(Foto: Policía Boliviana)

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, presentó este jueves a Eduardo M. F., de 38 años (padre) y a Celso A. A., de 52 años (tío abuelo), quienes fueron aprehendidos por agredir sexualmente a tres menores de edad desde la gestión 2017 en la ciudad de La Paz.

“Desde el año 2017, se han efectuado este tipo de agresiones y han ido evolucionando, a partir de caricias, de palabras que tenían un carácter sexual para pasar a toques y por último se practicó la relación de carácter sexual. (…)Pero, la agresión no termina ahí, sucede que estos sujetos, inclusive, tomaban fotográficas de las menores desnudas”, denunció Aguilera en conferencia de prensa.

Según el reporte preliminar, los acusados aprovecharon que la madre de las menores de edad de 15, 13 y 11 años falleció a causa de una tuberculosis. Explicó que la adolescente de 15 años fue víctima de violación en octubre del 2020 y amenazada si denunciaba sobre el hecho.

Este caso fue descubierto después de que las víctimas visitaran a su abuela materna y decidieran no retornar a la casa de su padre. La víctima de 15 años reveló los abusos de su progenitor y su tío abuelo.

Aguilera indicó que se realizará la pesquisa en los celulares de los aprehendidos para establecer si ambos aprehendidos forman parte de una red de prostitución infantil.

Lamentó que el 60% de estos hechos de violencia sexual se den en el núcleo familiar, por lo que exhortó a realizar una denuncia para evitar que continúen con las agresiones y separar al agresor de la víctima.

“Se tiene que efectuar una investigación prolija; pero, sobre todo, oportuna que permita la implementación de una sanción (contra el agresor). Nunca es tarde para denunciar”, indicó el jefe policial.

La  Constitución Política del Estado en su Artículo 15 establece  que  “toda  persona  tiene  derecho  a  la  vida  y  a  la  integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Según el parágrafo II, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, informó que diariamente recibe entre 10 a 17 denuncias de agresiones psicológicas, físicas y sexuales, informó su comandante, Jhonny Vega.

La autoridad, entrevistada este miércoles en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, junto al comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, destacó que ahora las personas tienen más apertura a presentar denuncias ante hechos de violencia.

Dijo que los casos que se reciben diariamente, son conocidos primero en plataforma, para luego seguir el protocolo correspondiente de forma expedita lo que se puede traducir en la aprehensión de la persona agresora.

El jefe policial recomendó a los padres de familia mejorar su comunicación con sus hijos e hijas, conocer con quienes se relaciona, sus amistades y sus problemas, con el fin de prevenir hechos de violencia o agresión sexual.

Por su lado, el comandante Aguilera explicó que el abuso sexual se suele presentar en cinco fases: Primero existe la seducción del agresor (regalo de juguetes o dulces a la menor), el abuso sexual, la fase de amenaza (el agresor intimida a su víctima para no ser delatado), la denuncia de la víctima y la fase represiva.

Recomendó a los padres de familia, creer en lo que digan los menores cuando les cuentan de un abuso sexual, por ejemplo.

Vega añadió que, en el caso de La Paz, se cuenta con el apoyo de psicólogos y psicólogos forenses para atender a las víctimas de agresiones sexuales.

Jeanine Áñez empieza a dar nombres. Luego que la CIDH derrumbó sus intentos de presentarse como víctima de abusos y después que sus manuscritos dejaron de tener efecto mediático, ahora sus abogados apuntaron a Luis Fernando Camacho, de quien dijeron que, “por lógica”, debería ser aprehendido y detenido con fines preventivos.

La explicación fue brindada este miércoles por Alaín De Canedo, abogado de la expresidenta de facto quien se encuentra actualmente detenida de forma preventiva acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante 2019.

“Este caso denominado terrorismo, sedición conspiración, inicialmente fue presentado contra Luis Fernando Camacho”, dijo el abogado, según el reporte de Bolivia Tv.

“Pero la lógica indica que obviamente tendría que también ser aprehendido y detenido preventivamente, si queremos seguir esa lógica que ha seguido el Ministerio Público a partir de este proceso”, dijo De Canedo.

“Ellos (la Fiscalía) tienen su teoría del caso pero si el tratamiento de Jeanine Áñez ha sido prácticamente a nivel de una complicidad, bueno, con el señor Luis Fernando Camacho el Ministerio Público obviamente tendría que actuar de la misma manera”, manifestó.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó que este martes que para establecer la responsabilidad de los efectivos policiales implicados en la muerte de la joven María Fernanda, en una Estación Integral Policial (EPI) de la zona de Chasquipampa de la ciudad de La Paz, debe existir transparencia en la fase investigativa del proceso penal y disciplinario. 

“Tiene que existir la más absoluta trasparencia en la fase investigativa, no solamente penal, sino también disciplinaria, porque han efectuado una serie de trasgresiones en cumplimiento de un deber”, explicó el viceministro a los medios.

Aseveró que la observación social de diversas instituciones como la Defensoría del Pueblo, instituciones que velan por los derechos de las mujeres, e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es fundamental para evitar que exista impunidad.

“Esto debe originar que también las instancias pertinentes como la Defensoría del Pueblo y otras instituciones como el Alto Comisionado (…) tengan participación con la observación social para que no haya impunidad”, acotó. 

Cox explicó que la transparencia de las investigaciones determinará el grado de responsabilidad y la falta disciplinaria de cada efectivo policial, además de las personas que estuvieron en el lugar la noche del 6 de octubre y parte de la madrugada del 7 octubre en la EPI de Chasquipampa, de la zona sur de La Paz.

El pasado martes, el fiscal Kenneth Verastegui informó sobre la aprehensión de cinco personas, dos civiles y tres efectivos policiales quienes están implicados en el deceso de la joven, y tras sus declaraciones, evidenciaron varias contradicciones, por lo que fueron aprehendidos.

El 6 de octubre, la joven María Fernanda de 22 años fue arrestada por el presunto delito de consumir bebidas al interior de un vehículo en vía pública. Tras su arresto, fue encontrada sin vida al interior de su celda. Se presume que fue un suicidio, pero la familia de la víctima negó ese hecho y pidió que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.