La Paz, 22 de febrero de 2023 (ABI). – El abogado constitucionalista Pedro Ugarte recordó este miércoles que, por ley, las resoluciones de un cabildo no son vinculantes y que la amnistía que el Comité Pro Santa Cruz pide para los supuestos “presos políticos” no procede en casos vinculados a terrorismo, cargo por el cual es procesado, por ejemplo, el excívico Luis Fernando Camacho.
“La amnistía que se pide, como resultado de un cabildo que no es vinculante, es para supuestos presos políticos, pero que son personas que son procesadas por delitos comunes”, indicó Ugarte a la ABI.
Precisó que el artículo 35 de la Ley del Régimen Electoral establece que las asambleas y los cabildos, que son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales las ciudadanas y ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo, “tienen carácter deliberativo” y que “sus decisiones no son de carácter vinculante”.
Recordó, además, que tanto la amnistía como el indulto son atribuciones exclusivas del presidente del Estado que tiene como punto de inicio un decreto presidencial, y no una ley, como un grupo de legisladores opositores interpreta y sobre el cual se puso a trabajar erróneamente, y que para que tenga vigencia tiene que cumplir con el procedimiento legislativo.
La demanda de amnistía para los supuestos “presos políticos”, sobre los cuales no hay una lista oficial y que varía en su cifra según quien lo señale, fue solicitada en los cabildos que se realizaron con reducidas concentraciones, salvo Santa Cruz, el 25 de enero.
En caso de no obtener una respuesta en el plazo de 30 días, que se cumple este 25 de febrero, los comiteístas advirtieron con impulsar un referendo de revocatoria de mandato en contra del presidente Luis Arce.
De hecho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que está en la recta final de su mandato, ratificó el plazo y anunció que se activará el proceso de revocatorio.
Ugarte consideró “irrisorio” que los comiteístas continúen con su exigencia, considerando además que la amnistía no procede en casos por terrorismo, cargo por el cual, por ejemplo, Camacho es procesado y por cuya razón guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022.
“Se debe dejar en claro que amnistía y el indulto no proceden en los delitos de traición a la patria, espionaje, separatismo, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales, tráfico ilícito de armas, hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial, homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, trata de personas, entre otros delitos”, apuntó el experto en seguridad.
De hecho, inmediatamente se conocieron las resoluciones de los cabildos, el Gobierno nacional, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desahució la posibilidad de que el presidente apruebe una amnistía porque iría en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Precisamente en el punto 10 de las 36 recomendaciones realizadas por el GIEI señala que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.
“En este caso se pretende hacer incurrir en un error al presidente por un pedido estrictamente político como lo es el pedido del Comité Pro Santa Cruz y desvirtúa la figura como atribución privativa del presidente, es irrisorio. Lo que ellos deben pedir es que el proceso siga y que se encuentre a los responsables de todas las muertes ocurridas el año 2019”, apuntó Ugarte al aludir a las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, que dejaron más de una veintena de fallecidos por impactos de bala.
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