La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) presentó una declaración ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por genocidio, informaron en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

"Apib presentó, hoy (por el lunes), un comunicado en la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al gobierno de Bolsonaro por genocidio", tuiteó la organización, "En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pedimos a la corte que examine los crímenes cometidos contra los pueblos".

En el escrito, Apib indica que es la primera vez en la historia que los pueblos indígenas se dirigen directamente al tribunal de La Haya, con sus propios abogados, para defender sus derechos.

Asimismo, piden que se investiguen "los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su mandato, en enero de 2019, con especial atención al período de la pandemia de COVID-19".

El comunicado está compuesto por varias denuncias de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas, que llegan a demostrar la planificación y ejecución de una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro.

"Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional", destacó Eloy Terena, coordinador legal de Apib.

Según un extracto de la comunicación, "el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los pueblos indígenas, resultó en la escalada de invasiones en tierras indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios".

Para APIB, los ataques contra los pueblos indígenas y sus territorios fueron alentados por Bolsonaro en varias ocasiones a lo largo de su mandato.

Los hechos que evidencian el proyecto anti-indígena del Gobierno Federal van desde la negativa explícita a demarcar nuevas tierras, pasando por proyectos de ley, decretos y ordenanzas que intentan legalizar actividades invasoras, estimulando conflictos.

La Cancillería denunció este lunes que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nuevamente incurre en un atropello a la soberanía de Bolivia y en injerencia en asuntos internos de la administración de justicia con el objetivo de “coordinar procesos de desestabilización”.

Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió que no se permitirá “un nuevo intento de acciones desestabilizadoras” por parte de Almagro por lo que pidió estar alerta a la comunidad internacional y anunció que denunciará la conducta unilateral del Secretario General del Organismo.

La posición de la Cancillería fue expresada luego de que tomó conocimiento de la comunicación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.

“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro. La auditoría que defiende el Secretario General fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”, indica el Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas”, añade.

“Las declaraciones del Señor Almagro constituyen un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país, cuestionando un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido; por ello, el Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”, indica el comunicado de la Cancillería.

“Las palabras del Señor Almagro no son objetivas, está claro que toda la evidencia que se está conociendo desde noviembre de 2019 a esta fecha muestra una conducta parcializada y malintencionada, que inclusive podría tener responsabilidades de las cuales solo lo estaría protegiendo la investidura que ostenta por lo que sus opiniones dentro de este caso específico son un atropello a la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y reitera un accionar permanente del Secretario General de la OEA por intereses mezquinos y sectarios, sin el consentimiento y por encima de los países que integran la organización regional”, agrega.

“El Estado boliviano toma nota de esta nueva actitud irracional e ilegal del Secretario General y deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos”, indica el pronunciamiento.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) planteó este lunes que los Estados promuevan la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y reivindicar su inclusión, participación y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y económicos.

“El nuevo contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados”, informó mediante su portal oficial.

El organismo internacional dio a conocer que hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial.

“Aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos y algunos han logrado establecer la autonomía en diversas formas, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas han demostrado ejemplos extraordinarios de buen gobierno, desde los iroqueses (pueblos nativos americanos) hasta los parlamentos Sámi en Finlandia, Suecia y Noruega”, indica la ONU.

Sostiene que la pandemia del COVID-19 ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera.

“Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado. Está claro que, en muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita una revisión, como mínimo”, añade.

El embajador de Bolivia ante la ONU, Diego Pary, destacó la salida de Perú del Grupo de Lima y dijo que esa decisión no solo deja “languideciendo” a esa agrupación, sino que fortalecerá la integración de Latinoamérica.

El diplomático, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que el Grupo de Lima reúne a algunos gobiernos de derecha que realizan activismo político contra el Ejecutivo venezolano.

“Este es un cambio importantísimo por que deja prácticamente ya languideciendo a un grupo que llevaba como nombre el Grupo de Lima”, indicó.

“Esta señal (la salida de Perú del Grupo de Lima) permite mostrar que hay una recuperación de la integración sudamericana, de la integración latinoamericana hacia proyectos políticos que sean comunes a nuestros países, proyectos políticos que recojan los intereses de cada uno de los países”, añadió.

Dijo que el régimen de facto de Jeanine Áñez buscó integrar el Grupo de Lima que nace como una asociación de países de derecha que se une para hacer activismo político contra el gobierno constitucional de Venezuela.

Por otra parte, el embajador Pary destacó el aporte de Bolivia a la comunidad internacional respecto al fortalecimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mencionó que, según datos de la ONU, en todo el planeta existen 447 millones de indígenas en 90 países.

Este lunes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.