La tarde del 11 de noviembre, grupos radicales vinculados a la Unión juvenil Cruceñista (UJC) tomaron, saquearon e incendiaron la sede campesina. Foto: @BoliviaLibreNow
Arce afirma que ningún delito cometido en el paro quedará en la impunidad

Arce afirma que ningún delito cometido en el paro quedará en la impunidad

La Paz, 02 de diciembre de 2022 (ABI). – El presidente Luis Arce Catacora afirmó este viernes que no quedará en la impunidad ningún delito cometido en los 36 días de paro que se cumplió en Santa Cruz y que mutó de pedir la realización del Censo en 2023 a una ley sobre la encuesta nacional.

“Los pueblos indígenas de Santa Cruz se han sufrido agresiones racistas y se han vulnerado muchos de sus derechos y por supuesto que los delitos que se han cometido no pueden quedar en la impunidad”, afirmó el jefe de Estado durante un mensaje al país.

Arce señaló que “los procesos iniciados a nivel nacional internacional deben sentar un precedente para que la violencia y el crimen no se normalicen en nuestro país y para que nunca más una persona sea agredida y hasta asesinada por pensar distinto o ser distinto”.

La agresión al pueblo indígena ayoreo se registró el 28 de octubre, luego de seis días del inicio del paro indefinido al que convocó el Comité Interinstitucional con el aval del cabildo del 30 de septiembre en Santa Cruz en procura de “arrancar” del Gobierno nacional la realización del Censo para el año 2023.

El hecho lo protagonizó el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, y cívicos de Concepción, quienes obligaron a mujeres del pueblo indígena Ayoreo a levantar un punto de bloqueo en contra del paro indefinido.

En varios videos que registraron el hecho, se observó a Velásquez, con el dorso descubierto, increpando a las ayoreas, retándolas a que lo retiren del lugar y luego propinando golpes a varias personas sin distinguir si eran hombres o mujeres. También se destruyó sus viviendas y las amenazaron con expulsarlas de sus territorios ancestrales.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio de Justicia, presentó la denuncia contra Velásquez, y los cívicos de Concepción David Moreno y Jhonny Gómez por los delitos de racismo y discriminación en contra de pobladores ayoreos.

El 30 de noviembre, el subgobernador fue aprehendido y trasladado a celdas policiales de la capital cruceña en espera de que se defina su situación procesal luego de que éste se abstuvo de declarar.

Pero además de este hecho, el jefe de Estado indicó que los 36 días de paro “enlutó al pueblo boliviano, hubo ciento de heridos, una denuncia de violación grupal, graves agresiones a mujeres, a periodistas, a la policía, vulneración a muchos derechos como el derecho al trabajo a la alimentación, a la salud, a la educación, a la libre expresión y enormes daños a nuestra economía superando los 1.200 millones de dólares en pérdidas económicas para el departamento de Santa Cruz”.

“Lamentablemente grupos radicales y delincuenciales generaron en Santa Cruz una escalada de violencia, quemaron la sede de los campesinos, saquearon la sede de la Central Obrera Departamental, violentaron otras sedes de organizaciones sociales, amenazaron a dirigentes y a sus familias”, afirmó.

También hizo mención a los saqueos a los puestos de los gremialistas de zonas populosas como la Villa Primero de Mayo y del Plan Tres Mil y los despidos de personas que cuestionaron la medida de presión.

Arce dejó en claro que no descalifica “al Comité Interinstitucional ni a los cabildos que convocaron”, pero que no comparte “en que se haya mentido al pueblo cruceño, que se haya pretendido generar una convulsión social utilizando el Censo como bandera política y que se haya buscado trasladar el conflicto a otros departamentos para propagar la violencia”.

Ello se intentó luego de que, en el cabildo del 13 de noviembre, el Comité Pro Santa Cruz conminó a las otras regiones a sumarse a sus medidas de presión en un plazo de 72 horas, pero que no logró respuesta de los demás departamentos.

El presidente agradeció la decisión asumida por el resto de los ocho departamentos “de no sumarse a la propuesta desestabilizadora” y al paro que en el caso de Santa Cruz generó “zozobra, terror, angustia, hambre, desabastecimiento, cobros, violencia, inseguridad, accidentes, violencia, asesinatos, violaciones y crímenes”.

La población denunció que los puntos de bloqueo se convirtieron en escenario de violencia donde los bloqueadores- muchos en estado de ebriedad- incurren en extorsiones, vejaciones, agresiones y una serie de ilícitos.

Incluso, el vocero del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo, admitió que personas en estado de ebriedad, “delincuentes y drogodependientes” controlaban puntos de bloqueo.

Jfcch/Mac


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