El viceministro de Planificación, David Guachalla, en conferencia de prensa.
Viceministro descarta argumentos del paro: No está vigente ley 1551 y es ‘falso’ se disponga dinero del censo

Viceministro descarta argumentos del paro: No está vigente ley 1551 y es ‘falso’ se disponga dinero del censo

La Paz, 25 de julio de 2022 (ABI).- Los argumentos sobre los que se sostiene el rechazo al aplazamiento del censo por parte de líderes en Santa Cruz no tienen sustento legal y faltan a la verdad. La ley que establecía que el censo debe hacerse cada 10 años fue anulada y es “falso” que los recursos asignados al censo se destinen a otros rubros, afirmó el viceministro de Planificación, David Guachalla.

“Algunos miembros de ese Comité Interinstitucional han venido planteando varios argumentos que no tienen la veracidad necesaria, por ejemplo, han ido planteado de que el Gobierno estaría incumpliendo una ley e incluso la Constitución en materia censal”, cuestionó en una entrevista en Bolivia Tv en alusión al comité cruceño para hacer seguimiento al censo.

Uno de esos argumentos está apoyado -sostuvo- en la ley de Participación Popular 1551, que fijaba los censos cada 10 años, que fue sacado del ordenamiento jurídico en 2010 con la vigencia de la Ley Marco de Autonomías. “Todos sabemos que ha sido abrogada”, insistió la autoridad.

“También hacen referencia que en la Constitución establece de que hay que realizar censos cada 10 años, lo que es falso”, afirmó respecto a los argumentos que esgrimen líderes cruceños para justificar las protestas y su rechazo al diferimiento del censo hasta el 2024.

En el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), con participación de ocho de nueve gobernadores y alcaldes, se aprobó el diferimiento de la encuesta nacional, lo que luego fue materializado con el decreto 4760. El gobernador Luis Fernando Camacho no asistió.

Guachalla también negó que los recursos aprobados para el censo puedan ser redireccionados a otros requerimientos.

“De la misma manera hacen referencia a que los créditos que han sido aprobados para el financiamiento del censo estarían de libre disponibilidad del Gobierno para el despilfarro, la situación es totalmente contraria. Todos sabemos que cuando existe estos contratos de préstamo el gasto está siendo fiscalizado tanto por la normativa interna como de los organismos financiadores”, explicó.

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