El Índice de Alerta Temprana (IAT) COVID-19 del Ministerio de Salud registró 96 municipios con alto riesgo de contagio, 45 con medio, 32 con bajo, y 30 con inicial, según informó este miércoles ese reporte semanal.

El reporte N° 9 de la IAT correspondiente a la semana del 17 al 23 de enero de 2021 fue publicado en la página web del Ministerio de Salud y Deportes para su consulta respectiva, según explica un boletín institucional.

Considerando estos datos, 203 municipios en Bolivia deben estar en alerta para implementar y reforzar medidas de prevención y contención a fin de evitar el riesgo de propagación de ese virus, indica ese documento.

En el marco del Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el COVID-19, el Gobierno, a través del Ministerio Salud, refuerza el testeo masivo y la atención hospitalaria para pacientes con esa enfermedad con la entrega de nuevos lotes de pruebas de antígeno nasal y equipamiento e insumos para establecimientos de salud.

Según ese boletín, en relación al reporte 7 del IAT, en esta semana se incrementaron 33 municipios con riesgo alto por ello se deben implementar medidas más estrictas para romper la cadena de contagio.

El documento semanal recomienda que la población deba estar consciente que el riesgo de contagio va en ascenso. Asimismo, se deben extremar esfuerzos para garantizar que la población cumpla las medidas de contención y distanciamiento.

El primer cargamento de vacunas contra el coronavirus que llegará mañana, jueves, al país incluye 20 mil dosis, tres veces más de lo esperado inicialmente, anunció este miércoles el presidente Luis Arce.

“Las primeras vacunas ya están en camino a #Bolivia. Tenemos la buena noticia de recibir una cantidad mayor de la que se había anunciado; son 20 mil dosis que se aplicarán inicialmente a nuestro personal de salud que está en primera línea. #VamosASalirAdelante”, escribió en su cuenta en Twitter.

A finales de diciembre pasado, el Gobierno firmó un contrato con Rusia para el abastecimiento de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el objetivo de suministrarla de forma gratuita y voluntaria a la población boliviana.

Ese acuerdo establecía el envío inicial de 6 mil dosis para suministrarla inmediatamente al personal de salud que se encuentra en primera línea en la batalla contra el COVID-19.

El objetivo del Gobierno es inmunizar al cien por ciento de la población vacunable con más de 15 millones de dosis, entre las vacunas Sputnik V, de AstraZeneca/Oxford y las suministradas a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud.

Los servidores públicos están en la obligación de cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 con el lavado de manos permanente y la desinfección de celulares, teléfonos, teclados, impresoras u otros objetos que podrían estar contaminados, dijo la ministra de Trabajo, Verónica Navia.

“Lavarse las manos por 40 y 60 segundos con agua y jabón y/o usar desinfectantes a base alcohol al 70% mantendrá al coronavirus fuera de las fuentes de trabajo”, explicó la autoridad citada en un boletín institucional.

El documento bi-ministerial recomienda la limpieza y desinfección de superficies con las que se tiene mayor contacto: ventanas, manijas de puertas, perillas de sanitarios, interruptores, pasamanos, mesas, escritorios, mouse, bolígrafos de uso común, marcadores biométricos, sillas, mesones, mamparas acrílicas y otros.

Las tareas de desinfección y limpieza deben ser coordinadas con la empresa contratada para este fin, de modo que la desinfección se realice al menos dos veces al día, es decir, al inicio y final de la jornada laboral.

“Si alguna o algún servidor público presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad al respirar, debe evitar asistir a su fuente de trabajo e informar al inmediato superior. Si los síntomas se presentan durante el desempeño de actividades reportar a la oficina de Recursos Humanos”, recomendó.

Por otro lado, las autoridades de las instituciones y entidades públicas del país tienen la obligación de dotar a los servidores públicos de un equipo mínimo de bioseguridad para la realización de sus tareas.

“Por ejemplo, al personal administrativo se le dotará barbijos descartables, los que controlan el ingreso a las fuentes laborales recibirán barbijos descartables, gafas protectoras o máscaras faciales. A los choferes y otro personal operativo y técnico, barbijos descartables, guantes de látex y gafas protectoras o máscaras faciales”, agregó.

La implementación del teletrabajo, como medida de bioseguridad, sostuvo, dependerá de una evaluación previa de las condiciones en la fuente de trabajo y en los hogares de las y los servidores públicos y de las funciones del puesto de trabajo.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron este miércoles un memorándum de entendimiento para la cooperación en diversas áreas de intervención, que van desde la asistencia técnica hasta el apoyo y acompañamiento en el proceso de reforma judicial.

“El objetivo de la colaboración propuesta es el de brindar asistencia técnica especializada en propuestas legislativas, en la conformación de una instancia de recopilación de información, análisis y asesoramiento estratégico, para monitorear y apoyar en la conducción de la Reforma Integral del Sistema de Justicia”, señala ese acuerdo en un boletín institucional.

El documento fue firmado por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, y la representante residente del PNUD, Luciana Mermet.

El texto detalla la asistencia técnica que se otorgará al Ministerio de Justicia procurando la coordinación con los demás órganos del Estado y otras instancias claves que intervendrán en las reformas propuestas, hasta lograr los objetivos señalados en el memorándum.

Tanto el Ministerio de Justicia como el PNUD identificaron actividades en las que pueden establecer una relación de cooperación, entre ellas la de otorgar asistencia técnica en la conformación de grupos de análisis de la reforma integral del sistema judicial incorporando perspectiva de género.

Además de apoyar y acompañar el proceso de reforma integral del sistema de justicia; apoyar al desarrollo de una línea de base y un monitoreo del proceso de reforma judicial a partir de los aportes de los diferentes actores.

También se propone generar un sistema de indicadores basados en información del sistema de justicia, a partir de la información brindada por el Gobierno; apoyar y acompañar el proceso legislativo para fortalecer el sistema de cuidados estatal; y generar las bases de un sistema de monitoreo de servicios de cuidado.