El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se refirió a la denuncia de la cancillería boliviana contra funcionarios del exgobierno de Mauricio Macri por el envío de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado al entonces gobierno de Evo Morales y advirtió que el delito que cometieron tiene una pena de cuatro a 12 años de prisión, informó el portal noticioso El Destape.

“Claramente es un delito penal. Venimos denunciando la cantidad de delitos que cometió Mauricio Macri y su equipo de gobierno. Nunca imaginábamos que iban a terminar todo el catálogo penal”, aseveró el funcionario en diálogo con El Destape Radio y subrayó que "este caso habla de un nivel de gravedad sin precedente. Son conductas criminales gravísimas”.

Asimismo, Mena explicó que los ex funcionarios de Macri "en Bolivia, en la causa que investiga el golpe de Estado, tendrán que responder por esos delitos cometidos en territorio boliviano” y aclaró: “También tendrán que hacerlo por los delitos en nuestro país". En ese punto, sostuvo que "el principal es el contrabando agravado", a lo cual, afirmó que "está confeso por los documentos oficiales" y apuntó que es un delito que "tiene una pena de 4 a 12 años” por falsar "una salida de material de seguridad y aprovecharon el viaje para nutrir de armamento a los sediciosos en Bolivia”.

En ese sentido, se explayó que “contrabando es el delito que arrastra la marca, pero arrastraron a medio código penal” y señaló que "hay una malversación de caudales públicos. Están comprometidos algunos delitos que están vinculados al sostenimiento de la paz y la dignidad de la Nación”.  “Están involucrados Macri, Bullrich, Aduana, Gendarmería”, detalló.

Ante los hechos que se dieron a conocer el jueves de la semana pasada, Mena manifestó que "lo hicieron de una manera demasiado burda" y replicó que "es imposible que 10 gendarmes usen 70 mil cartuchos. Físicamente no da”. “Lo de Gendarmería es como lo de Rio tercero, para encubrir. No hay manera de hacer un entrenamiento con 70 mil escopetazos”, ejemplificó y sentenció: “La gravedad institucional de lo que hizo Macri en Bolivia es mayúscula”.

Por su lado, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Mauricio Macri, publicó este lunes una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que confirma el envío de armas a Bolivia pero responsabiliza al gobierno actual por no controlar el regreso del material bélico a la Argentina.

“Bullrich justificó el envío de material bélico al que detalló: diez pistolas semiautomáticas; dos escopetas de repetición; cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras; dos fusiles de repetición; doce chalecos antibalas; doce cascos balísticos; dos escudos balísticos; dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70”, indica el informe del portal El Destape.

También confirmó el envío del Grupo “Alacrán” de la Gendarmería Nacional, "conforme evaluación del director de esa fuerza, porque además de ser la agrupación con mayor entrenamiento de la GNA, está capacitada en el empleo de armamento anti-disturbio, lo cual le brinda la mayor flexibilidad de operación".

Por su parte, Hugo Godoy, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado argentino, dijo en radio Patria Nueva que Mauricio Macri se convirtió en cómplice del golpe de Estado en Bolivia al enviar material bélico al país.

Por ello, dijo que Macri debe ser investigado y sancionado por la cual la organización que preside Godoy, iniciará una querella contra el expresidente argentino.

El ministro de Justicia de Argentina, Martín Soria, informó este lunes que abrirá un proceso contra el expresidente Mauricio Macri por el envío de material bélico a Bolivia en 2019 para apoyar el golpe de Estado.

“Cuando creíamos que Mauricio Macri y su ‘mejor equipo de los últimos 50 años’ no nos podía dejar de sorprender, lo hicieron una vez más. Es evidente que el Código Penal ya les queda chico”, dijo en entrevista con Canal 5 Noticias  (C5N).

“No se saca armamento o fuerzas militares de la Argentina a otro país así nomás, todo queda registrado; por eso, es abrumadora la cantidad de pruebas que hay”, enfatizó.

Un reciente informe preliminar del Ministerio de Seguridad de Argentina que detalló que el 11 de noviembre, un día después del golpe de Estado en Bolivia, la Dirección de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en cumplimiento de lo ordenado por el Director Nacional de la GNA, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacran” en territorio boliviano “dentro del marco de la seguridad y protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.

La misma jornada, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó por noventa días continuos a la Gendarmería el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70.

“Creo que Mauricio Macri y sus exfuncionarios van a inaugurar los delitos contra la dignidad y la paz de la Nación. Cuando un funcionario arremete o altera la convivencia con un país hermano con el que se mantiene relaciones amistades desde hace muchísimo tiempo atrás también es un delito”, dijo el Ministro de Justicia de Argentina, informó el periódico La Nación.

“Es la primera vez que vemos como un presidente argentino directamente colabora con la represión y con un golpe de Estado a un territorio hermano, como es Bolivia”, enfatizó y añadió: “Tienen la sangre del pueblo boliviano en sus manos”.

La Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina inició una investigación sobre el envío de material bélico a Bolivia durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Las indagaciones buscan conocer “la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019", informó el portal Telam.  

“El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA” durante el Gobierno Macri, según informaron fuentes oficiales al portal de noticias.

Un reciente informe preliminar del Ministerio de Seguridad de Argentina que detalló que el 11 de noviembre, un día después del golpe de Estado en Bolivia, la Dirección de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en cumplimiento de lo ordenado por el Director Nacional de la GNA, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacran” en territorio boliviano “dentro del marco de la seguridad y protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.

La misma jornada, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó por noventa días continuos a la Gendarmería el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70.

Telam informa que "la pesquisa se inició a partir de la divulgación de la carta de agradecimiento de autoridades militares del Estado Plurinacional de Bolivia por el envío de 'material bélico'" a la administración de Jeanine Añez para reprimir protestas populares ante el golpe contra Evo Morales.

La Cancillería de Rusia emitió un comunicado este lunes en el que da a conocer que hace seguimiento a la situación de Cuba tras advertir intentos de desestabilización.

“Seguimos de cerca la evolución de la situación en Cuba y sus alrededores”, se lee en el comunicado oficial.

El pronunciamiento ruso se da luego de que existieran movilizaciones en Cuba de sectores que intentaron alterar el orden público el fin de semana; sin embargo, ante la situación, la población cubana salió a las calles a contrarrestar a los opositores.

“Estamos convencidos de que las autoridades cubanas están tomando todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en interés de los ciudadanos del país en el marco de la Constitución nacional y la legislación interna vigente”, se lee en el comunicado.

El domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció la participación de la administración estadounidense en acciones de desestabilización política contra su Gobierno y que se han intensificado, particularmente, durante la pandemia.

“Consideramos inaceptable la injerencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano y cualquier otra acción destructiva que fomente la desestabilización de la situación en la Isla”, sostiene la Cancillería rusa.

El Presidente de Cuba indicó que entre 2020 y 2021, EEUU empezó a endurecer el bloqueo contra Cuba con una serie de medidas restrictivas de persecución financiera en contra del sector energético con el objetivo de asfixiar la economía y con eso provocar el estallido social masivo, que sembrara las posibilidades poder llamar a una intervención humanitaria que termina en intervención militar y en injerencias, y que afectan los derechos, la soberanía y la independencia de todos los pueblos, informó el portal Granma.