La Paz, 02 de enero de 2023 (ABI). – Eurodiputados de diferentes grupos parlamentarios enviaron este lunes una carta al Alto Representante de la Unión Europea (UE), Joseph Borrell, para que se pronuncie contra la violencia política de los seguidores de Fernando Camacho contra el Gobierno del presidente Luis y que haga un llamado al respeto de las instituciones europeas al estado de derecho boliviano.
También exigieron apoyo al sistema judicial boliviano para que prosiga las investigaciones del caso Golpe de Estado I, por el que Camacho está detenido preventivamente.
Los eurodiputados denunciaron que en el país existen repetidos intentos por deslegitimar el estado de derecho, la democracia y el sistema judicial.
“Le solicitamos que rechace públicamente la violencia política contra las instituciones bolivianas, miembros del Gobierno y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exprese el apoyo de la UE al sistema judicial boliviano, haga un llamamiento expreso al respeto por parte de todas las instituciones de la UE al estado de derecho en Bolivia y sus instituciones”, se lee en la nota dirigida a Borrell.
Relataron que desde poco antes del arresto de Camacho, y alentados por él, miembros del partido ultraderechista Creemos protagonizan “graves disturbios violentos”, entre los que se incluyen: amenazas, persecuciones y agresiones contra personas que pertenecen al MAS; así como ataques violentos contra edificios de la Fiscalía y dependencias estatales.
“Caber recordar que el señor Luis Fernando Camacho, además del caso Golpe de Estado I, tiene otras causas abiertas por la justicia boliviana por promover actos de violencia -los últimos en el pasado noviembre- que, lamentablemente, han generado muertes, enfrentamientos y la ruptura de la legalidad constitucional en 2019”, indica la carta firmada por nueve eurodiputados.
Además dieron cuenta a Borrell que la aprehensión de Camacho se hizo luego de que el exlíder cívico incumplió en varias ocasiones la obligación de presentarse a declarar por el caso investigado.
Y que, la detención, amparada en la ley 1970 Código de Procedimiento Penal, fue ordenada por la Fiscalía de La Paz, “en el marco y ejecución de sus competencias y bajo la legalidad y el respeto al funcionamiento del estado democrático de derecho”.
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