(Foto: RRSS)

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) confirmó este sábado el fallecimiento de seis personas en el accidente aéreo en Riberalta (Beni) y anunció que la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos ya indaga las causas del mismo.

“Para determinar las causas de este lamentable suceso, la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Boliviana está realizando las investigaciones correspondientes, las cuales se darán a conocer oficialmente dentro del tiempo establecido”, señala un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

La FAB informó que el accidente sucedió cerca de las 08.50 cuando la aeronave Cessna C-206 matrícula FAB-320, asignada al Grupo Aéreo "62" de Riberalta realizaba un vuelo de apoyo a profesionales en el área de salud, que tenían que constituirse “con urgencia” en la ciudad de Cobija (Pando) para abordar un vuelo comercial de conexión.

Según el reporte preliminar, la aeronave sufrió el trágico accidente minutos después de despegar, en inmediaciones de Agua Dulce, a 15 kilómetros de Riberalta, donde perdieron la vida los dos tripulantes de la FAB y los cuatro pasajeros funcionarios del Ministerio de Salud.

“La institución aérea militar se adhiere al profundo dolor que embarga a las dignas familias de las víctimas de este lamentable suceso”, señala el comunicado de la FAB.

Las personas que fallecieron son el capitán Freddy Suárez Téllez y el teniente Jhonn Clinton Mariaca, además de cuatro trabajadores del área de Salud identificados como Carla Romero Pérez, José Jorge Aruni Chura, Ericka Mercado Bustillos y Walter Delgado Urzagaste.

Velando por la salud y bienestar del personal de marineros y soldados de las Fuerzas Armadas, el Batallón de Policía Militar Naval N° 1 “La Paz”, de la Armada Boliviana, fue escenario para el desarrollo del acto de incentivo a la vacunación contra el COVID-19 para todo el personal de la entidad castrense.

“Bajo el lema ‘Unidos Contra el Covid, Vacúnate’ marineros de esta Unidad Naval recibieron la dosis de vacuna, previa revisión y valoración médica por parte del personal de Salud, quienes posteriormente les dieron algunas recomendaciones de cuidado a cada uno de los efectivos navales”, señala una nota de prensa.

En representación del Ministerio de Salud y Deportes, el responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, señaló que es una obligación primaria del Estado proteger la salud de toda la población.

“Creemos que este acto importante en el cual nos vemos partícipes y co responsables de la salud de nuestros conscriptos, así como, de los efectivos militares, va a hacer que ellos estén saludables y de manera segura puedan cumplir con sus funciones y la misión encomendada (…). Yo me cuido, tú te cuidas y tendremos a unas Fuerzas Armadas saludables”, manifestó.

Por su parte, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, en representación del Ministro de Defensa, a tiempo de agradecer al Ministerio de Defensa de la República Popular de China por la donación de dosis Sinopharm para efectivos militares, destacó la importancia de la inmunización para prevenir y reducir contagios de coronavirus en las Fuerzas Armadas.

“Tener vacunados contra el COVID-19, particularmente a nuestro personal de marineros y soldados de todo el territorio, nos garantiza el poder cumplir con todas las misiones de seguridad y defensa de todo el territorio nacional. No olvidemos que el personal militar está expuesto en las diferentes regiones del país, en regiones fronterizas donde, a veces, se carece de unidades de salud. Sin embargo, a través de este convenio se va a garantizar que todo el personal en todo el territorio logre vacunarse con esta dosis”, indicó.

El importante evento contó con la presencia del Gral. Div. Augusto García, comandante en Jefe Acc. de las Fuerzas Armadas; el contralmirante Francis Franck, comandante general Acc. de la Armada Boliviana; y representantes del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Defensa gestionó la donación de 100.000 dosis de vacuna Sinopharm y 100.000 jeringas para el personal de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño Rojas, reiteró este sábado su rechazo al paro convocado por algunos cívicos opositores al Gobierno nacional y lo calificó como una excusa para ocultar los delitos que cometieron durante el golpe de Estado de noviembre de 2019.

“Este paro es político, lo quiero remarcar porque no se está violando ningún derecho de ningún ciudadano, solamente han buscado una excusa para, obviamente, ocultar los delitos que han cometido en el golpe de Estado, junto con la señora Jeanine Áñez”, aseveró Montaño en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que se garantiza el funcionamiento normal de las empresas estatales, en beneficio de la población en general, por lo que invitó a los ciudadanos a acudir a hacer sus trámites respectivos.

“La Constitución Política del Estado, nos da el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo y el derecho a la salud, por lo tanto, ni el Comité Cívico, ni el gobernador (Luis Fernando Camacho) de Santa Cruz pueden restringirnos estos derechos”, indicó.

Lamentó la medida “política” anunciada por la gobernación cruceña, porque solo se perjudicará a la población y al sector productivo que está trabajando para reactivar la economía nacional.

Según estimaciones, por un día de paro el departamento de Santa Cruz llegará a perder $us 32 millones, y a nivel nacional la suma ascendería a $us 112 millones; además el Ministro de Obras Públicas dijo que solo el transporte aéreo y terrestre tendrán pérdidas por Bs 6 millones.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que el reciente informe de la CIDH sobre la situación de Jeanine Áñez, desbarata toda la campaña de sus familiares, abogados y afines, que intentaron hacer creer que ella sufría agresiones contra su integridad y no tenía acceso a un tratamiento de salud adecuado.

Limpias, entrevistado en Bolivia Tv, indicó que Áñez tiene asignado un médico especialista y una enfermera las 24 horas además de que consume alimentación especial traída desde afuera del penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz, y se le permite el ingreso diario de sus familiares y abogados.

Explicó que el informe de la CIDH evidenció que “en ningún momento la administración penitenciaria ha vulnerado los derechos, ni en el tema de salud ni en ninguna otra instancia respecto a la señora Jeanine Áñez”.

Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue contundente al desestimar las “falacias, declaraciones irresponsables de los voceros de la señora Áñez, familia, abogados, que han venido en desmedro del trabajo que viene realizando la administración penitenciaria”.

En agosto, la defensa de Áñez acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares en busca de una detención domiciliaria con el justificativo de que ella recibe amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de su vida e integridad personal y sufre "la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado (...) para restablecer su estado de salud".

Esas versiones fueron amplificadas por los medios de difusión.

Sin embargo, la CIDH negó las medidas cautelares solicitadas por Áñez, y su hija Carolina Ribera. Debido a la situación, decidió cerrar el caso.

Al respecto, Limpias dijo que recibió informes médicos de que Áñez está mejor de salud y que cuenta con la asistencia de personal de salud las 24 horas.

Áñez está con detención preventiva acusada por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición cometida en 2019 en un proceso judicial iniciado por la exdiputada Lidia Patty.

Durante su régimen, al menos 37 personas fueron asesinadas en protestas sociales y ejecuciones sumarias, así como en las masacres de Sacaba, Senkata, El Pedregal y Betanzos. Más de 800 resultaron heridas y más de 1.000 perseguidas y torturadas.