La Paz, 01 de abril de 2023 (ABI). – En tanto no se haga justicia por la ruptura del orden constitucional y las masacres de 2019, Bolivia tendrá una herida que sangrará de forman permanente, afirmó el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter.
“El hecho del año 2019, en caso de que no se cierre en el marco de la institución jurídica del país, pero con los respaldos evidentes, suficientes y demostrables de debidos procesos, en tanto no se cierre esto Bolivia va a tener una herida que va estar sangrando de forma permanente”, advirtió.
Y en ese proceso, dijo, tienen que dar explicaciones y rendir cuentas todos aquellos que “fueron actores centrales del golpe de Estado” y que influenciaron en la vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) al permitir la consolidación de un gobierno de facto con la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez.
Richter recordó, sin mencionar a Carlos Mesa, que el “señor de Comunidad Ciudadana” fue quien “cerró las puertas a una sucesión constitucional” al señalar que ningún legislador del MAS podía asumir la presidencia tras la renuncia de Evo Morales, vulnerando la Constitución y los reglamentos del Legislativo.
Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019 luego de una escalada de protestas por más de 20 días y tras la sugerencia de los comandantes de la Policía y de la Fuerzas Armadas.
“Esto que el señor de Comunidad Ciudadana vulnera con sus declaraciones es pues algo que él tiene que explicar”, dijo el portavoz en el programa Taypi.
A decir de Richter, la postura de Mesa puso en evidencia, además, “la influencia que tenía” durante los hechos de octubre y noviembre de 2019 porque a tono de su exigencia se “conduce a que la presidencia la asuma una persona que no estaba en el espacio político legal posible; la señora Áñes nunca pudo ser presidenta de este país, sino era por la vía que fue, es decir por la vía de facto”.
Por ese hecho, que incluyó la vulneración de la Constitución, la exsenadora fue condenada a 10 años de prisión. Enfrenta además otros cargos por el caso Golpe de Estado I y en unos meses más será enjuiciada por las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, donde más de una veintena de personas fallecieron por impactos de bala.
Para esas acciones el gabinete del régimen de Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078 que liberó de responsabilidad penal a los agentes militares.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que en Senkata y Sacaba se cometieron masacres.
El otrora presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también es procesado por su participación en la ruptura del orden constitucional de 2019. El excívico confesó en diciembre de 2019 que fue su padre, José Luis Camacho, quien “cerró” con policías y militares para que se mantengan acuartelados.
“Camacho está preso porque generó hechos de insubordinación, de confrontación y tomó una voz mandante que nadie le había delegado ni conferido”, apuntó el portavoz.
Tanto Áñez como Camacho se entrevistaron, por separado, el 28 de marzo con los integrantes de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cumplió una visita “in loco” a Bolivia para evaluar la situación de los derechos humanos.
En sus observaciones preliminares, la CIDH refirió que ambos se “autoidentificaron como presos políticos”.
Ya en la conferencia de prensa, el viernes, el relator para Bolivia de la CIDH, Joel Hernández, explicó que determinar si existen o no presos políticos “es un tema sumamente complejo que requiere una mucho mayor información y una evaluación por el pleno de la Comisión”.
“Fuimos a Chonchocoro, fue una vista para conocer las instalaciones, no es ese el espacio para poder determinar si existen o no presos políticos, ése es un tema sumamente complejo que requiere una mucho mayor información y una evaluación por el pleno de la Comisión”, apuntó.
Al respecto, Richter señaló que “esa autoidentificación (de que son unos presos políticos)” significa que “no es un hecho probado” porque esa condición se respalda con elementos rigurosos como que se los persiga por su forma de pensar o porque se los quiera callar, entre otros elementos, lo que no ocurre con Camacho y Áñez.
“Aquí no hay presos políticos”, enfatizó el portavoz respaldado en las observaciones preliminares de la CIDH.
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