La Paz, 04 de julio de 2023 (ABI). – Una acción de control previo de constitucionalidad paralizó el tratamiento del proyecto de ley 350 que fija los efectos jurídicos de la censura a un ministro, reveló este martes el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el legislador del MAS Juan José Jauregui.
“Siendo que la génesis del proyecto de ley 350 obedece a un exhorto del Tribunal Constitucional Plurinacional corresponde que tenga que someterse a una consulta sobre la constitucionalidad de sus artículos (…) en estricto apego del artículo 111 del procedimiento constitucional, concordante al 113 del procedimiento constitucional; (por tanto) nosotros, como Comisión, no podemos iniciar ese trámite legislativo hasta conocer la determinación del Tribunal Constitucional”, explicó en radio Panamericana.
De acuerdo con el legislador, el proyecto de ley que determina los efectos jurídicos de una censura aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribuciones constitucionales, fue presentado el 20 de abril por el Órgano Ejecutivo.
Se lo hizo en cumplimiento del exhorto del Tribunal Constitucional Plurinacional que solicitó “modular” los alcances de la censura a un ministro, luego de declarar inconstitucionales los artículos 3 y 4 de la Ley 1350 que impedían que un ministro censurado sea nuevamente posesionado en su cargo o designado en altos cargos en instituciones y empresas públicas.
Jauregui aseguró que es “absolutamente lícito” el control previo de constitucionalidad y que por eso se aplicó el artículo 113 del Código de Procedimiento Constitucional, que establece que la “formulación de consulta suspenderá el procedimiento de aprobación del Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Por tanto, el tratamiento legislativo del proyecto de ley 350 sobre censura está “paralizado” hasta que se conozca la determinación del Tribunal Constitucional.
El legislador de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón pidió este martes retomar el tratamiento del proyecto de ley.
Alarcón remitió una carta a la Comisión y a la Vicepresidencia del Estado para que se trate con “carácter de urgencia y por tiempo y materia” el proyecto de ley 350 con el fin de que se aplique la destitución del ministro censurado y que éste no sea designado nuevamente como ministro.
La petición se hizo luego que el 29 de junio, el presidente Luis Arce posesionó a Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno, luego de cumplir con su destitución como efecto de la censura aprobada en la Asamblea con votos de un grupo de legisladores que responden a Evo Morales y de las opositoras Creemos, del encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, y de Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.
“Los argumentos del ministro (para suspender las interpelaciones) tienen que ver con que mientras no se adecúe la ley 1350, no puede haber ninguna interpelación. Hasta que esta ley se la adecúe a la sentencia constitucional 020. Este es un falso pretexto, un falso argumento”, esgrimió Alarcón.
No obstante, para Jauregui no es “descabellada la posibilidad de que se tenga que aguardar la posibilidad del desarrollo de las interpelaciones hasta que pueda resolverse la constitucionalidad del proyecto de ley 350” y la aprobación de la norma.
“Yo creo que los más acertado (es esperar), imagínese que se pueda incurrir en alguna decisión que pueda colisionar con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que puedan ser objeto de una censura”, advirtió.
En el Legislativo fueron suspendidas las interpelaciones de los ministros Del Castillo y de Justicia, Iván Lima.
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