El lunes 18 de junio de 2018, Patricia Bullrich, ministra estrella del gobierno de Mauricio Macri, estampó su firma junto a la de Luis Riva, interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).

Con ello, la cartera de Seguridad, en Argentina, se garantizaba la provisión de una importante cantidad de municiones y de disuasivos químicos, suficientes para controlar y aplastar toda manifestación habida y por haber que se le presentara al gobierno de Macri en cualquier punto del país, informó el portal noticioso ADN.

Con ese contrato de 63,5 millones de pesos (a valores de hoy serían $us 176,4 millones), Fabricaciones Militares se comprometía a proveer 5.850 granadas de mano, 6.000 cartuchos calibre 38,1, casi un millón y medio de cartuchos 12/70 (algunos con postas de goma y otros con postas de plomo), y 2,8 millones de balas 9 mm. Todo con entrega pactada para un plazo de 120 días hábiles.

Todo esto estaba previsto y detallado en el Acta Acuerdo Bilateral para la provisión consolidada de Municiones y Disuasivos Químicos con destino a las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Le hubiera venido bien una aclaración al final de semejante título: “De la Argentina”.

Buena parte de todo ese material fue finalmente desviado por el gobierno de Cambiemos, de Macri, y contrabandeado a Bolivia para alimentar las cartucheras de los uniformados que en Bolivia se encargaron de usarlas para aplastar los movimientos sociales que intentaron resistir el golpe de Estado contra Evo Morales, indica la nota de prensa.

El contrato, que lleva la firma digital de Patricia Bullrich, no sólo describe al detalle las municiones y disuasivos que el ministerio le compró a la DGFM, sino que prevé qué destino tendrá cada una de ellas (aclaración por las dudas: en ninguna columna decía “Bolivia”).

De ese modo, asigna la mayor cantidad de balas 9 mm a la Policía Federal, y una proporción menor a la Policía Naval y a la Gendarmería. En contrapartida, las postas Antitumulto van mayormente a Gendarmería y a la Policía Naval, y un escaso número a la Federal. En el rubro de los disuasivos químicos, como las granadas de mano y los cartuchos de gas pimienta, la mayor proporción fue a manos de la Gendarmería, agrega el reporte de ADN.

Quizás lo más interesante del documento es el detalle del precio unitario y global de esos materiales bélicos que Bullrich estaba comprando a la DGFM.

¿Qué tiene de interesante ese detalle? Que nos permitió tomar con absoluta precisión los costos de los materiales contrabandeados a Bolivia para apoyar el golpe dado por (Luis Fernando) Camacho y sus amigos, y sostenido por el gobierno de facto de Jeaninne Áñez, indica el reporte de prensa.

Así es como podemos conocer el precio unitario de las Granadas de Mano CN, las CS o las HC, que en 2018 se pagaron entre $1.512 por unidad. Datos tan interesantes como el valor de los cartuchos AT calibre 12/70, que se pagaron a razón de $14,64 cada uno.

Con ese detalle de los precios oficiales que pagó el Ministerio de Seguridad para adquirir estos materiales, lo que hicimos fue calcular el costo de todo el armamento que se traficó a Bolivia para que Áñez reprimiera las protestas sociales.

En ese detalle de precios hay dos productos que no estaban en el contrato firmado entre Bullrich y la DGFM. Son los dos últimos de la lista: los gases lacrimógenos Spray MD-9 y MK-4 que son Made in USA, pero que figuraban en la documentación diplomática y administrativa hallada tanto en Bolivia como en Argentina. Y que fueron hallados en los depósitos de la Policía Nacional de Bolivia. En este caso, tomamos el costo estimado actual de ambos productos y por eso no tienen actualización inflacionaria, manifiesta la nota de prensa.

En definitiva, lo que hizo el gobierno de Macri fue donarles a los golpistas bolivianos material represivo por un valor de más de 5 millones de pesos, que fue contrabandeado, indica el reporte.

Esos 5 millones de pesos argentinos, representan aproximadamente $us 50.000, según la conversión con base en la cotización oficial del dólar en el país vecino (101,75 a la venta al 23 de julio de 2021).

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Janet Yellen, advirtió al Congreso sobre la amenaza de impago y el "daño irreparable" si el techo de la deuda pública no se eleva después del 31 de julio o no se suspende el límite de endeudamiento.

La carta correspondiente fue enviada por Yellen a los jefes del cuerpo legislativo del país.

Recordó que en estos momentos el techo de la deuda pública está congelado hasta el 31 de julio, por lo que, en ausencia de cualquier acción, el 1 de agosto el nivel de endeudamiento alcanzará el valor máximo establecido legislativamente.

"Si el Congreso no toma medidas antes del lunes 2 de agosto de 2021 para congelar o aumentar el techo de la deuda, el Tesoro tendrá que comenzar a tomar ciertas medidas de emergencia adicionales para evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones", advirtió.

Al mismo tiempo, Yellen señaló que si el techo de la deuda pública no se congela o aumenta, para el 1 de octubre, cuando comience el nuevo año financiero en Estados Unidos, la capacidad del Gobierno estadounidense para pagar las deudas de sus obligaciones podría verse seriamente socavada, ya que se prevé un gasto presupuestario significativo para este periodo.

Según Yellen, el impago "causará un daño irreparable a la economía estadounidense y a la posición económica de todos los estadounidenses".

Recordó que "incluso la mera amenaza" de impago ya ha perjudicado a la economía estadounidense en el pasado, como fue el caso en 2011, cuando la calificación crediticia de Estados Unidos fue rebajada por primera vez en la historia.

"Por esta razón, ningún presidente o responsable de finanzas de ninguno de los partidos pensó jamás en un impago por parte de Estados Unidos de ninguna de las obligaciones", agregó la Secretaria del Tesoro, instando a los legisladores a tomar medidas "lo antes posible".

Rusia envió a Cuba dos aviones An-124 de la aviación de transporte militar con ayuda humanitaria, informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso.

"De acuerdo con la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladímir Putin, aviones de transporte militar realizan envíos de ayuda humanitaria a la República de Cuba", dice el comunicado.

Se informó que dos aviones An-124 Ruslan del Ministerio de Defensa ruso partieron este 24 de julio desde el aeródromo de Chkalovski cerca de Moscú para transportar a Cuba más de 88 toneladas de ayuda humanitaria.

El Ministerio precisa que el cargamento incluye alimentos, equipos de protección personal y más de un millón de mascarillas.

Cuba, sumergida en un tercer rebrote, acumula hasta el momento 316.383 casos de contagio al COVID-19, y 2.203 fallecidos, desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del año pasado.

Según el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, en las últimas 24 horas se reportaron 7.784 nuevos positivos y 66 muertos a consecuencia de la enfermedad, y se mantienen 37.435 confirmados activos.

Las autoridades de Filipinas evacuaron a más de 13.000 personas que viven cerca del río Marikina a causa de su crecida, comunicó la cadena CNN Philippines.

"Debido al aumento del nivel de agua en el río Marikina, las personas que viven en áreas cercanas al río están siendo evacuadas", señala el medio citando al Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (NDRRMC).

Añade que a las 9.00 horas locales (01.00 GMT) un total de "3.030 familias o 13.006 personas fueron trasladadas a centros de evacuación."

Según los datos disponibles, el nivel de agua en el río ya superó los 16 metros por las fuertes lluvias que azotan la región.