La Paz, 30 de julio de 2022 (ABI).- La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, instó este sábado a las diferentes instituciones y gobiernos subnacionales a trabajar de manera coordinada para erradicar la trata y trafico de personas y otros delitos conexos, en marco a la nueva Política Plurinacional.
“La Política Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas tiene que ser abordada por todas las instancias. No naturalicemos estos delitos, hay que actuar de manera responsable y coordinada”, indicó la viceministra.
Explicó que esta coordinación, a través del Consejo Plurinacional, permitirá dar cumplimiento a las tareas trazadas en el documento presentado este sábado.
“Hemos trabajado a partir de esta estrategia uniendo esfuerzos para comunicar a la población las tareas, la prevención, las denuncias para no naturalizar los delitos sino actuar de manera responsable y para ello los medios de comunicación también tienen un rol fundamental”, recalcó.
Alcón anunció la elaboración de un convenio con los medios para que se sumen al trabajo de prevención contra estos delitos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas.
“Si nosotros no entendemos que debemos de trabajar de forma coordinada y que tenemos responsabilidades para con la sociedad no avanzaremos, por ello se estableció este trabajo en coordinación con el Consejo Plurinacional y de las instituciones para luchar contra este delito que no tiene fronteras”, explicó.
Aseveró que en marco a la nueva Política se trabajará en la construcción de mensajes y materiales. Además de reforzar los mecanismos de autoprotección frente a este delito para reducir los factores de riesgo.
La Política Plurinacional Contra la Trata de Personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el periodo 2021–2025, fue diseñada de manera participativa con el lema “Uniendo esfuerzos” y establece 12 acciones estratégicas que tienen el objetivo central de luchar contra el delito que afecta los derechos fundamentales de la población a la vida, a la libertad y a la libertad sexual.
Busca establecer las bases fundamentales para que las instituciones públicas de los distintos niveles del Estado elaboren y ejecuten planes, programas y proyectos orientados a la prevención, lucha y erradicación de estos delitos.
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