La Paz, 24 de junio de 2022 (ABI).- Los países y bloques, como la Unión Europea o el Foro de Madrid, que cuestionaron la sentencia de 10 años a la exlegisladora Jeanine Áñez y la supuesta injerencia del Estado en la justicia, fueron quienes reconocieron, en su momento, la “legalidad” de su administración, analizó el director del Centro de Estudios Geopolíticos, Gabriel Villalba.
“Esos actores tienen sus intereses, porque tuvieron participación antes de los sucesos de noviembre de 2019 y durante el gobierno de facto”, precisó Villalba, quien también es escritor, experto en derecho internacional con especialización en geopolítica.
En su opinión, quienes apoyan a Áñez establecieron en el año de su administración vínculos comerciales, financieros y políticos, pero antes habían cumplido también un “rol fundamental” en el golpe de Estado.
“Y, obviamente, no les va a gustar verse involucrados en procesos judiciales mencionando sus nombres”.
La exlegisladora fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes para autoproclamarse jefa de Estado.
De acuerdo con el director del Centro de Estudios Geopolíticos, los pronunciamientos desde fuera del país se hacen públicos a raíz, precisamente, de ese fallo judicial.
“La decisión de la justicia boliviana provocó la preocupación de los actores, extranjeros y nacionales, que fueron abiertamente activos en la interrupción democrática”, remarcó.
Y esos actores —agregó— comienzan a aglutinarse para que el peso de la justicia no les caiga encima.
EEUU
En las últimas horas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, vía Twitter, expresó su preocupación por el juicio contra Jeanine Áñez.
La presidenta de facto recibió en Palacio Quemado, el 15 de enero de 2020, la visita de Mauricio Claver-Carone, asesor del presidente Donald Trump en materia de Seguridad Nacional para América Latina.
El funcionario de la Casa Blanca dijo luego a la prensa que el viaje se hizo, a nombre del presidente estadounidense, para "saludar y reconocer la labor de la presidenta Áñez".
Cancillería
El gobierno boliviano calificó, en su momento, la posición extrajera sobre la justicia boliviana y el caso Áñez, como “colonial” e “inaceptable” y que advirtió que “no condicen con una relación de respeto mutuo”.
Parlamentarios del oficialismo advirtieron también la “capacidad” de ese bloque que apoya a la exsenadora autoproclamada presidenta de desprenderse de la actitud colonialista que no acepta la autodeterminación de los pueblos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó, en un comunicado público, que Bolivia ha mostrado su más amplia predisposición para que Naciones Unidas, a través de sus distintos órganos, siga el proceso judicial a Jeanine Áñez y se pronuncie con eventuales observaciones.
Exteriores aclaró, sin embargo, que la apertura del gobierno no implica, bajo ningún concepto, la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana, en el marco de lo establecido en la Constitución nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Rdc/Mac
