Tres organizaciones internacionales denunciaron ante la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU, los hechos de violencia contra trabajadores de la prensa y medios comunitarios en noviembre de 2019 cuando Jeanine Áñez, apoyada por grupos cívicos, civiles y algunos uniformados, tomó el poder por la fuerza.
Las denuncias identifican a grupos civiles que operaron junto a los policías y militares para cometer graves hechos de violencia y agresiones racistas contra indígenas y contra autoridades.
Las acusaciones fueron presentadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, Argentina; el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (SiPreBA), con sede en Buenos Aires, Argentina y Andean Information Network (AIN).
La denuncia indica que integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) “se transportan mayoritariamente en motocicletas son llamados comúnmente ‘los motoqueros’. Este grupo se definió como ‘un ente fiscalizador y de control’ preparado para responder a ‘las amenazas y el vandalismo’. Vecinos que vieron cómo se conformaba este grupo afirmaron ‘de repente en las calles aparecieron grupos paramilitares que parecían salidos de un guion cinematográfico hollywoodense: andaban armados con garrotes y púas. Usaban también bates y portaban chalecos. Para las fuerzas de seguridad era necesario matar y herir, ellos parecían cumplir una segunda función, el amedrentamiento’. La Red Andina de Información encontró ‘denuncias repetidas y grabaciones de la policía y los motoqueros trabajando en conjunto en una alianza para atacar, golpear, y detener la gente indígena y pro-MAS’”.
El documento también replica el informe de la Defensoría del Pueblo respecto a las agresiones a medios de difusión estatales y periodistas por parte de grupos civiles organizados. “Nadia Cruz, la defensora del pueblo de Bolivia tomó conocimiento de 26 casos de trabajadores de la prensa agredidos en los conflictos entre el 23 de octubre de 2019 y el 8 de noviembre de 20196 . Los ataques identificados se dieron por parte de civiles. A partir del 9 de noviembre, con el recrudecimiento de los conflictos en el país, la situación empeoró para trabajadores y medios de prensa en general. Grupos de civiles restringieron la libertad de trabajadores de prensa. Un ejemplo es el canal Televisión Boliviana BTC (BTV) y la Radio Patria Nueva que por ser, según quienes participaron de estas acciones, afines al MAS fueron cercados hasta lograr que cancelen su emisión o solamente transmitan música. En ese tiempo se daban ataques por parte de particulares a medios de comunicación provocando su cierre temporal o afectando su continuidad. Según la defensora del pueblo ‘los ataques más notorios en contra de periodistas y medios de comunicación, se dieron en el periodo de tiempo entre el 9 y 12 de noviembre, tiempo en el que no existía presencia policial o ya con el retorno a sus funciones, se vieron sobrepasados por la población aspecto que permitió un mayor nivel de violencia en contra de los trabajadores de la prensa y algunos medios’ . Destaca también que en ese momento ‘no existían garantías mínimas por parte de la Policía a favor de los periodistas’”.
Respecto a las agresiones a Radio Kawsachun Coca, la quema de sus instalaciones y las agresiones a las radios comunitarias, el reporte internacional indica que “(…) los bomberos logran calmar el incendio, no obstante, uno de los camiones hidrantes no se retiró. Aproximadamente a las 2.00 de la madrugada, con la escalera del camión que permanecía en la zona, los jóvenes lograron ingresar a las plantas superiores del edificio y lo queman en su totalidad. Algunas personas que estaban participando ingresaron también a retirar equipos y computadoras del interior del edificio para llevarlos al exterior y prenderlos fuego en la calle. Se quemaron totalmente los equipos de dos emisoras comunitarias del sector cocalero que se encontraban dentro del edificio: las repetidoras de Kawsachun Coca y Radio Soberanía (radio hermana con la que incluso comparten corresponsales y que desde fines de 1990 sufre los mismos ataques de los que ahora es víctima la radio Kawsachun Coca). Después del incendio, el amedrentamiento no cesó. Durante las siguientes dos semanas ningún trabajador de la radio pudo ingresar al edificio porque había un grupo de civiles vigilando la zona esperando que alguien se acercara”.
Otro de los casos denunciados es del periodista argentino Sebastián Moro, quien residía desde 2017 en Bolivia, trabajaba como jefe editor del semanario Prensa Rural y como conductor de diversos programas de Radio Comunidad, ambos medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Moro, fue encontrado golpeado y agonizando luego de denunciar en los medios sindicales el rol de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y tras titular: “Un golpe de estado en marcha en Bolivia”, exponiendo “la realidad de lo que estaba sucediendo mientras otros medios esquivaban definir de esa forma la situación”, indica el informe internacional.
Los médicos indicaron a sus familiares “que podría haber sido agredido, que no podían determinar el origen de los politraumatismos y que son lesiones propias de agresión y tortura”. Agregan que Moro tenía “un pulmón colapsado como consecuencia de un golpe” y “muerte cerebral”, además de que pasó de coma nivel 3 al 4. El 16 de noviembre, falleció debido a un infarto, indica la denuncia internacional.
“Tras su fallecimiento (la clínica) le ofreció a la familia de inmediato el servicio de cremación a pesar de que al tratarse de un posible homicidio el personal de salud tenía la obligación de practicar una autopsia”.
“En diciembre de 2020 se accede al testimonio de José Aramayo que indica que Sebastián fue agredido con golpes de un objeto contundente en la cabeza y que todos los periodistas de Radio Comunidad estaban identificados previamente por los agresores con fotografías que tenían en sus teléfonos, entre los periodistas identificados se encontraban Moro y Aramayo. Dijo también que Sebastián Moro se dedicaba a cubrir notas sobre situaciones políticas. Agregó que el 9 de noviembre de 2019 había grupos patrullando Miraflores buscando supuestos terroristas”, manifiesta el informe.
El reporte añade que José Aramayo, entonces jefe de medios de la CSUTCB, fue atacado en noviembre de 2019 en medio de una conferencia de prensa organizada para aclarar la posición política de los campesinos afines al MAS. Durante el acto ingresaron personas armadas que agredieron a los campesinos acusándolos de masistas. A Aramayo lo llevaron al exterior y lo ataron a un árbol durante varias horas mientras lo insultaban y amenazaban con darle ‘un castigo ejemplificador’”.
La denuncia de las organizaciones internacionales, concluye que “En todos los casos señalados se evidencia cómo en Bolivia, a partir del contexto de las elecciones presidenciales de 2019 y en los meses que se siguieron, en particular entre los días 9 a 12 de noviembre de 2019, grupos de civiles actuaron de manera organizada para atacar las instalaciones de medios de comunicación considerados afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y amenazar y agredir a periodistas, violando también los derechos a la vida e integridad personal de José Aramayo y Sebastián Moro. Estos hechos contaron con la omisión o complicidad de personal policial y luego de más de un año y medio de sucedidos, siguen sin investigarse. El gobierno de facto de Jeanine Áñez no solo no tomó ninguna medida para contrarrestar estos ataques, sino que realizaba constantes declaraciones estigmatizadoras de la oposición y los medios. En este sentido y ante este escenario, el GIEI recomendó reforzar ‘las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas’”.
“El incendio del edificio de las Seis Federaciones en el que se encontraban la radio Kawsachun Coca nunca fue investigado. En el caso de las torturas a José Aramayo, incluyendo la complicidad y omisión del personal policial presente en el local de los hechos, hasta la fecha no se abrió una investigación, a pesar de que la víctima hizo la denuncia correspondiente. La muerte de Sebastián Moro fue objeto de un proceso por homicidio que empezó tardíamente por iniciativa de la Defensoría del Pueblo, pero avanza de manera excesivamente lenta y presenta serios indicios de falta de compromiso con la búsqueda de la verdad e identificación de los responsables”, añade.
Por todo lo denunciado, solicitaron a la Relatora de la ONU “declare la responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia por la violación al derecho a la libertad de opinión y expresión, en función del incumplimiento de su deber de prevenir e investigar estos ataques. Los hechos sucedieron durante un momento de grave crisis democrática; algunos de ellos se dieron en el marco del amotinamiento de las fuerzas de seguridad y horas antes de la renuncia forzada del presidente Evo Morales; otros, durante los días en que hubo un vacío de poder formal en el país; y otros, bajo la autoridad del gobierno de facto de Jeanine Áñez. En cualquiera de los casos, el Estado boliviano debe avanzar en la determinación de la verdad sobre estos hechos y que las víctimas obtengan justicia por estos crímenes. Este es un derecho de toda la sociedad”.
“Pedimos que se lleven a cabo de manera urgente y efectiva los procedimientos adecuados para investigar los hechos del incendio de la radio comunitaria Kawsachun Coca, el ataque a la CSUTCB y la muerte de Sebastián Moro. En cuanto a este último caso, es importante que se mantenga informada a la familia de Sebastián de los trámites realizados, si necesario con el apoyo de la Embajada argentina en Bolivia”, menciina la denuncia.
“Luego de la recuperación democrática en el país, asegurar que los episodios de violencia e intimidación no queden impunes es imprescindible para garantizar que los hechos no se repitan”, indica el documento firmado por representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, Argentina; el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (SiPreBA), con sede en Buenos Aires, Argentina y Andean Information Network (AIN).
El documento completo esta disponible en el sitio web https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2021/10/RE-libertad-de-expresion.pdf
