El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, arribó este lunes al municipio de Rurrenabaque, Beni, para coordinar acciones en contra de los incendios que afectan a la región.

“El viceministro Juan Carlos Calvimontes llegó hoy a primera hora de la mañana al municipio de Rurrenabaque en el departamento del Beni para coordinar las acciones de sofocación del incendio registrado en las últimas horas en esa región”, informó esta cartera de Estado mediante un comunicado.

Según el reporte, la autoridad realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas para asumir las acciones correspondientes.

“El viceministro Calvimontes se reunió con autoridades del municipio para coordinar las acciones a ser desplegadas en las próximas horas”, detalla el comunicado.

Se informó que en el transcurso de la mañana se hará una incursión en lancha hacia las zonas afectadas.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este sábado que durante la madrugada se desplegó a 200 policías hacia “Las Londras”, en la provincia Guarayos de Santa Cruz. El objetivo del operativo es investigar, identificar y desarticular a grupos irregulares armados, que en pasados días secuestraron y agredieron a policías, periodistas y civiles en esa región.

“En horas de madrugada movilizamos más de 200 efectivos policiales en la zona de Las Londras de la provincia Guarayos con el objetivo de continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares en el lugar y cualquier tipo de organización que atente contra la seguridad interna del país”, escribió Del Castillo en su cuenta de Twitter.

El pasado jueves 28 de octubre, un grupo de personas encapuchadas armadas, supuestos avasalladores, secuestraron a un grupo de periodistas, policías y civiles. Los retuvieron y les agredieron, e incluso dañaron el equipo de trabajo de algunos medios de comunicación. Horas más tarde los liberaron.

“No vamos a permitir que ningún grupo de esta naturaleza amedrente ni atente contra la seguridad de nuestros ciudadanos”, aseveró el ministro.

El pasado 29 de octubre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró que se iniciaron las investigaciones penales para dar con los responsables del secuestro y agresiones en Guarayos.

Según Lanchipa las investigaciones se realizan por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, advirtió que el Gobierno será implacable y no dejará impune el secuestro y las agresiones.

Aseguró que las investigaciones ya tienen un gran avance para identificar plenamente a las personas que participaron en esos actos que causaron zozobra en la población boliviana.

“Vamos a ser implacables contra ellos, vamos a ser implacables contra estos grupos de personas que atenten contra el orden de nuestro país, que pongan en riesgo la vida humana y la propiedad privada de los bolivianos y bolivianas”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la Policía Boliviana pidieron este viernes al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no perjudicar las investigaciones sobre lo ocurrido en la víspera en el municipio de Guarayos, cuando periodistas, efectivos policiales, comunarios y empresarios fueron emboscados, retenidos ilegalmente y amenazados con armas de fuego.

“Al señor Luis Fernando Camacho decirle que no perjudique el trabajo investigativo de nuestra #PolicíaBoliviana y del Ministerio Público; que se dedique a hacer gestión y no shows mediáticos y politiquería (sic)”, escribió Del Castillo en su cuenta de Twitter.

La autoridad señaló que por tratarse de un tema complejo, este amerita “seriedad y responsabilidad”.

Además, aclaró que los predios donde ocurrió el hecho son fiscales y no disponibles de la reserva Forestal Guarayos, creada el año 1969 con el D.S. No 08660 y el D.S. No 12268 del 28 de febrero del año 1975, y que no pertenecen ni a comunarios ni a empresarios.

“No obstante, como gobierno pondremos ante la justicia a cualquier grupo en el país que tenga la osadía de tomar rehenes y portar armas de manera ilícita. Sugerimos al #INRA que intime a quienes se encuentran en el lugar”, indicó el ministro de Gobierno.

Por su parte, la Policía Boliviana, a través de una nota dirigida al gobernador cruceño, pidió que no se traslade al lugar, como lo había anunciado, para evitar entorpecer las investigaciones.

“En mi condición de Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, con el objetivo de evitar el entorpecimiento de las investigaciones que se están realizando en el presente caso y que se desarrollarán en el lugar de los hechos (…), le solicito muy gentilmente no constituirse a dicha localidad con el fin de permitir que las instituciones llamadas por ley, Fiscalía y Policía Boliviana, continúen desarrollando el proceso investigativo de manera independiente”, indica una nota enviada por el coronel Edson Claure, director departamental de la FELCC de Santa Cruz.

Camacho anunció que se constituiría en el lugar el sábado para tomar contacto con comunarios y los supuestos propietarios de esos predios.

Medios de comunicación del país informaron, en la víspera, que un grupo de periodistas, campesinos y personeros de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) fue retenido por desconocidos armados y encapuchados que avasallaron el predio Las Londras.

La Defensoría del Pueblo exigió este viernes el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de secuestrar y agredir a periodistas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. Aseveró que esas acciones atentan contra la libertad de expresión.

“La Defensoría del Pueblo, frente a la agresión física y retención en contra de la voluntad de trabajadores de la prensa ayer, durante 7 horas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, a manos de personas encapuchadas y que portaban armas de fuego, exige el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de expresión, una de las bases fundamentales del Estado de Derecho y de la Democracia”, se lee en un comunicado defensorial.

Esta institución exige la investigación y el establecimiento de sanciones para evitar que estos hechos se “naturalicen”. A su vez, demanda el respeto al trabajo de la prensa para garantizar el derecho de acceder a la información y el derecho a la libertad de expresión.

“Los periodistas fueron retenidos, junto a civiles y policías, de manera violenta por encapuchados, quienes fueron denunciados por avasallar una propiedad privada. Estos hechos, además de atentar contra los derechos humanos, se constituyen en delitos penales, como privación de libertad, secuestro, tenencia y portación de armas, y lesiones leves y graves”, explica el comunicado. 

Según el reporte institucional, un grupo de personas encapuchadas retuvieron periodistas de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, además de efectivos policiales y personas civiles quienes fueron liberados horas más tarde.

Asimismo, indicaron que las víctimas presentaban lesiones y el equipo de algunos trabajadores de la prensa fue dañado, entre eso, una cámara filmadora que recibió un impacto de bala.  

“Los trabajadores de la prensa deben ser protegidos por el Estado para garantizar la libertad de expresión, que a su vez es protegida por la Constitución Política del Estado. Esta institución defensorial hará seguimiento de este caso hasta que se identifique a los responsables y se los someta a la justicia ordinaria”, concluye el pronunciamiento.