La COP26, la cumbre mundial sobre clima, reunirá a partir del fin de semana próximo y durante 12 días en Glasgow a presidentes, primeros ministros, dirigentes, empresas y activistas de todo el mundo para reorientar los esfuerzos globales y diseñar un plan que contribuya a alcanzar las metas del Acuerdo de París, mientras el mundo experimenta un incremento en la emisión de gases y catástrofes naturales.

La vigésima sexta Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, organizada esta vez por el Reino Unido en colaboración con Italia, comenzará el 31 de octubre y se extenderá al 12 de noviembre en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow, Escocia.

El encuentro anual, que debió ser suspendido el año pasado por la pandemia de coronavirus, contará con la presencia de los casi 200 representantes que en 1992 firmaron la Convención sobre el Cambio Climático en Río de Janeiro, y prevé un balance de los resultados alcanzados por los signatarios del Acuerdo de París y una revisión de sus metas.

El Acuerdo de París, suscrito por 189 países durante la COP21 y en vigor desde 2016, establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y avanzando los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

Como contribución a estos objetivos del acuerdo, cada una de las partes presentaron planes nacionales de acción por el clima, más conocidos como Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), y acordaron reunirse cada cinco años para evaluar el progreso.

Pese a que se suponía que todos los signatarios actualizarían sus NDC antes del 31 de julio de este año, alrededor de 70 aún no lo han hecho.

En este sentido, el cronograma de la COP26 para el lunes 1 y el martes 2 de noviembre será clave ya que comenzará con una cumbre de líderes mundiales, en la que jefes de Estado deberán presentar sus propuestas para reducir las emisiones de carbono a nivel mundial y estrategias para cumplir con la meta del acuerdo.

Otro dato importante es que esta cita marcará el regreso de Estados Unidos, el mayor emisor de gases invernaderos después de China, a la cumbre mundial sobre el clima, luego que en 2017 el exmandatario Donald Trump anunciara que se retiraba del Acuerdo de París.

Desde la asunción de Joe Biden, Estados Unidos marcó un giro en su política ambiental: el mandatario anunció que duplicaría el compromiso financiero para ayudar a las naciones en desarrollo a enfrentar la crisis climática y estableció como nueva meta reducir las emisiones entre un 50% y 52% por debajo del nivel de 2005 antes del final de la década.

Otro gran anuncio fue el del presidente chino, Xi Jinping, quien aseguró que su país no construirá ningún proyecto de energía a carbón en el extranjero.

Estas nuevas medidas y revisiones a estrategias pasadas revisten carácter de urgente.

De acuerdo con un informe publicado en agosto pasado por la ONU, lejos de reducirse las emisiones en un 45% para 2030, con la finalidad de alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo, los compromisos asumidos por los países en materia de emisiones producirán un incremento del 16% en 2030 con respecto a los niveles de 2010.

Si bien la situación es crítica, la investigación encontró que si el mundo llega para mediados de enero a "cero neto", es decir, logra que la emisión de gases invernaderos sean menores a los que se eliminan a la atmósfera, el calentamiento global se puede contener en alrededor de 1,5 grados Celsius.

Por ello, entre los temas centrales que ocuparán la agenda de la cumbre se destacan el funcionamiento del mercado regulado de carbono, la reducción del gas metano y las energías renovables y movilidad sustentable, eléctrica y eficiente.

Otro punto importante girará en torno del crecimiento la deforestación, con los ojos puestos sobre Brasil, por su falta de transparencia en relación al Amazonas, la masa forestal más grande del planeta, recurso imprescindible para alcanzar el "cero neto".

En este marco, Alok Sharma, miembro del Parlamento británico y presidente de la cumbre, manifestó que espera que la cumbre defina una fecha final para el uso de carbón sin tecnología de captura y almacenamiento, y que acuerde un fondo anual de 100.000 millones de dólares para el financiamiento de políticas sobre el clima.

De la COP26 participarán además la reina Elizabeth, el premier británico Boris Johnson y su par escocés Nicola Sturgeon y un significativo número de mandatarios del mundo como Biden, los principales líderes europeos y el presidente de la Argentina Alberto Fernández, entre otros.

En cambio, el mandatario ruso, Vladimir Putin, ya anunció que no participará aunque su país enviará a un representante y aseguró que la cuestión es una "prioridad" para su Gobierno.

Además, serán parte de los debates los activistas climáticos David Attenborough y la joven sueca Greta Thunberg, pese a que esta última criticó el evento y expresó pesimismo sobre sus posibilidades de lograr un cambio significativo.

"Mi expectativa es que escuchemos muchos discursos agradables, pero escucharemos muchas promesas que, si realmente se fijan en los detalles, son más o menos insignificantes, pero solo las dicen para tener algo que decir, para medios para tener algo sobre lo que informar", aseguró en una reciente entrevista.

La derecha latinoamericana consolida su base de operaciones en Florida, EEUU. Desde un think tank de la derecha, el Instituto Interamericano para la Democracia, dirigido por Carlos Sánchez Berzaín, se intenta desestabilizar la gestión de Luis Arce, informó el periódico argentino Página 12 que resalta el papel de Macri y Almagro.

La derecha latinoamericana consolidó en Miami su base de operaciones a escala regional. La ciudad ya no es la exclusiva plataforma geopolítica de todo tipo de ataques contra Cuba. Los conspiradores tienen otros blancos en su mira desde hace años, años que se cuentan por décadas si se trata de la mayor de las Antillas. En su lista de gobiernos a desestabilizar continúan Venezuela, Nicaragua, Bolivia y la Argentina. Antes fueron el Brasil de Lula y Dilma Rousseff y Ecuador cuando lo presidía Rafael Correa. Esa dinámica financiada con fondos del gobierno de EEUU, se explica en parte por el papel que cumplen organizaciones como el Instituto Interamericano para la Democracia (IID). Una entidad que se define como “sin fines de lucro”, pero que es un think tank nostálgico de un conflicto demodé, hoy reactivado por otros medios: la Guerra Fría.

Donde exista un país que no se discipline con la política hemisférica de Estados Unidos, el IID explora todas las situaciones posibles. Desde el montaje de eventos con prófugos de la justicia refugiados en Miami a soñar con nuevos golpes de Estado. El caso del presidente Luis Arce Catacora es un paradigma de esta ofensiva en curso. Según el IID encabeza “inequívocamente una dictadura en Bolivia”. Palabras de su presidente, el ex alcalde de Miami, Tomás Regalado, indica el informe de Página 12.

Denuncia

El gobierno boliviano denunció esta semana que se intentó asesinar al actual jefe de Estado antes y después de que asumiera el cargo el 20 de noviembre de 2020 tras ganar los comicios con más del 55 por ciento de los votos. El magnicidio frustrado se lo atribuyeron a integrantes del grupo que mató al expresidente de Haití, Jovenal Moisé, el 7 de julio pasado. Las precisiones sobre la tentativa de golpe comando de mercenarios colombianos y un estadounidense fueron difundidas por el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo el lunes 18. Para el funcionario, se pretendía evitar la asunción de Arce.

El gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tildó a la denuncia de “totalmente irresponsable”. Es el mismo ultraderechista que admitió en un video difundido a principios de este mes que su padre, el empresario José Luis Camacho, había “cerrado un acuerdo” con militares y policías para “tumbar” a Evo Morales en 2019, agrega el reporte de prensa.

Intentonas como ésta son estimuladas desde Miami por foros como el del 28 de julio último, titulado Dictadura en Bolivia, testimonio de perseguidos, presos y exiliados, organizado por el IID.  En esa producción de sentido, el régimen de la expresidenta Jeanine Añez sería víctima y no victimario. Representaría la república y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Arce Catacora una banda sediciosa que tomó el poder por asalto y no en elecciones supervisadas por veedores internacionales. Por carácter transitivo, un personaje clave de esta historia, el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, sería una víctima más. Su historia indica todo lo contrario.

Fue ministro del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y ambos escaparon a Estados Unidos después de la llamada guerra del gas. El 27 de octubre de 2019 compartió un acto en Miami junto a la exministra de Comunicación de la dictadura liderada por Añez, Roxana Lizárraga. La funcionaria que días después en La Paz acusó a periodistas argentinos por “hacer sedición”.

El Instituto Interamericano por la Democracia donde Sánchez Berzaín cumple un rol clave, opera financiado con fondos de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Su dialéctica conspirativa, un banquete para la CIA, se trasluce en los mensajes que postea desde su cuenta de Twitter: “Dictaduras de #Cuba, #Venezuela, #Bolivia y #Nicaragua en crisis: economía en mi serías (SIC), no tienen pueblo, nadie cree sus mitos y falsas narrativas, el mundo los reconoce como ‘grupo de crimen organizado transnacional’”. La retórica desestabilizadora del prófugo boliviano incluye una nueva definición sobre su país. En su mensajería lo ubica en la lista de “narcoestados” en el marco del “narcosur”.

Para Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia durante los mandatos de Morales, institutos como el IID son “la fachada de un proyecto de socavamiento democrático contra gobiernos progresistas de América Latina, la cara institucionalizada de la derecha auspiciada por recursos de la NED (Fundación Nacional para la Democracia) y la USAID. Son la escudería servil de la CIA. En Bolivia existe todavía un potencial golpista que no se alcanzó a desmantelar y que recibe un importante apoyo de los grandes medios y de la artillería de las redes”, le dijo a Página/12 desde Tarija.

El Instituto -bajo la fachada de una declamada transparencia en la recaudación de fondos- sostiene en su página oficial: “Las contribuciones, libres de impuestos según lo permita la ley, se reciben de individuos, fundaciones, corporaciones y sociedades limitadas”. En mayo pasado, la organización que no parece muy austera en sus eventos, invitó a participar en uno al expresidente Mauricio Macri. “La democracia en la Argentina está amenazada” dijo ante la mesa de invitados que lo acompañaba, donde se destacaba Luis Almagro, el secretario general de la OEA.

La dupla Macri-Almagro dejó su huella en Bolivia. El político a prueba de indagatorias contribuyó durante su gobierno con municiones y gases lacrimógenos a la represión del pueblo movilizado contra el régimen de Añez. El uruguayo, funcionario dócil a las inquietudes de Washington, insiste aún hoy con su tesis del fraude en las elecciones que ganó Morales en octubre de 2019. Pero fue uno de los propiciadores del golpe de Estado que dejó 37 muertos, centenares de heridos y completó un círculo histórico de desprestigio para la OEA.