La Paz, 11 de mayo de 2023 (ABI). - El analista económico Martín Moreira señaló este jueves que ante casos como el intervenido Banco Fassil, urge que el proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas sea aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Según el experto el “escándalo financiero que salió a la luz en los últimos días en relación al Banco Fassil” es un recordatorio “impactante” de los problemas que pueden existir con algunas entidades que desvían fondos de sus ahorristas en beneficio de terceros.
“Los informes revelan una serie de desvíos de dinero que involucran a diversas empresas inmobiliarias, como Manzano 40 y Macororó, que era propietario de 15 condominios en la ciudad de Santa Cruz. Estos desvíos de sumas millonarias de préstamos fueron autorizados por los ejecutivos del banco, que ahora se encuentra intervenido”, indicó Moreira.
Dijo que uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la participación de Santa Cruz Finanzas Group, que casualmente resulta ser uno de los inversionistas del Banco Fassil. Esto plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia en las transacciones financieras.
“¿Cómo es posible que una entidad relacionada con el banco receptor de los préstamos esté involucrada en la inversión de esos fondos? Esta aparente convivencia entre diferentes actores del sistema financiero es alarmante y demuestra que hubo un delito financiero”, cuestionó.
Señaló que además de los desvíos de dinero, también se descubrió “movimientos sospechosos” en tarjetas de crédito, en las que los límites de gasto de Bs 35.000 se excedieron hasta alcanzar la “asombrosa cifra” de Bs 19 millones.
Estos delitos financieros fueron permitidos y autorizados por ejecutivos del Banco Fassil, lo que pone de manifiesto una grave negligencia en la gestión de los recursos y una total falta de responsabilidad hacia los clientes y depositantes.
Esta situación no se vivió en el país desde 1995, cuando el Banco Boliviano Americano (BBA) fue liquidado. El BBA fue el único banco en Bolivia que operó una sociedad offshore, conocida como BBA Internacional Banking Corporation (BBA-I), en las Islas Caimán.
Durante los años 90, el BBA también estuvo involucrado en diversas estafas contra sus ahorradores. Después de la quiebra del banco, se tomaron medidas para prohibir este tipo de entidades en el país.
“La reciente descripción de los hechos que rodean al Banco Fassil pone de manifiesto la necesidad urgente de contar con el proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, dijo el analista económico.
Explicó que esta normativa no solo busca combatir delitos financieros internacionales, sino que también se enmarca en el cumplimiento de recomendaciones y compromisos asumidos por el Estado.
“Si esta ley hubiera sido aprobada, se habría podido rastrear y actuar con mayor severidad en casos de enriquecimiento ilícito, delitos financieros y apropiación ilegal, como el caso específico de Fassil”, insistió.
A su consideración, con una ley como la 280, se habría tenido la capacidad de detectar de manera más eficiente las irregularidades financieras cometidas por esa entidad y se habría podido evidenciar el manejo discrecional de los ahorros de los clientes que confiaron, antes de su intervención.
“Situaciones como esta nos deben hacer reflexionar como bolivianos y nos deben motivar a presionar para que la Ley 280 sea aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta ley no solo permitiría tener un mayor control social sobre las entidades financieras, sino también sobre los funcionarios públicos y las empresas cuyos capitales no se sabe de dónde provienen, como el caso de Santa Cruz Financial Group (SCFG), que era inversionista del Banco Fassil”, acotó.
MC/Mac
