigación por los hechos de violencia cometido en contra de periodistas, policías y civiles en el municipio de Guarayos la tarde del jueves 28 de octubre.

Esta investigación se realiza por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.

“El Ministerio Público inició las investigaciones penales por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad”, indicó Lanchipa, en conferencia de prensa.

Detalló que se instruyó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz realizar las investigaciones con celeridad y con diligencia en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía Boliviana.

“Hemos instruido a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, de manera inmediata, dirigir con celeridad la realización de todos los actos investigativos correspondientes en coordinación con la Policía Boliviana y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”, acotó.

El jueves 28 de octubre, medios de comunicación reportaron que un grupo de personas no identificadas privaron de su libertad y agredieron a periodistas, policías y civiles que se encontraban en la estancia “Las Londras” del municipio de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que se activaron los mecanismos de protección en resguardo de la salud física y psicológica de la niña de 11 años, víctima de violación en Yapacaní, Santa Cruz.

“El Ministerio Público en el uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 260, decidió que en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales, Código Niña, Niño, Adolescente y leyes como la Ley Nº 458 y Ley Nº 1173 que establecen precautelar el interés superior de la niña, niño y adolescente y la protección reforzada a favor de sectores vulnerables, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.

Este mecanismo de protección se ejecutará mediante el "Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público", con la intervención del Ministerio de Salud y Deportes, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio Público dentro de la investigación por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto en el Artículo 308 del Código Penal, imputó al presunto autor del hecho y solicitó su detención preventiva que actualmente cumple en el Penal de Palmasola de Santa Cruz.

“Se ha instruido que, por la naturaleza del hecho cuya víctima es una niña, el presente caso se atienda con la debida diligencia con una supervisión directa de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil”, sostuvo Lanchipa.

Explicó que ante la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Desobediencia a Resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción, fue admitida por el Ministerio Público y, al haberse dirigido contra autor o autores, se encuentra en etapa de investigación para la individualización de los mismos, al efecto se librarán los requerimientos y órdenes que correspondan.

“El Ministerio Público exhorta a la población en general mantener en absoluta reserva los datos de identidad de la víctima, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1100/2011-R de 16 de agosto, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la víctima y evitar su revictimización”, instó.

Foto: Red Uno.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó este jueves que se hará prevalecer el derecho a la propiedad privada y el respeto a la vida, en relación al incidente ocurrido en el predio Las Londras, en Guarayos (Santa Cruz) cuando periodistas, policías, propietarios y trabajadores fueron emboscados y retenidos ilegalmente por algunas horas.

“Comunicamos al pueblo boliviano que los periodistas que fueron tomados como rehenes por comunarios en Guarayos fueron liberados hace un par de horas y se encuentran bien. Como gobierno manifestamos que no toleraremos este tipo de conductas y que haremos prevalecer, tanto el derecho a la propiedad privada como el respeto a la vida humana en todo el territorio nacional”, publicó en su cuenta de Facebook.

Según un reporte de Red Uno, un grupo de al menos 70 personas armadas, que tomó de forma ilegal el predio Las Londras, retuvo y amenazó a los periodistas, policías y trabajadores que llegaron al lugar para inspeccionar.

Los periodistas habían acudido al lugar por invitación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) para realizar la cobertura sobre el avasallamiento de tierras productivas, sin embargo, fueron sorprendidos por personas encapuchadas que los retuvieron en contra de su voluntad.

En ese entendido, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó el hecho, por lo que pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para identificar a los responsables.

“Condenamos la agresión física a trabajadores de la prensa que hoy fueron retenidos por personas encapuchadas en la propiedad Las Londras (…). Pedimos al Ministerio Público iniciar una investigación para identificar a los responsables del ataque a los 20 reporteros de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, quienes fueron liberados en horas de la tarde”, publicó en sus redes sociales.

En la reunión entre el Ministerio de Salud y Deportes y los gobiernos subnacionales se emitió un documento de conclusiones en el que el Gobierno nacional se compromete a mantener a los 1.816 médicos AISEM para la atención a los pacientes COVID-19 en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, además de extremar la vigilancia epidemiológica, mientras que las gobernaciones y municipios deberán presentar un plan de lucha contra la pandemia con base en el Plan Nacional.

“En el tema de recursos humanos se procederá a mantener los 1.816 contratos para continuar reforzando las unidades de cuidados intensivos e intermedios, cifra que podrá ser ampliada en función de la evolución de la pandemia”, dijo el ministro Jeyson Auza, a tiempo de dar lectura al documento firmado por los representantes subnacionales, señala un boletín institucional.

En la reunión, que se desarrolló durante toda la jornada, los directores y representantes de los servicios departamentales de Salud (Sedes), y municipales, expusieron el trabajo que desarrollan en sus regiones para contener la pandemia y coincidieron en que es importante reforzar la coordinación con el Gobierno nacional para mitigar la llegada de una cuarta ola del COVID-19.

El ministro de Salud remarcó que, a pesar de que el equipamiento es responsabilidad de los subniveles departamentales y municipales, el Gobierno nacional ha fortalecido las redes de servicios con unidades de cuidados intensivos, intermedios y camas de hospitalización.

“Nosotros hemos manifestado que debemos extremar la vigilancia epidemiológica y debemos considerar que todo resfrío es COVID-19, hasta que se demuestre lo contrario (…) ¿Cuál el objetivo de esto?, es que un paciente necesite terapia intensiva”, añadió.

En tanto, en el documento los gobiernos subnacionales se comprometieron a implementar diferentes estrategias para conseguir aumentar sus coberturas de vacunación en sus regiones.